Los servicios públicos, en la UCI 

Hace una semana pasé la noche en la UCI. La intervención quirúrgica que tenía programada se alargó y, por precaución, allí me ingresaron. Una UCI nunca es un lugar amable: cables, tubos, sondas, vías, monitores que pitan cada pocos minutos y esa inmovilidad extraña en la que el cuerpo parece dejar de pertenecerte. En una sala así, entre las profundidades del sueño inducido y los despertares abruptos, solo quedan dos opciones: hablar con una misma u observar. 

Y observé. 

Observé el trasiego del personal sanitario, las caras de cansancio, la calidez de quienes te atienden incluso cuando apenas tienen tiempo para mirarte a los ojos. Observé también las carreras de un celador que no daba abasto. Quédense con ese dato: un celador.  

Aquel hombre iba arriba y abajo sin descanso: trasladaba pacientes, atendía avisos, pedía disculpas por tardar, como si la responsabilidad de una plantilla insuficiente fuera suya y no del modelo que la permite. Desde que se me asignó habitación hasta que pudieron subirme a planta pasaron cuatro horas y cuarenta minutos. 

El hospital al que me refiero es el único hospital público valenciano que continúa gestionado por una empresa privada: Ribera Salud. Una empresa siempre bien relacionada con el Partido Popular. Como exponen en su web, cada año reciben un premio de un diario de derechas por estar entre las mejores 100 empresas españolas en las que trabajar. Supongo que quienes conceden esos galardones no le preguntaron. 

No cuento esto para quejarme de mi caso. Lo cuento porque esa escena explica mejor que muchas estadísticas lo que está ocurriendo con nuestros servicios públicos: profesionales exhaustos intentando compensar, con humanidad y sobreesfuerzo, decisiones políticas que degradan lo común. 

La privatización de los servicios públicos no nace de la vocación altruista de una empresa por garantizar derechos. Nace de una lógica mucho más simple: convertir derechos básicos —la sanidad, la educación, los servicios sociales— en espacios de negocio. Y cuando el objetivo es obtener rendimiento económico de aquello que debería estar guiado por el interés general, el beneficio suele salir de algún sitio: de menos personal, de contratos más precarios, de materiales más ajustados, de tiempos imposibles o de una presión insoportable sobre quienes trabajan en primera línea. 

El resultado es un sistema que exprime a sus profesionales y desespera a la ciudadanía. Un sistema que convierte el cuidado en una carrera de obstáculos. Un sistema que cataliza la ansiedad y prepara el terreno para el agotamiento profesional y normaliza que el derecho a ser atendidas dependa del sacrificio permanente de quienes sostienen el servicio. 

Y esto no ocurre solo en la sanidad. Está pasando en la educación, como denuncian estos días miles de docentes, familias y comunidades educativas. La huelga educativa surge de aulas masificadas, de falta de recursos, de recortes encubiertos, de una administración que escucha poco y exige mucho. Nace de una política que deteriora lo público para después presentarlo como ineficaz. 

Porque la privatización más peligrosa no siempre llega con un cartel en la puerta. A veces empieza antes: cuando se degrada material, humana y financieramente un servicio hasta hacerlo parecer insuficiente. Primero se debilita. Luego se desprestigia. Después se abre la puerta al negocio privado como si fuera la única solución posible. 

La derecha valenciana imagina un Estado del Bienestar a dos velocidades: unos servicios públicos de mínimos —tan mínimos que acaban volviéndose ineficientes— para la mayoría social, y una salida privada para quien pueda pagarla. Es una visión profundamente injusta, casi importada de modelos que rompen la igualdad y convierten la seguridad vital en una cuestión de renta. 

Frente a eso, conviene decirlo claro: lo público no es un gasto inútil. Es la arquitectura cotidiana de la dignidad de la ciudadanía. Defender lo público es defender una sociedad decente. Es negarse a que el cansancio de un celador, de una maestra, de una enfermera o de una mal pagada trabajadora social se convierta en el margen de beneficio de nadie o en el único factor sobre el que se sostiene un derecho ciudadano. Defender lo público es recordar que cuando se recorta en lo común, no se ahorra: se traslada el coste a la ciudadanía y a quienes trabajan hasta el límite.  

Los servicios públicos valencianos no necesitan más desprestigio ni más negocio. Necesitan inversión, planificación, respeto y voluntad política. Necesitan que quien gobierna deje de mirar lo común como un mercado y vuelva a entenderlo como lo que es: el patrimonio más valioso de una democracia.