La responsabilidad del Consell y la de los sindicatos

Mucho antes de que Trump pusiera el mundo patas arriba; antes incluso de que la desregulación salvaje iniciada en los años 80 del siglo pasado por Reagan y Thatcher acabara en 2008 desencadenando lo que llamamos la Gran Recesión, cuyas consecuencias seguimos sufriendo y están en el origen del auge de los populismos; antes de todo eso, digo, el sociólogo Colin Crouch acuñó en 2004, cuando todavía éramos, al decir de García Márquez, “felices e indocumentados”, el término “posdemocracia”, anticipándonos el peligroso ciclo de retroceso en derechos y libertades, recorte del Estado de Bienestar, empobrecimiento de amplias capas de la sociedad e inestabilidad a escala global que se nos venía encima.

Crouch, al que desde la publicación de su ensayo vuelvo una y otra vez, define la posdemocracia como una nueva etapa, en la que el sistema democrático es vaciado de contenido desde su interior: las instituciones que lo conforman y los derechos de ciudadanía que lo sustentan aparentemente se mantienen, pero sólo son un trampantojo. Citando sus propias palabras: “Una sociedad posdemocrática es aquella que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero en la que se convierten cada vez más en una cáscara formal. La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica”. ¿Les suenan de algo Musk, Zuckerberg, Bezos, Altman y compañía? Pues cuando Crouch publicó en 2004 “Posdemocracia” (y mucho menos cuando lo escribió y empezó a destilar en conferencias y papers sus reflexiones, cuatro años antes) aún no sabíamos hasta qué punto se estaba conformando una nueva aristocracia, la de los tecnoligarcas, que entonces sólo parecían unos niñatos y que, paradójicamente, si hoy todavía no han impuesto hasta sus últimasconsecuencias sus postulados no es por la resistencia de la sociedad ni de las democracias consolidadas, sino por la competencia de autócratas como el ya citado Trump, pero también Putin, Xi Jinping y hasta Milei, que se apoyan en ellos, les benefician y siguen en muchos casos sus objetivos, pero no quieren de ninguna manera cederles la manija. Crouch sí lo vio, y aunque en el desarrollo de sus argumentaciones pueda haber muchos puntos discutibles, ese es su mérito.

Viene todo este exordio al caso porque, si Crouch advierte de algo, es de que ese proceso de vaciamiento de la democracia comparece siempre precedido de una condición original necesaria: la del desprestigio y deterioro de dos de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar: la Educación y la Sanidad públicas. En los dos casos, primero se incorporan ambos derechos a una dinámica puramente mercantil, basada sólo en indicadores de rentabilidad y productividad (KPIS, que dicen los modernos, con lo fácil que sería llamarlos indicadores). No se evalúan en relación al bien social que producen, sino en términos (más que discutibles) de eficiencia, productividad y resultado económico. Es un sistema valorativo en el que “lo público” siempre va a perder, porque se presenta (y se utiliza) como un derecho pero se evalúa como un negocio.

Pero no basta con eso. Para que los ciudadanos pierdan la confianza en esos servicios que son su derecho y de los que son accionistas universales porque los sufragan con sus impuestos, hay que introducir el factor del desprestigio. Hay que imponer el relato de que son caros (¿en relación a qué, si hablamos de coste/beneficio?), ineficientes (¿comparado con qué?) y, por último, incapaces (¿según qué medida?). Entran así esos servicios en un círculo vicioso de imposible salida: porque tienen que prestar una atención universal, cosa que las empresas privadas sanitarias o educativas no están obligadas a hacer, pero tienen que competir en sus balances con estas últimas, para lo cual se introducen recortes que a su vez deterioran el servicio público y hacen aparentemente más  atractivo el privado, que se reserva para sí las intervenciones más rentables y menos complejas y deja que el público siga cargando con las más caras y delicadas (los tratamientos oncológicos más difíciles o los alumnos más rebeldes), donde los errores son más ruidosos cuando se cometen, lo que vuelve a incrementar la mala imagen que se está dando de lo público frente a lo privado. Se pasa progresivamente de un sistema donde lo público es la garantía y lo privado un complemento, a otro donde lo público soporta cada vez mayores costes porque asume siempre y obligatoriamente los casos más complejos o urgentes, mientras lo privado va empezando a interiorizarse como una necesidad y no como un capricho. Se rebajan impuestos o se mantiene un sistema de financiación inoperante e injusto, al mismo tiempo que se exige más de lo público y se le critica que no llegue a cubrir unas expectativas que siempre crecen en progresión geométrica, al igual que los presupuestos, al final inasumibles.

Pero para que esa dinámica se produzca es necesario, además, que los propios actores públicos del sistema, consciente o inconscientemente, contribuyan a ella. Y viene esto a cuento de la huelga indefinida de la enseñanza pública que, si nadie lo remedia, va a  entrar en su quinta semana. Por la absoluta torpeza del Gobierno que preside Juan Francisco Pérez Llorca a la hora de articular una estrategia razonable y equitativa de negociación. Desde luego. Pero también por el progresivo empoderamiento del sindicato mayoritario del sector, el STEPV, que viendo la debilidad del Consell ha decidido mantener un órdago a todo que siempre irá en su beneficio, da igual si lo gana como si lo pierde, por el seguidismo acrítico de CCOO y UGT y el estraperlismo habitual de ANPE y CSIF.

Alfonso Guerra, cuya sola mención seguramente producirá tanta urticaria en la izquierda actual como en su tiempo producía en la derecha de entonces, me contó no hace tanto en una de esas cenas en las que acaban sirviéndote el desayuno, que tanto él como Fernando Abril Martorell por la UCD (más urticaria, sobre todo en València), tenían un manual de negociación que jamás acordaron, pero tampoco se saltaron nunca. Era muy básico: 1. Acude siempre a todas las reuniones que se convoquen, incluso si sabes que no van a llegar a buen puerto. 2. No te levantes jamás de la mesa, aunque las posiciones sean tan distantes que no parezca posible aproximación alguna. 3. Empieza despejando todo aquello donde el acuerdo sí parezca posible: eso genera confianza en que también se podrá pactar lo inverosímil. 4. Mantén siempre abierta una línea de interlocución paralela, precisamente para tratar los desacuerdos. 5. Acude a la mesa sabiendo que nunca habrá acuerdo sin cesiones por todas las partes. 6. Muestra firmeza a la hora de exponer las diferencias cada vez que acabe una jornada, pero no dejes de poner en valor los compromisos que se van alcanzando por pequeños que sean. 7. No confundas transparencia con propaganda: los pactos hay que explicarlos y votarlos para que todos lo asuman, pero la discreción durante la negociación es indispensable si de verdad se quiere llegar a un entendimiento. Cuando los detalles de una reunión se filtran, la siguiente la preside el recelo; cuando se retransmite, los negociadores se convierten en actores.

Parece todo de sentido común. Pero es todo lo contrario de lo que el Consell de Pérez Llorca y los sindicatos de Educación, que emitieron en directo su último encuentro,  han hecho hasta aquí. El president de la Generalitat se ha equivocado de plano creyendo que podría dividir y agotar a los profesores. Los sindicatos también empiezan a errar pensando que, teniendo enfrente un gobierno de derechas e inestable, pueden conseguir de una tacada lo que no han logrado en décadas y de remate dejar asentada la percepción de que quien manda no es el que ocupa el despacho más grande del Palau sino el que tiene el megáfono más potente y maneja con mayor agilidad las RRSS.

La mayor parte de las reivindicaciones de los profesores son de una justicia inapelable. Pero hace muchos años también que un maestro de vocación, sindicalista de raza y socialista de una coherencia insobornable, Vicente Sellés, me advirtió de que en la defensa de la enseñanza pública había que ir con pincel fino y no con brocha gorda, porque, si no, de tanto estimarla, podías acabar cargándotela. Es lo que hacemos inconscientemente muchos, cuando amplificamos cualquier problema que un colegio público tenga mientras, por no estar en nuestra línea de visión, apenas nos enteramos de lo que pasa en la privada, en la que hay centros excelentes igual que otros muy deficientes, pero de estos últimos y sus problemas apenas hablamos. De donde resulta que cada vez trasladamos con mayor fuerza el mensaje de que lo público va progresivamente a peor y lo privado se consolida como mejor opción.

Los sindicatos, en su reclamaciones, tendrían que tener esto muy en cuenta. Porque si te pasas la vida clamando por una enseñanza de calidad puedes caer en la contradicción de dar por bueno que la que ofreces ahora es una calamidad. De la misma manera que tendrían que ser conscientes de que, cuando de un servicio público hablamos, la línea entre reivindicación y abuso es muy fina, porque los ciudadanos en estos casos siempre son, a la vez, beneficiarios de las mejoras que se consigan pero rehenes de las acciones que se ejecuten para lograrlas. Algunos de los dirigentes del STEPV han dado por sentado en los últimos días que han “ganado el relato”. Les aconsejaría prudencia, porque ganarlo cuesta mucho, pero perderlo resulta muy fácil. Tampoco lo tiene bien el Consell de Pérez Llorca. Joan Carles Martí abogaba hace unos días, como vía de solución de un conflicto tan difícil, por recurrir a un mediador. Tiene razón. Lo malo es que, si hubiéramos de llegar ahí, lo que pondría en evidencia es que lo que no tenemos es gobierno. ¿Para qué está un gobierno si no es para gestionar el conflicto? Este es el primer problema de fondo al que Llorca se ha tenido que enfrentar. Y no es pequeño, sino sustancial, porque plantea una situación, la de la falta de recursos suficientes para la enseñanza pública, que lleva décadas padeciéndose. Pero de cómo lo resuelva dependerán muchas cosas, porque vendrán más y tendrán también razón. Por ahora va camino de la paradoja de ser el Ejecutivo que más dinero va a dedicar a la escuela pública y, sin embargo, comparecer como derrotado. Y no va de eso. No va de que la izquierda le doble el pulso a un gobierno de derechas ni de que el Consell consiga romper la precaria unidad de la izquierda social. No va de vencedores y vencidos, aunque ambas partes parezcan convencidas de que ese es el único resumen que vale. Va de regenerar el sistema y sentar las bases para que el motor más potente que tenemos en la lucha contra las desigualdades no se gripe definitivamente. Ahí es nada.

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