Un futuro desenfocado

Nada nuevo bajo el sol. Cada generación de jóvenes que intenta encender las luces largas para adivinar lo que les aguarda se topa, inevitablemente, con una especie de catarata brumosa que impide ver con claridad el camino. Y es lógico, resulta difícil percibir lo que aún no existe, lo que no son más que sombras y contornos sobre los que apenas podemos aventurar hipótesis.Pero lo que antes era incertidumbre hoy empieza a parecerse demasiado a un bloqueo.

Vivimos un tiempo de cambios profundos. En ese claroscuro que describía Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, emergen señales preocupantes, autoritarismos que se normalizan, populismos que simplifican y enfrentan, discursos que erosionan la convivencia democrática. Y, en paralelo, una transformación tecnológica sin precedentes que, lejos de darnos certezas, multiplica las preguntas.

En ese contexto, conviene recordar algo esencial: la democracia no se sostiene solo sobre reglas formales, ni sobre procesos electorales. La democracia necesita condiciones materiales. Sin derechos sociales garantizados, la democracia se vacía, se debilita, se vuelve vulnerable y ofrece oportunidades a quienes prometen soluciones fáciles a problemas complejos.

Y es ahí donde aparece, con toda su crudeza, uno de los grandes fallos de nuestro tiempo: la vivienda.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna ya no es una dificultad más en el proceso de emancipación juvenil. Es una barrera estructural que está redefiniendo quién puede construir un proyecto de vida y quién queda atrapado en la precariedad. Es, en definitiva, una forma de desigualdad que compromete la propia calidad de nuestra democracia.

Porque una sociedad en la que millones de jóvenes no pueden independizarse, no pueden planificar su futuro, no pueden formar un hogar, es una sociedad que socava sus propias bases. Sin estabilidad vital, sin horizontes de progreso, la confianza en el sistema se resquebraja.

No estamos ante un problema nuevo. Lo nuevo es su intensidad y, sobre todo, la falta de respuesta estructural. Durante décadas, se ha aceptado que la vivienda quedara fuera del núcleo duro de los derechos sociales, tratándola como un bien de mercado más, sometido a la lógica de la rentabilidad y la especulación.

Y, sin embargo, la historia reciente demuestra que cuando hay voluntad política, los avances son posibles. Nuestro país, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, y en gran medida gracias a la integración en la Europa social, fue capaz de sentar las bases legales y presupuestarias para garantizar derechos fundamentales. Supo construir, con esfuerzo y consenso, cuatro grandes pilares del bienestar: la sanidad pública, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia. Sistemas imperfectos, sí, pero imprescindibles, que han funcionado como herramientas de cohesión social y como garantía real de igualdad.

No son un lujo: son la base que permite que la democracia sea algo más que una declaración de principios.

La sanidad protege la vida. La educación abre oportunidades. Las pensiones aseguran dignidad en la vejez. La dependencia cuida a quienes más lo necesitan. Todos ellos responden a una idea profundamente democrática, hay derechos que no pueden depender del mercado ni de la capacidad económica individual. La vivienda debería estar en ese mismo lugar. Pero no lo está.

Sin un quinto pilar del bienestar centrado en la vivienda, el Estado social queda incompleto

En su ausencia, tenemos es un sistema que expulsa, que selecciona, que condena a una parte creciente de la población a vivir en la incertidumbre permanente. Y esa incertidumbre no es neutra: erosiona la igualdad, debilita la cohesión social y alimenta el descontento sobre el que crecen las alternativas autoritarias. Porque cuando la democracia no garantiza condiciones de vida dignas, otros discursos ocupan su lugar.

Por eso, el debate sobre la vivienda no es solo económico o urbanístico: es profundamente político, y también moral. Tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos construir y con la calidad de nuestra democracia.

Ha llegado el momento de asumirlo con claridad: sin un quinto pilar del bienestar centrado en la vivienda, el Estado social queda incompleto. Y sin Estado social, la democracia pierde su sentido más profundo. Solo así podremos escapar del cortoplacismo, de la improvisación y de la especulación, y dar respuesta a una de las demandas sociales más evidentes de nuestro tiempo. Es urgente que los poderes públicos afronten esta realidad con ambición y perspectiva.