La seguridad: cuestión de derechos y democracia

La seguridad es cuestión de igualdad y cohesión social, y requiere de instituciones democráticas sólidas y de escudos sociales permanentes y no excepcionales. Sin embargo, la seguridad ha sido un término utilizado por las élites como una herramienta de dominación que institucionaliza el miedo y el populismo punitivo. A través de apelaciones disuasorias al buen nombre de la ley se desvirtúa el Estado de Derecho y se ignora el papel de la paz social como fundamento del orden público. El propósito final es acallar la protesta social ante el recorte de derechos y las amenazas contra la democracia.

En el caso español, la derecha nacionalista ha apelado a conceptos como el de España, unidos al de seguridad y orden, no para ensanchar derechos o blindar los ya conseguidos, sino para infundir miedo entre la sociedad. Así, lejos de defender un programa político para el país basado en servicios públicos, instituciones garantistas o avances democráticos, la propuesta hegemónica que ha construido la trayectoria histórica del Estado español se ha realizado sobre valores esencialistas vinculados a un ideal de dominación rígido que se ha pretendido encajar en la realidad social, no desde la pedagogía ni la legitimidad democrática, sino desde la propaganda y, llegado el caso, la violencia política (sea militar, paramilitar o, más reciente, a través del lawfare).

En consecuencia, el ordenamiento jurídico ha estado sistemáticamente en la diana de las élites dominantes para ir degradando progresivamente las garantías sociales, laborales y democráticas, considerándolo como una herramienta para empobrecer a la sociedad y, a continuación, incorporar todo un listado de sanciones que disuadan o castiguen la disidencia y la protesta. La aprobación de la ley Mordaza en un contexto de crisis económica, empobrecimiento general e indignación popular constituye un ejemplo claro de esta dinámica, con más de dos millones de sanciones desde 2015 hasta la actualidad. Igualmente, las guerras no son cuestión de seguridad, sino una herramienta más de negocio vinculada al sector armamentístico y un instrumento del capitalismo para reproducir sus condiciones de miedo, expansión y obtención de recursos naturales. El récord histórico en gasto militar (en detrimento de la inversión social) o los beneficios de las empresas armamentísticas son claros ejemplos al respecto.

El sistema capitalista sigue usando viejas amenazas para justificar su influencia sobre el poder estatal, pero hoy se suman nuevos riesgos: crisis climática (pérdida de biodiversidad, incrementos alarmantes de muertes por calor o eventos extremos con crecientes pérdidas humanas y materiales), cronificación de la desigualdad (en España, el 20 % más rico tiene 6 veces más renta que el 20 % más pobre, según el INE para 2024), extremismo de derechas y manipulación digital mediante campañas de desinformación y noticias falsas deliberadamente financiadas. Todo ello debilita las capacidades de la democracia y hacen más complejo el alcance de la inseguridad más allá de las lógicas clásicas.

Por todo ello, la seguridad es cuestión de derechos y democracia. La propia Constitución Española condiciona el orden público y la paz social a “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás” (artículo 10.1). Con más vehemencia se pronuncia el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos al considerar esencial “que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

La seguridad debe transitar hacia su consideración como un bien público al servicio de la ciudadanía y no como una idea de dominación al servicio de las élites

La seguridad es la que necesita hallar la gente cuando entra en contacto con los servicios públicos que intermedian entre el Estado y su salud, formación o protección social. Por eso, la privatización de servicios públicos (en un país como el nuestro con un gasto social por debajo de la media europea y con el gasto sanitario privado de los más elevados en Europa), las consecuencias imperialistas de la globalización, la digitalización al servicio de una oligarquía global, la crisis climática o los ataques a la institucionalidad democrática por parte de la extrema derecha son, hoy en día, las principales fuentes de amenaza a la seguridad. Y los agentes que provocan mayor inseguridad son, precisamente, aquellos que utilizando sus posiciones de privilegio, apelan a ella para aterrorizar a la población y, así, redoblar el efecto de sus acciones en una agenda de concentración económica por desposesión de la mayoría.

Es fundamental que los controles democráticos lleguen hasta los últimos recovecos del Estado, incluyendo los servicios de inteligencia, así como la ejecución y el seguimiento de los planes y de las políticas de seguridad. Frente a la sacralización del secreto, propia del paradigma clásico de seguridad e inteligencia, es fundamental fortalecer el papel de la ciudadanía y de los parlamentos para que la seguridad no sea una cuestión exclusiva de un núcleo reducido de élites burocráticas o militares y se impregne de las necesidades reales de la mayoría social. Porque la seguridad debe transitar hacia su consideración como un bien público al servicio de la ciudadanía y no solamente como una idea de dominación al servicio de las élites. Y como tal, la seguridad debe involucrar a sus principales destinatarios como una garantía, y no como una amenaza que ponga en riesgo el derecho fundamental a una buena vida.