El día de la marmota valenciano

Hay películas que terminan convirtiéndose en una metáfora política. El debate sobre nuestro modelo de financiación, sobre cómo pagamos los servicios públicos a los que tenemos derecho, se parece cada vez más a El día de la marmota, en la que el protagonista despierta cada mañana condenado a repetir siempre el mismo día.

Cambian los ministros, cambian los presidentes de la Generalitat y cambian los colores políticos, pero el guion permanece intacto. Lo que debería ser una política pública destinada a garantizar la igualdad de oportunidades de cinco millones de valencianos se ha convertido en un escenario de confrontación electoral permanente.

La reunión de esta semana entre el Ministerio de Hacienda y el Consell vuelve a situarnos ante ese paisaje tan conocido. Conviene recordar una cuestión básica: somos una de las autonomías peor financiadas de España, con un sistema caducado que ha obligado a la Generalitat a endeudarse para poder sostener servicios públicos esenciales. No se trata de una opinión ni de una disputa ideológica. La infrafinanciación valenciana está ampliamente acreditada por expertos, instituciones y organismos económicos.

Mientras Gobierno y Generalitat se lanzan reproches, la ciudadanía contempla cómo se deteriora lo común: hospitales con graves problemas de mantenimiento, servicios sociales desbordados, listas de espera crecientes y aulas donde el calor supera cualquier umbral razonable. Los profesionales de la educación y de la sanidad llevan meses advirtiendo de ello. Y, aun así, parece imposible alcanzar un acuerdo.

La reunión de esta semana, además, dejó algunas paradojas difíciles de explicar. Resulta difícil decirle a un profesor, a un médico o a una familia que espera una prestación de dependencia que una administración que se declara asfixiada económicamente renuncie siquiera a explorar la llegada de miles de millones de euros adicionales. El Consell del Partido Popular, entre elegir en mejorar la vida de los funcionarios o hacerle la puñeta a Pedro Sánchez para que el señor Feijoo esté contento, ha elegido lo segundo.

El president Pérez Llorca no tiene argumentos para renunciar a más de 3.000 millones de euros extra, pero el Ministerio de Hacienda —que hoy ocupa un exconseller valenciano— tampoco puede desentenderse de la injusticia acumulada durante tantos años por un sistema que ha permitido que otros territorios estén sobrefinanciados mientras la Generalitat se endeudaba para sostener los servicios básicos.

Y existe otra contradicción todavía más profunda, si atendemos a la realidad de la gestión de la Generalitat. El Partido Popular y su socio preferente, Vox, han convertido la defensa de los servicios públicos en un mero recurso retórico. Resulta difícil creer que la urgencia por obtener más financiación responda al deseo de fortalecer lo público cuando la práctica política apunta en sentido contrario. Hemos asistido a una constante dejación de responsabilidades y a una progresiva externalización de la gestión pública, con consecuencias muy concretas para las personas y el bien común. Con demasiada frecuencia, lo público parece reservado para colocar a los amigos del poder, favorecer a las élites próximas al PP o convertir el patrimonio colectivo en una oportunidad de negocio para unos pocos.

Y, mientras ellos juegan a ganar el siguiente titular o las próximas elecciones, la sociedad se degrada. Pero la ciudadanía no es ingenua, pese a no vivir en las mesas de negociación ni en las estrategias de partido. Vive en barrios donde cada vez resulta más difícil encontrar una vivienda asequible, en centros de salud saturados y en escuelas que necesitan más recursos.

La financiación autonómica no es una partida de ajedrez entre el PP y el PSOE. La Comunitat Valenciana debe recibir hasta el último euro que le corresponde y emplearlo para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el derecho a la vivienda. Porque la política deja de ser útil cuando convierte los problemas de la gente en el decorado de una batalla partidista interminable. Llevamos demasiado tiempo atrapados en nuestro particular día de la marmota: todos conocen el diagnóstico, todos reconocen la enfermedad y, sin embargo, nadie administra el remedio. Pónganse de acuerdo. Los valencianos y valencianas no nos jugamos un titular ni una victoria electoral; nos jugamos la calidad de nuestros servicios públicos y, en buena medida, la sociedad que queremos ser.