El país de las condenas desiguales

La condena a José Luis Ábalos provoca dos reflexiones a la vez. La corrupción política debe castigarse con severidad. Una pena de 24 años de prisión plantea, en cambio, una pregunta sobre la proporción del castigo. Ábalos no merece indulgencia. Fue ministro, secretario de Organización del PSOE y una pieza central del Gobierno de Pedro Sánchez. Utilizó su cargo para prevaricar y, por tanto, debe responder. La corrupción además de sustraer dinero público, daña la confianza en las instituciones y rompe la igualdad de los ciudadanos.

Ahora bien, castigar no exime de medir. La justicia necesita una escala comprensible. Y en este caso se vuelve difícil de explicar cuando se compara la pena de Ábalos con la de otros casos. Eduardo Zaplana, también exministro, fue condenado a diez años y cinco meses por el caso Erial, una trama de comisiones vinculada a adjudicaciones públicas. Más dinero acreditado, menos cárcel. La comparación no absuelve a uno ni condena de nuevo al otro. Señala una diferencia que muchos no entienden.

La sentencia del Supremo parece buscar un efecto ejemplar. Es lógico que la corrupción reciba una respuesta dura tras tantos casos acumulados. Pero la ejemplaridad no debería convertirse en compensación por la benevolencia aplicada antes a otros. El derecho penal no puede funcionar como si fuera un péndulo: indulgente en unos momentos y extremo en otros. También resulta difícil explicar que el empresario Víctor de Aldama evite la prisión por colaborar con la justicia. La ley permite valorar esa cooperación. Pero, ante la opinión pública, queda una imagen que erosiona la percepción de justicia.

El caso llega, además, en un momento en que los tribunales marcan la agenda política. Los partidos los han llevado ahí. Denuncian al adversario, se personan en las causas y convierten cada auto en munición parlamentaria. Así, las sentencias en vez de cerrar debates, lo que hacen es abrir campañas. Pero una sociedad democrática como la nuestra también debe preguntarse si sus castigos son coherentes. Solo desde la proporción, la justicia mantiene su parte de su autoridad.

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