La transición ecológica no fracasa por negacionismo, sino por injusticia

El 5 de junio, Día Internacional del Medioambiente, es una buena ocasión para hacernos una pregunta incómoda. Si la mayoría de la ciudadanía española ya sabe que el clima está cambiando y que hay que actuar, ¿por qué las políticas climáticas siguen sin despegar del todo?

La respuesta habitual culpa al negacionismo o a la desinformación. Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente.

El Eurobarómetro de 2022 y la Encuesta Social General de España de 2023 muestran que la mayoría de las personas en España reconoce el riesgo climático y que el negacionismo es estadísticamente minoritario. Y, sin embargo, el apoyo activo a la transición ecológica está lejos de ser universal. ¿Por qué? Porque preocuparse por el medioambiente no es lo mismo que poder hacer algo al respecto.

Los datos identifican un grupo numeroso, cercano a un tercio de la población, que combina alta conciencia ambiental con baja capacidad económica. Son personas que entienden lo que está en juego, pero que no pueden permitirse un coche eléctrico, rehabilitar su vivienda o elegir la tarifa energética más sostenible. Para ellas, la transición llega formulada como exigencia, no como oportunidad. Y cuando además perciben que los costes recaen desproporcionadamente sobre quienes menos tienen, mientras las grandes empresas contaminan sin consecuencias proporcionales (Oxfam Intermón documenta que las cuarenta mayores compañías españolas concentran un tercio de las emisiones nacionales de CO₂), la desafección es una respuesta racional, no un error de comprensión.

Hay un segundo problema, igualmente revelador. La desconfianza institucional afecta a casi el 30% de la ciudadanía que, pese a asumir responsabilidad personal frente al cambio climático, no confía en que las instituciones gestionen la transición de forma justa. No son escépticos del clima. Son escépticos del sistema. Perciben que los procesos de decisión se cierran antes de que puedan decir nada, que se les consulta para cumplir el trámite, no para ser escuchados.

La sensación no es infundada: el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fue sometido a consulta pública en verano de 2023, cuando el documento ya había sido enviado a la Comisión Europea. El resultado es una paradoja. España tiene una legislación climática razonablemente sólida, pues la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 fija objetivos vinculantes y contempla un mandato de transición justa, pero esa arquitectura legal no se está traduciendo en legitimidad social. Las normas existen; la confianza, menos.

Salir de esta paradoja exige reconocer que el problema no es de comunicación, sino de diseño. Las políticas que no compensan a los hogares vulnerables generan rechazo entre quienes más las necesitan. Y la brecha entre quienes viven en ciudades con transporte público y quienes dependen del coche en municipios rurales no se cierra con buenas intenciones.

Durante más de una década como investigadora y profesora de derecho ambiental, he comprobado que el derecho y la política climática avanzan más despacio cuando se elaboran sin escuchar a quienes más los necesitan. Por eso contar con datos de encuestas como los citados es tan valioso, no para confirmar lo que ya sabíamos, sino para ver con precisión dónde están las fracturas y en qué dirección hay que actuar. El problema no es de convicción, sino de condiciones. Y eso cambia todo.

El cambio climático es urgente. Pero una transición que deja a la mitad de la población sintiéndose al margen no es ni justa ni sostenible políticamente. La pregunta ya no es si hay que actuar, sino quién paga, quién decide y quién se beneficia. De las respuestas a esas tres preguntas depende que la transición ecológica sea un proyecto colectivo o una imposición que nadie asume como propia. Como parte de la sociedad civil, Fundación por la Justicia subraya que esa transición solo será legítima si se construye con, y no sobre, las personas que más tienen que perder si fracasa.