Sin dinero no hay autonomía

“Germans de l’altra banda, la nostra voravia

està on abans estava, la fita és la mateixa.

Hi ha que acceptar la terra i el quefer que ella ens porta;

si és que sembla haver camí, jo estic on sempre estava,

mireu-me les espatlles i haureu la diferència.“

Jaume Bru i Vidal, Sagunt (Camp de Morvedre) ‘Retrobament’-1959

La patria es donde se vive bien. Si al autogobierno se le escatima la financiación imprescindible, no hay fair play –juego limpio– ni es posible un ápice de autonomía que valga. Los educadores y sanitarios han dado la lección de responsabilidad y de capacidad de involucrarse con su misión. Lo han hecho al plantarse frente la Generalitat, su administración subsidiaria, ante el abandono y la desidia de los que son víctimas en dos áreas de servicios vitales para la calidad del estado de bienestar: educación y sanidad. Junto con los servicios sociales, también en situación lamentable, suponen el 80 % del presupuesto de la Generalitat. Ese ‘logro’ que viene cacareando desde la ‘comunión de intereses’ de PP y Vox, en su farsa de colaborador necesario. Para alardear de unas cuentas con las que no pueden afrontar el gasto corriente de la autonomía valenciana. Siempre que sean capaces –con datos reales del haber y del debe– para atender las necesidades más perentorias de los valencianos. Con cifras de 2025, la deuda pública de la Generalitat ha superado todos los límites, hasta situarse en 63.934 millones de euros. De los cuales, el Govern Valencià de PP y Vox, destinará 7.216 millones a pagar intereses. Cada valenciano debía 11.579 euros en enero de 2026. En inequívoca tendencia ascendente.

Cul de sac

La Generalitat Valenciana, debido a su nula capacidad de negociación y por la mala cabeza del Consell, se encuentra en un callejón sin salida. Tiene adjudicadas, aceptadas y asumidas las competencias de educación, sanidad o servicios sociales. En cuya subsistencia no tienen la seguridad ni la decencia de reconocer que carecen de dinero garantizado para atender su funcionamiento. Sin tener en cuenta eventualidades especiales (incendios, catástrofes, emergencias, imprevistos sanitarios, accidentes e inclemencias climáticas ) ni inversiones mínimas para mantener los equipos e infraestructuras en condiciones de servicio eficiente. Por contra se van a reducir las partidas destinadas a cultura, inmigración, medios de comunicación no afines, sindicatos u organizaciones empresariales, entes autónomos de la Generalitat y administración institucional. Se incrementa, eso sí, el dinero para toros, entidades apòcrifas y maniobras secesionistas.

Los males que acechan

Los valencianos, como sociedad cohesionada, no tienen más tiempo. Se sienten acosados por los males de la sociedad contemporánea, incrementados por su peculiaridad. Viven entre cuatro coordenadas: la del País Valenciano, la española, la europea y la mundial. Sin País Valenciano sólo queda subordinación. Los habitantes del territorio que va del Cènia al Segura no pueden resignarse a ser lo que irresponsables, ajenos a su idiosincrasia, por lo que decidieron un día desde Madrid (1982). Cuando acordaron l’Estatut d’Autonomia por el artículo 143 de la Constitución, azuzados por prioridades de la Transición. En las que prevalecían intereses espurios para anular la conciencia colectiva de un pueblo maltratado durante la Dictadura franquista. Aceptar sin resistencia las imposiciones gratuitas es la confirmación del declive de un país y de un pueblo sin voluntad de ser. No hay ninguna razón inteligente y documentada que impida modificar los errores que se pagaron por las decisiones atropelladas de los legisladores. Aquellos que carecían de conocimientos suficientes para evitar la afrenta a un país. El que cuenta con suficientes argumentos para no ser sometido bajo el paraguas anodino de la concepción ‘comunitaria’: la impersonalidad confirmada y consolidada del País Valenciano para el resto de la historia. Hasta la uniprovincial Murcia merece ser ‘Región’.

País o nada

Está comprobado que el País Valenciano tiene muchos enemigos, aunque tímidamente esté recogido en el texto del Estatut d’Autonomia (1982). Contrario al consenso estatutario alcanazado en Benicassim en 1981. Resultado: llueven dificultades de identificación por todas partes. La primera es la confusión. Para el resto de la España que piensa, queda sin definir ni explicar que lo que fue Reino de València acabe en el vertedero comunitario. La primera condición para existir y ser reconocido, por aliados y adversarios, es dejar clara la decisión de lo que se quiere ser. Los valencianos viven y padecen la crispación que caracteriza a la política española. Con polarizado fuego cruzado entre partidos, grupos de presión, jueces, y fiscales (la Brigada Aránzadi), o ideologías. Y de propina la tensión territorial. En la que nos llevan una gran ventaja: Madrid, paradigma del

la centralidad rampante; Catalunya, periférica, que lleva toda la etapa democrática recuperando y conservando reductos de autogobierno y Euskadi, que sí puede –o se ha ganado– ser País Vasco. El que, desde su privilegio fiscal del ‘Cupo vasco’ nos puede dar lecciones, sin estridencias, de lo que cuesta defender los intereses de su pueblo. Sin olvidar a Navarra, amparada en el tradicionalismo requeté, también goza del ‘Concierto fiscal’. La singularidad vasco-navarra, les hace ser los territorios más envidiables para el cajón de sastre de la homogeneidad hispana.

Seguir y resistir

Como hay un cierto regusto por las quimeras y los mitos, los valencianos sufren, pelean, malgastan energías y ríos de tinta impresa, en torno a asuntos improbables –financiación, Corredor Mediterráneo, infraestructuras (túnel pasante ferroviario), innovación tecnológica, acceso a las grandes ciudades– con los que les distraen y engañan quienes ostentan el poder en España. Siempre los mismos señuelos coincidentes en fuerzas políticas que presumen de distantes entre sí. Recientemente, el director de este diario Levante-EMV, Joan Carles Martí, afirmaba que el gobierno de Pedro Sánchez, social-progresista, en coalición con el iquierdista Sumar, ha sido el más centralista desde que se reimplantó la democracia. Los valencianos deberían tener identificados los problemas que impiden el desarrollo y la recuperación del territorio autonómico: la negación permanente a resolver la justa financiación. La que se viene reivindicando desde la presidencia de Joan Lerma (1982-1995) – el tándem Felipe González/Alfonso Guerra, le escatimaban todo– en la Generalitat.

Duelo de siglas

La reforma de financiación autonómica de Zapatero data de 2009. Quedó petrificada con Rajoy y es aberrante con Pedro Sánchez. Más claro: llevan (cinco millones y medio de habitantes) diecisiete años anclados y perjudicados con el sistema obsoleto de financiación para la periferia. Cuya modificación se reivindica ante izquierda y derecha. Sin vergüenza se ha convertido en arma política, a muerte, frente al contrario, cuando es una cuestión de Estado. Las siglas nos matan. Los poderes fácticos, los empresarios potentes y la política de bajos vuelos, carecen de capacidad de pacto y de visión geopolítica institucional a largo plazo. Es torpe error estratégico torpedear la conciencia de un país, abierto y plural, siguiendo órdenes foráneas sedientas de poder –a cualquier precio– que se dictan en Madrid. Los mediocres, al poder y los audaces, marginados al ostracismo. ¿Cuánto tiempo están dispuestos los valencianos a soportar la desfachatez de los partidos políticos reacios a la valencianidad y supeditados a prioridades centralistas?