Diputados libres y diputados amordazados

El sistema electoral británico acredita a lo largo del tiempo que es un instrumento eficaz para una separación efectiva de los poderes del estado y para preservar la democracia. Lo hemos podido comprobar en las últimas semanas en que, tras la derrota electoral de los laboristas en las elecciones municipales, un número considerable de diputados laboristas, al menos 81, consideraron que el primer ministro británico K.R. Starmer debía dimitir, asumiendo así su responsabilidad política en la derrota. Otros diputados, más de 100 siguen apoyando a Starmer, que ha retado a sus oponentes a iniciar el procedimiento que lo confirme en su cargo o que ponga fin a su mandato. En la actualidad se postulan para sustituir a Starmer el alcalde de Manchester, A. Burnham, que deberá acceder previamente al estatus de parlamentario y el dimitido ministro de Sanidad, W. Streeting. Lo relevante no es el desenlace, lo relevante es la evidencia de que el Partido Laborista es un partido político en que rige la democracia interna y la libertad de sus diputados. Debemos recordar que otras primeras ministras del partido conservador, Thatcher y May, tuvieron que dimitir como consecuencia de las presiones ejercidas por los diputados de su partido.

Los diputados laboristas son libres a causa del sistema electoral británico. El territorio británico se divide en distritos unipersonales. En la elección de los diputados tiene un peso considerable el partido por el que se presentan, pero es más decisiva en la elección de los diputados la capacidad de los candidatos para convencer a sus electores. Este sistema garantiza un grado de libertad considerable de los diputados cuyo compromiso con sus votantes, llegado el caso, es superior al compromiso con su partido político o con el líder de su partido. La libertad de los diputados no significa falta de compromiso con los ideales de su partido político, pero no implica sumisión al líder del partido. El estatus de libertad de los diputados británicos garantiza que el primer ministro no pueda convertirse en un dictador de su propio partido político.

Los diputados y senadores españoles no son libres como los diputados británicos, pese a que el artículo 6 del texto constitucional exige que la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos sean democráticos. Y la causa es el sistema electoral construido para que los diputados lleven puesta la mordaza de la que muy pocos consiguen liberarse. Todo empieza por las listas cerradas y bloqueadas que elaboran las direcciones de los partidos políticos. Los electores solo pueden elegir una lista y no pueden eliminar, añadir o sustituir a uno o varios candidatos. De este modo se rompe el vínculo que debiera existir entre candidatos y votantes. Los candidatos en cada circunscripción nada deben a los electores y se convierten en rehenes de la dirección del partido que los elige teniendo en cuenta como criterio principal o exclusivo la lealtad al líder. Y en demasiadas ocasiones diputados y senadores no están a la altura intelectual y ética que requiere la gran responsabilidad que se les ha otorgado.

Los diputados, los senadores y las cámaras siguen siendo titulares de sus derechos constitucionales, pero solo se respetan las formas y se vacían sus contenidos. Por ejemplo, los presidentes de las cámaras, de acuerdo con la Constitución, deben ser elegidos por los parlamentarios y así sucede formalmente, pero lo que hacen los diputados y senadores es votar al diputado o senador que ha designado previamente la dirección del partido político, sin que a la elección preceda debate alguno. De este modo, la presidencia del Congreso se convierte en una extremidad más del presidente del Gobierno. Y la consecuencia de que los derechos de los diputados y senadores hayan sido enajenados por las direcciones de sus partidos permite que el Gobierno pueda enviar al Congreso proyectos de ley o decretos leyes, con la garantía de que sus diputados no pondrán objeción alguna a su aprobación o convalidación, o permite al Gobierno incumplir la obligación de presentar año tras año los Presupuestos Generales del Estado sin la menor protesta de los diputados. Y lo mismo sucede con las competencias del Congreso y del Senado en lo que concierne a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o los magistrados del Tribunal Constitucional, y en un largo etcétera. Esta situación incluso se ve agravada desde la implantación del modelo de primarias, que en el caso del PSOE ha acabado estableciendo un reforzamiento del líder y ha eliminado contrapesos internos que permitían una mayor participación real del conjunto de la militancia.

Los diputados son como robots que votan de acuerdo con la instrucción de cada partido en el momento de la votación. Y si no acatan las órdenes que reciben son sancionados, marginados e incluso expulsados del partido político en cuestión. Es la partitocracia, que ha suplantado a la democracia: se guardan las formas democráticas, aunque estén vacías de contenido.

Pedro Sánchez perdió las elecciones locales, las elecciones en doce Comunidades Autónomas y las generales, todo ello en 2023, y en los últimos meses ha perdido las elecciones en cuatro Comunidades Autónomas, después de hacer campaña en cada una de ellas y proclamando que su partido y su candidato o candidata iba a ganarlas. Producida la derrota se ha distanciado de sus candidatos y del resultado como si nada tuviera que ver con él. Y a diferencia de lo que ha sucedido en el Reino Unido ni un solo diputado o senador le han exigido que dimita o que convoque elecciones. Y tampoco han hecho el menor reproche a Pedro Sánchez los otros partidos que le llevaron a la presidencia del Gobierno, verificando la tesis de que Pedro Sánchez es el mejor instrumento que tienen los partidos populistas e independentistas para conseguir sus propósitos. Una prueba de esto ha tenido lugar el día siguiente a la celebración de las elecciones en Andalucía, en que en Cataluña el PSC y ERC han acordado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Catalana que contiene cesiones importantes del Estado, cesiones que si se hubieran conocido durante la campaña electoral hubieran empeorado el resultado electoral del PSOE.

Una vez más se confirma que Pedro Sánchez sigue dispuesto a permanecer en la Moncloa aunque arruine a su partido y a la democracia.