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Opinión | Tribuna

Joaquín Maudos

Joaquín Maudos

Catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y consejero especial externo de Afín-SGR.

Catedrático de economía de la Universidad de Valencia y director adjunto del Ivie

El gran reto de la economía valenciana

Es una mala noticia comprobar que es ahora mismo cuando más lejos estamos del PIB por habitante de España, al menos desde 1955, que es desde donde he podido obtener información. La brecha actual es del 15,4 %

El crecimiento del PIB de Valencia alcanzó el 3,6% en 2025 y se proyecta en torno al 2,9  para 2026.

El crecimiento del PIB de Valencia alcanzó el 3,6% en 2025 y se proyecta en torno al 2,9 para 2026. / ED

Hace escasos días tuve la oportunidad de participar en la IX Jornada Anual Paco Pons, que tiene como objetivo analizar los retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana y España. En mi intervención puse el foco en la economía valenciana y en el gran reto que tiene por delante: acortar la distancia que nos separa del PIB por habitante de España. Desgraciadamente, desde hace algo más de un cuarto de siglo nuestro nivel de renta está por debajo de la media nacional y cada vez nos alejamos más de ese nivel de bienestar. Es una mala noticia comprobar que es ahora mismo cuando más lejos estamos de ese nivel de referencia, al menos desde 1955, que es desde donde he podido obtener información. La brecha actual es del 15,4 % y estamos en la posición 12 del ranking de las 17 regiones españolas.

Si nos centramos en el periodo más reciente, es decir, desde la prepandemia en 2019 hasta la actualidad, el PIB de la Comunitat Valenciana ha aumentado por encima del de España. Sin embargo, es la región que menos ha crecido en renta por habitante (1,3 % acumulado hasta 2025, frente al 5 % de España), un hecho que se explica porque es la que más población ha ganado. También hemos creado más empleo, pero en sectores de reducida productividad y remuneración, lo que nos hace alejarnos del PIB per cápita de España. Hay dos factores que explican esta divergencia con España: nuestra especialización productiva y nuestro reducido nivel de productividad.

En el primer caso, estamos especializados en sectores que generan poco valor añadido por trabajador, como el comercio, cuero y calzado, restauración, textil, construcción, etc. En cambio, estamos poco especializados en los sectores más productivos: telecomunicaciones, productos farmacéuticos, productos informáticos, I+D+i, etc. En el segundo caso, de las 60 ramas productivas en las que podemos dividir la economía, las 45 que generan el 83,5 % del PIB privado tienen un nivel de productividad por debajo de mismo sector a nivel nacional, mientras que solo tenemos 15 ramas (que concentran el 16,5 % restante del PIB) más productivas que la media. Y algunas de las ramas en las que estamos especializados pesan mucho y alcanzan una productividad inferior a la media nacional: actividades inmobiliarias, construcción, restauración, comercio, alojamiento, alimentación, etc. Por tanto, el problema es doble: bajo peso de los sectores más productivos y, en general, una productividad que se sitúa por debajo de la media nacional. Tenemos un problema estructural y generalizado de baja productividad (es casi un 7 % inferior a la media, y estamos de nuevo en la posición 12 del ranking regional), que, como bien se sabe, es la principal fuente del crecimiento económico a largo plazo.

En este contexto, debemos preguntarnos qué explica nuestra baja productividad y la respuesta está en que invertimos poco en sus determinantes: el porcentaje del PIB que destinamos a I+D es un 19 % inferior al de España (1,22 % vs 1,5 %) y el peso de la inversión de las empresas es reducido en comparación con la media y con las regiones más productivas. Además, tenemos una menor dotación de capital humano: el porcentaje de ocupados con estudios superiores es inferior a la media (42,4 % vs 46,9 %) y estamos una vez más en la posición 12 de las 17 comunidades autónomas. En tercer lugar, poseemos una dotación de infraestructuras públicas también por debajo de la media: el capital público por habitante es un 23 % inferior al de España. Menor dotación de capital público implica menos competitividad (mayores costes para las empresas) y, además, nos hace más vulnerables ante eventos climatológicos extremos, como el drama que hemos sufrido con la dana. Otra debilidad es que en la Comunitat Valenciana pesan menos las grandes empresas que son las más productivas: concentran el 12,5 % del empleo, 4 puntos menos que en España. En cambio, las microempresas concentran el 38,3 % del empleo, 4 puntos más que el dato nacional. Por último, realizamos un menor esfuerzo inversor en activos intangibles, que son los que caracterizan el proceso de digitalización, tan necesario para ganar productividad.

Con este diagnóstico, cinco son las propuestas para intentar acortar la brecha que nos separa en productividad y bienestar de la media nacional:

  1. Aumentar el esfuerzo inversor en innovación.
  2. Incorporar recursos humanos cualificados en las plantillas, incluso en sectores tradicionales, y apostar por la formación continua de las plantillas, ya que es en ese activo intangible en el que peor posicionada está la Comunitat Valenciana.
  3. Promover la transformación digital de las organizaciones/empresas para mejorar la competitividad. Los fondos NGEU ayudan, aunque su distribución por CC.AA. no va a favorecer la convergencia dada su elevada concentración en Madrid.
  4. Reclamar más inversión pública en la Comunitat Valenciana y corregir la infrafinanciación, para que desde la Generalitat Valenciana se tenga más músculo financiero para apoyar el tejido productivo.
  5. Apostar por atraer inversión hacia sectores con mayor capacidad de añadir valor (para así, poco a poco, cambiar nuestra especialización productiva), sobre todo teniendo en cuenta que el peso de la inversión directa extranjera en la Comunitat Valenciana está claramente por debajo de su tamaño (no llega al 7 % en empleo, cuando en PIB es el 9,3 %). En este contexto, hay que dirigir la atención a los sectores más dinámicos, como la economía verde, sectores de alta digitalización, ciberseguridad, etc.

El gran reto es titánico y de largo plazo, lo que solo se puede abordar desde la colaboración público-privada. Desde el Gobierno Valenciano se debe garantizar un clima favorable al emprendimiento y al crecimiento de las empresas, que favorezca su competitividad. En la misma línea, puede ayudar, y de hecho ayuda, en el acceso a la financiación de las empresas, con instrumentos como el IVF y Afín-SGR. En este último caso, convendría aumentar la colaboración (como así se hace en otras regiones), ya que cada euro de ayuda pública que gestiona una SGR tiene un efecto multiplicador, permitiendo una mayor inversión con menor coste para las arcas públicas.

Pero dicho esto, el gran protagonista del cambio debe ser el sector privado, ya que es el principal motor con diferencia de la economía. Así, con datos del Barómetro-AVE del empresario, el sector privado aporta el 85,6 % del empleo, el 88 % de los puestos de trabajo creados desde 2019, el 87 % del PIB, el 89 % de la inversión y el 34 % de todos los ingresos públicos a través del impuesto de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas.

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