La huelga docente valenciana y la batalla por el relato

Empecemos por el elefante en la habitación: la “batalla por el relato”, esa palabra tan de moda. Desde la Conselleria de Educación y la Presidencia de la Generalitat Valenciana se ha intentado presentar esta movilización como una simple “huelga salarial”. Lo han hecho a través de sus declaraciones, directa o indirectamente indicando el marco comunicativo o la mano donde hay que mirar. Lo han hecho a través de los medios y lo hacen de nuevo sin filtro desde la televisión pública valenciana. La cuestión es si ese relato está calando. Y, por las conversaciones que uno escucha estos días, parece evidente que muchos docentes nos vemos obligados a explicar una y otra vez que esta huelga no va solo de salarios.

En primer lugar, dejar claro que para la mayor parte del profesorado no se trata de una huelga por ganar más dinero, se trata de una huelga por la defensa existencial de la educación pública tal y como la conocemos. No se trata de un malestar repentino ni de una reacción improvisada, sino de la acumulación de problemas que llevan años deteriorando las condiciones de trabajo en los centros públicos y que han explotado en estos días después de intentos fracasados de negociación con la Conselleria.

La cuestión salarial existe, por supuesto, y es legítima. Y más en un contexto económico reciente relativamente favorable, marcado por beneficios empresariales elevados y por niveles altos de recaudación pública. Más aún cuando, desde 2010, en plena crisis económica, se pidió también al profesorado que se “apretara el cinturón”. Quince años después, los docentes valencianos acumulan, según estimaciones sindicales, un desfase cercano a los 21,9 puntos porcentuales respecto al IPC, muy superior a la pérdida salarial media del conjunto de trabajadores en ese mismo periodo. Más cuando los docentes valencianos se sitúan entre los peor pagados del país y no cobran funciones como la tutoría que sí cuentan con tratamiento propio en otras comunidades. No se trata de ningún privilegio como intentan convencer algunos, sino de recuperar parte del esfuerzo salarial asumido durante años en nombre de la austeridad.

Otra cuestión importante es el derecho del profesor a dar clase y del alumno a recibirla. Puede parecer una obviedad, pero deja de serlo cuando la masificación de las aulas convierte la enseñanza en una tarea cada vez más difícil. Con grupos que en muchos centros superan lo asumible en Infantil, Primaria, Secundaria o aulas UECO, el deterioro educativo se acelera y se hace muy difícil garantizar una docencia de calidad y una atención personalizada real.

La evaluación continua, concebida para realizar un seguimiento cercano y riguroso de la evolución del alumnado, se vuelve difícilmente viable cuando no hay tiempo suficiente para observar, valorar, corregir y acompañar adecuadamente cada proceso de aprendizaje. A ello se suma una realidad cada vez más visible, sobre todo en Secundaria: problemas de concentración y falta de motivación debido al uso masivo de redes sociales y teléfonos móviles, en un marco de pérdida de autoridad, respeto y educación básicos. En demasiadas ocasiones, la jornada de clases se pierde entre interrupciones, faltas de educación, conflictos y, en las peores situaciones, episodios de violencia verbal o física.

Otra realidad que debe tenerse en cuenta es el aumento del alumnado inmigrante, que conlleva desafíos específicos y que representa ya una parte significativa del total del alumnado. Se trata, en muchos casos, de alumnos que se incorporan al sistema con el curso ya empezado y que son escolarizados por criterio de edad, no necesariamente por los conocimientos adquiridos, muchos de los cuales presentan necesidades de apoyo lingüístico, refuerzo educativo y orientación. Y el problema no es la diversidad, sino pretender atenderla con plantillas insuficientes y ratios elevadas.

Otro de los grandes problemas es la burocratización. Las diversas leyes, normas y protocolos educativos han ido incorporando una burocracia creciente en la labor diaria del docente, que consume muchas horas de trabajo no lectivo sin un retorno tangible de mejora educativa. Hay una cultura cada vez más extendida de “dejar constancia de todo”: por protección jurídica, por inspección, por reclamaciones de familias, por protocolos internos, por planes de centro, por proyectos europeos o autonómicos, por evaluaciones externas y por exigencias de trazabilidad.

Horas que el docente debería dedicar a su verdadera labor —preparar clases, innovar con situaciones de aprendizaje, aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje, corregir, aplicar rúbricas según norma, tutorizar, ayudar al alumnado o hablar con las familias— se dedican, en cambio, a la realización de informes, documentos y registros sobre cuestiones académicas, atención a la diversidad, absentismo y aplicación de medidas de “convivencia”. En la época de la inteligencia artificial, los docentes padecen el mal de ser administrativos decimonónicos digitales o ya directamente “hombres y mujeres orquesta”.

Tenemos infraestructuras educativas envejecidas, tecnológicamente obsoletas, con problemas de accesibilidad y falta de espacio, pensadas para una población educativa inferior a la actual y sin tener en cuenta un contexto de crisis climática en el que las condiciones térmicas han cambiado. La fundación catalana “Equitat” publicó un estudio la semana pasada en el que advierte de que, para el año 2030, podrían producirse olas de calor durante una cuarta parte del curso. La investigación alerta de que, en 2030, el umbral máximo de confort —situado en 27 °C— se superará entre 22 y 65 días al año, lo que se traduce en una cuarta parte del curso. La exposición a altas temperaturas provoca problemas de salud, como calambres, agotamiento o golpes de calor. Pero también afecta al aprendizaje, porque el alumnado tiene dificultades de concentración, ve limitada su memoria y encuentra mayores obstáculos para realizar tareas complejas.

La cuestión lingüística añade otra capa de complejidad. El valenciano no debería utilizarse de forma partidista ni convertirse en un elemento de guerra cultural. Se reivindican los derechos del alumnado que quiere estudiar valenciano en las comarcas castellanoparlantes en unas condiciones mínimas. Sirva como ejemplo Torrevieja, donde el alumnado que cursa valenciano tiene que compartir aula con quienes están exentos de la asignatura, que suelen ser mayoría por la específica composición demográfica de la población. En este contexto, los docentes de lengua valenciana tienen serias dificultades para poder dar una clase normal.

Por todo ello, la huelga educativa valenciana no puede reducirse a una simple reclamación salarial, aunque la recuperación del poder adquisitivo sea una demanda legítima y necesaria. Es, más bien, la expresión de un malestar profundo ante un sistema que exige cada vez más al profesorado mientras le ofrece menos recursos, menos reconocimiento y peores condiciones para desarrollar su trabajo. Lo que está en juego no es únicamente el salario de los docentes, sino la calidad real de la educación pública que recibe el alumnado valenciano. Sin una educación pública fuerte no hay igualdad de oportunidades, cohesión social, progreso democrático ni desarrollo económico sostenible. Cuidar a quienes educan no es un privilegio corporativo, sino una condición imprescindible para sostener el sistema educativo.