Sanidad pública y regularización: una alerta democrática

La regularización extraordinaria es un mecanismo legal destinado a facilitar el acceso a derechos de nuestros vecinos y vecinas migrantes en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. Se trata de una herramienta prevista por el ordenamiento jurídico para corregir situaciones de exclusión prolongada y garantizar que miles de personas puedan ejercer derechos básicos en condiciones de dignidad. No se trata, además, de una cuestión ideológica o excepcional: en España se han desarrollado diferentes procesos de regularización extraordinaria a lo largo de las últimas décadas, impulsados por gobiernos de distinto signo político, con el objetivo de dar respuesta a realidades sociales complejas y garantizar derechos básicos. En este marco, cualquier estrategia política o administrativa orientada a obstaculizar este proceso constituye un hecho de especial gravedad.

En este sentido, este periódico publicó recientemente una información sobre una instrucción interna de la Conselleria de Sanitat dirigida a los centros de salud de la provincia de València. En ella se instaba a no emitir determinados documentos sanitarios para su utilización en el trámite de regularización extraordinaria. Tras las críticas sociales e institucionales recibidas, la Conselleria aseguró que se trataba de un simple borrador ya rectificado. Sin embargo, las consecuencias de esta actuación van mucho más allá de lo que podría considerarse una mera aclaración administrativa o un error puntual.

Desde el Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud), del que formamos parte más de 80 entidades sociales, sanitarias y de defensa de derechos humanos, nos preguntamos cuál puede ser el objetivo de difundir una circular con información no veraz que afecta precisamente a las personas más vulnerabilizadas, y además en un momento clave para la mejora de su situación administrativa, social y vital. No se trata de una cuestión menor ni abstracta: hablamos de decisiones que influyen directamente en la posibilidad real de acceder a derechos reconocidos por la ley.

Que la institución garante del derecho a la salud en la Comunitat Valenciana traslade a su personal indicaciones contrarias a la obligación -por ley- de facilitar el historial sanitario a las personas usuarias constituye una anomalía democrática. La administración pública que debería reforzar la protección de los derechos fundamentales acaba, de este modo, dedicando sus esfuerzos a dificultarlos.

De hecho, las entidades sociales estamos constatando que, en determinados centros de salud de la ciudad de València, se está negando efectivamente a las personas que atendemos el acceso a su historial médico.

Ante esta realidad, desde Odusalud, interpelamos a la Conselleria de Sanitat y a sus responsables: cuál es el modelo de sanidad pública que defienden y si, de verdad, la sociedad valenciana merece un sistema que condiciona el ejercicio de un derecho fundamental al origen o a la situación administrativa.

La estrategia de la confusión y la difusión de información inexacta, incluso cuando posteriormente se corrige, genera inseguridad jurídica, limita las oportunidades reales de acceder a los trámites necesarios para regularizarse y aumenta el sufrimiento de miles de personas que esperan poder acogerse a este proceso. Defender una sanidad verdaderamente universal no debería considerarse una opción ideológica o partidista: es una obligación legal, ética, democrática y de derechos humanos.