Educar pese a todo

La huelga indefinida que los docentes sostienen desde el pasado 11 de mayo trasciende ampliamente el marco de un conflicto laboral o de una disputa administrativa susceptible de resolverse mediante cifras o negociaciones; representa, en realidad, uno de esos momentos excepcionales en los que una sociedad queda obligada a mirarse a sí misma y a preguntarse qué lugar concede a quienes tienen la responsabilidad de formar la conciencia de las generaciones futuras.

Bien sabemos que las protestas nunca han sido simples interrupciones del orden cotidiano, aunque el discurso contemporáneo, cada vez más impaciente ante cualquier perturbación de la comodidad individual, pretenda reducirlas a molestias pasajeras o a expresiones de egoísmo sectorial. Toda conquista social que hoy contemplamos con la naturalidad de lo irreversible nació, en algún momento de la historia, del desacuerdo colectivo y de la voluntad de miles de personas de asumir el desgaste e incluso el descrédito con tal de defender una idea elemental de justicia. La limitación de la jornada laboral, el descanso remunerado, la sanidad pública o la universalización de la educación no fueron obsequios que nos concedieron desde arriba por benevolencia institucional, fueron el resultado de generaciones enteras que comprendieron que los derechos solo existen verdaderamente cuando alguien está dispuesto a poner el cuerpo para defenderlos. Conviene recordar esta dimensión histórica precisamente ahora, cuando el individualismo contemporáneo ha erosionado casi por completo la conciencia de pertenencia colectiva y ha transformado la vida pública en una suma de trayectorias privadas incapaces de reconocerse entre sí. La huelga posee, por ello, una dimensión esencialmente política en el sentido más noble del término, ya que devuelve a las calles su antigua condición de espacio cívico y recuerda que la soberanía no consiste sólo en votar periódicamente, sino también en preservar la posibilidad de disentir colectivamente.

Nuestra educación pública ocupa un lugar central dentro de esa disputa moral y política porque constituye uno de los pocos espacios que todavía escapan parcialmente a la lógica de la segregación y de la mercantilización absoluta de la vida. Allí donde la enseñanza deja de concebirse como un derecho universal y comienza a funcionar exclusivamente bajo criterios de rentabilidad, la sociedad empieza lentamente a fracturarse en compartimentos estancos donde cada clase social educa a sus hijos de espaldas a las demás. Bien al contrario, la escuela pública produceuna experiencia compartida de ciudadanía, que resulta indispensable para la salud de cualquier país, pues la decadencia de una democracia comienza cuando el pensamiento crítico deja de ser una necesidad pública. Defenderlo implica, por tanto, algo mucho más complejo que proteger una estructura administrativa concreta; implica preservar la idea misma de comunidad.

Por esa razón resulta deshonesto reducir las reivindicaciones de maestros y profesores a una cuestión estrictamente salarial, como si la dignidad profesional pudiera separarse de las condiciones reales bajo las cuales se ejerce la enseñanza. Lo que hoy denuncian quienes sostienen esta huelga remite también a aulas masificadas, necesidades desatendidas, a una burocracia cada vez más asfixiante, a la precarización emocional derivada de la sobrecarga constante y a una pérdida progresiva del reconocimiento social hacia una profesión cuya importancia se invoca retóricamente mientras se deterioran, año tras año, sus condiciones efectivas de trabajo. Ningún sistema educativo puede aspirar a la excelencia cuando quienes lo sostienen se ven obligados a ejercer su vocación desde el agotamiento estructural y la sensación permanente de abandono institucional.

Quizá toda época termine revelándose en la forma en que trata a quienes tienen la responsabilidad de transmitir el mundo a la generación siguiente. Hay sociedades que comprenden la educación como una tarea ligada a la continuidad moral y cultural de la comunidad, y otras que la reducen progresivamente a una cuestión de eficienciao mera rentabilidad administrativa. La diferencia entre unas y otras no reside únicamente en sus políticas educativas, sino en la idea de civilización que sostienen. Porque cuando un país degrada las condiciones materiales y simbólicas de sus docentes, no sólo empobrece la escuela pública; comienza también a debilitar el vínculo invisible que permite a una sociedad reconocerse como algo más que una suma de individuos compitiendo entre sí.