La virtud municipal del pragmatismo

Los alcaldes y las alcaldesas afrontan el último curso de mandato con una agenda concreta. La mayoría de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana acometen obras pendientes, nuevos servicios, desarrollos urbanísticos, mejoras en barrios y equipamientos, además de la reconstrucción en las poblaciones afectadas por la dana. A once meses de las elecciones municipales de 2027, la política local vuelve a mostrar su naturaleza reconocible, donde hay menos consigna y más gestión.

De los vecinos no se puede huir. El alcalde se encuentra con ellos en la calle, en el mercado, en una fiesta, en la puerta de un colegio, en una asociación de barrio o en la terraza de un bar. El ciudadano deja de ser una abstracción demoscópica para convertirse en alguien con nombre, rostro, enfado, paciencia, memoria y voto. Esa cercanía no garantiza aciertos, pero sí obliga a una forma de realismo que escasea en la política nacional, cada vez más pendiente del impacto inmediato que de la solución duradera.

Los alcaldes tienen ideología, por supuesto. Y tienen partido. Pero también saben que una ciudad no se gobierna con consignas. Una plaza degradada no mejora con argumentarios. Una familia sin vivienda no puede esperar a que el debate nacional encuentre un titular rentable. Un barrio saturado por el turismo no se ordena desde la comodidad de una trinchera. La inmigración, la vivienda, la convivencia o la movilidad no son carpetas que puedan abrirse y cerrarse a conveniencia, porque son realidades que llaman cada mañana a la puerta del ayuntamiento.

Frente al ruido polarizante, donde demasiadas veces importa más señalar al adversario que resolver el problema, la política municipal conserva la virtud del pragmatismo, no entendido como renuncia a los principios, sino como capacidad de traducirlos en soluciones. En un consistorio, la política se mide por su capacidad de resolver. Y eso fuerza a escuchar, pactar, rectificar y copiar. Sí, copiar, pues pocas prácticas son más útiles en la gestión pública que observar qué funciona en otra ciudad y adaptarlo sin complejos. La buena política municipal se parece menos a una batalla épica que a un taller compartido de soluciones imperfectas.

La paradoja es que, mientras la política nacional premia muchas veces la sobreactuación, la política local castiga el exceso de teatro. Un alcalde puede exagerar en campaña, pero después debe administrar la recogida de basuras, el tráfico, las terrazas, las quejas vecinales, las urgencias sociales, los presupuestos y las obras que siempre llegan tarde. La ciudad reduce la distancia entre promesa y verificación. Por eso también modera. Quien gobierna un municipio aprende pronto que la realidad no cabe entera en una pancarta.

Esa es la gran lección que convendría escuchar con atención. Los ayuntamientos son la primera defensa de la democracia no porque estén libres de conflictos, sino porque concentran los asuntos reales de la vida colectiva. Allí se cruzan la desigualdad, la soledad, la vivienda, el turismo, la inmigración, el envejecimiento, la seguridad, la movilidad y la transición climática. Y allí se comprueba que los problemas complejos no se resuelven convirtiéndolos en munición partidista.

La política municipal enseña que gobernar es sostener una convivencia. También recuerda que la democracia necesita instituciones próximas, reconocibles y eficaces. Cuando un ciudadano deja de creer en todo, todavía puede pedir una cita en su ayuntamiento, presentar una queja, acudir a un pleno, hablar con un concejal o exigir explicaciones al alcalde. Esa proximidad es imperfecta, pero es valiosa. Y en tiempos de populismos y ruido, resulta imprescindible.

Por eso habría que tomar más ejemplo de quienes han aprendido a gobernar desde la cercanía para aprovechar su sabiduría práctica. La mayoría de los mejores líderes han pasado por la escuela municipal, pues han tenido que responder a menudo ante el vecino que se cruza con ellos por la calle cada mañana.

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