Sánchez, Ábalos y el precio de elegir mal

Queda confirmado que, además de hooligans políticos y mediáticos, también los hay judiciales. De los partidistas solo se espera parcialidad; pero los periodistas se juegan el prestigio cuando se nota demasiado, y los jueces, por obligación institucional, deben parecer y ser imparciales. Sin embargo, en pleno Mundial y con la primera ola de calor del verano apretando, la política española vuelve a comportarse como una grada en plena bronca.

Que el juez Peinado se ha venido arriba parece ya difícil de discutir. Y aunque el magistrado Calama sea más florentino, resulta evidente que una parte del Poder Judicial le tenía ganas a Pedro Sánchez desde la amnistía y los indultos. En Moncloa, supongo, el candor desapareció con Pablo Iglesias. Por eso el PSOE hace mal en rasgarse las vestiduras, porque, tal como se estaba poniendo el asunto, lo peor era —y sigue siendo— el cierre de filas.

Si cualquier entrenador confecciona un once de circunstancias en la fase final de un campeonato del mundo, será sustituido en cuanto quede eliminado. Sánchez ha demostrado ser un pésimo seleccionador. Se equivocó dos veces con Ábalos, las mismas que con Cerdán, y todavía sostiene a Zapatero como referencia moral, pese a que la reputación del proclamado faro progresista se ha quedado en una caja fuerte repleta de joyas arábigas.

Que Ábalos acabaría condenado a una pena elevada estaba cantado. Su caso era grave desde el punto de vista penal y devastador desde cualquier escala democrática. Fue uno de los principales impulsores de Sánchez y tuvo mando en plaza en el socialismo valenciano, aunque fuera en Madrid donde quebró definitivamente su crédito político. En el pecado lleva la penitencia, incluso ahora que en el PSPV muchos parecen no saber quién es ese señor al que el Supremo le ha impuesto un excesivo correctivo de 24 años y tres meses de cárcel, mientras que las penas por otros casos de corrupción han sido menores.

Ábalos ha sido condenado por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia retrata que la corrupción, además de robar dinero público, corroe la arquitectura democrática del Estado. Lo peor es que todo eso encuentre la tolerancia, la conveniencia o la complicidad de demasiados gobernantes que, durante años, prefirieron mirar hacia otro lado.

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