La vivienda y el tercer sector: la oportunidad valenciana

Hablar de vivienda en este espacio de reflexión impulsado por la Fundación Novaterra, 'Viaje a la dignidad', implica necesariamente conectar el acceso a una vivienda digna con la propia dignidad de las personas. Porque disponer de un hogar estable no es únicamente una cuestión residencial o económica: constituye una condición básica para la inclusión social, la autonomía personal y el desarrollo de un proyecto de vida.

Dentro de la realidad general existen personas y colectivos que afrontan barreras añadidas: personas sin hogar, víctimas de violencia de género, jóvenes extutelados, personas migrantes o personas con discapacidad. En estos casos, la respuesta no puede limitarse a incrementar la oferta residencial desde una lógica exclusivamente de mercado. Se requiere acompañamiento social, gestión especializada y recursos adaptados a situaciones de especial vulnerabilidad.

Precisamente en este ámbito el nuevo plan estatal incorpora una de sus novedades más interesantes: el impulso y fortalecimiento de las entidades proveedoras de vivienda social o asequible. El plan contempla medidas dirigidas a movilizar vivienda vacía, apoyar programas de alquiler asequible, facilitar ayudas a colectivos vulnerables y reforzar la gestión social de la vivienda. Pero, además, introduce una línea específica orientada a favorecer la consolidación de entidades sin ánimo de lucro especializadas en la provisión y gestión de vivienda social.

Se trata de un enfoque especialmente relevante porque supera la tradicional visión dual del problema residencial, centrada exclusivamente en la administración pública y el mercado privado. El nuevo marco estatal reconoce la importancia de un tercer espacio integrado por entidades capaces de adquirir, rehabilitar, gestionar y movilizar vivienda asequible de forma profesionalizada y estable, en colaboración tanto con las administraciones como con el conjunto del tercer sector.

La experiencia europea demuestra la importancia de este tercer agente. En numerosos países del norte y centro de Europa existen desde hace décadas entidades especializadas, las conocidas housing associations, que gestionan parques amplios de vivienda asequible con criterios de estabilidad y permanencia. Naciones como los Países Bajos, Austria o Dinamarca han consolidado durante años sistemas de provisión de vivienda social apoyados en entidades independientes sin ánimo de lucro y profesionalizadas que colaboran estrechamente con las administraciones públicas.

Y precisamente en aquellos territorios donde estas estructuras están más implantadas, el impacto de la actual crisis residencial ha sido significativamente menor. La existencia de un parque amplio y estable de vivienda asequible permite amortiguar la presión del mercado, ofrecer soluciones residenciales sostenidas en el tiempo y reducir la exposición de determinados colectivos a las tensiones de precios y a la exclusión residencial.

En España, y particularmente en la Comunitat Valenciana, este modelo continúa siendo muy limitado. Sin embargo, nuestro territorio dispone de un tejido asociativo sólido y de entidades con amplia experiencia en inclusión social, inserción laboral o atención a colectivos vulnerables. El reto está en conectar esa experiencia social con instrumentos estables de provisión y gestión de vivienda asequible.

Muchas entidades sociales desarrollan una labor extraordinaria en ámbitos como la salud mental, la discapacidad, la atención a personas sin hogar o la protección de víctimas de violencia. Pero no siempre cuentan con capacidad patrimonial, estructura técnica o especialización para gestionar directamente recursos residenciales. De ahí la importancia de impulsar entidades especializadas que puedan actuar como soporte y colaboración para el conjunto del ecosistema social.

Además, conviene evitar un error frecuente en el debate público: presentar las políticas dirigidas a colectivos vulnerables como si compitieran con las necesidades generales de la población. El problema no debe plantearse como una disputa entre diferentes sectores sociales por un número insuficiente de viviendas disponibles. El verdadero desafío consiste en generar una oferta suficiente de vivienda asequible capaz de atender las necesidades del conjunto de la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer respuestas específicas a quienes afrontan mayores dificultades.

En este contexto, la Fundación Novaterra, junto con otras organizaciones sociales, han venido trabajando con la finalidad de realizar aportaciones con ánimo constructivo durante esta fase de aterrizaje del Plan Estatal de Vivienda en la Comunitat Valenciana, precisamente con el objetivo de reforzar esta dimensión social y facilitar instrumentos eficaces para la atención residencial de los colectivos más vulnerables.

El aterrizaje autonómico del plan estatal debería reforzar esta dimensión estratégica: impulsar programas de movilización de vivienda vacía, facilitar ayudas para la rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler social, favorecer fórmulas de colaboración público-social y apoyar la creación y fortalecimiento de entidades proveedoras de vivienda social. Porque el verdadero desafío no consiste únicamente en construir más viviendas. Consiste también en construir un sistema residencial más estable, resiliente e inclusivo, capaz de garantizar que nadie quede excluido del acceso a una vivienda digna.