Errores no corrigen otros

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y prohibirle salir de España ha generado un intenso debate centrado no solo en las medidas en sí, sino en la afirmación de que los agentes encargados de la seguridad de la familia del presidente podrían colaborar en una eventual fuga de su esposa. Una afirmación que no puede desvincularse de las revelaciones del caso Leire, pero que aun así resulta difícil de sostener sin elementos que la respalden. No es extraño, por tanto, que el sindicato policial Jupol reclame una rectificación inmediata y rechace que se proyecte una sombra de sospecha sobre los escoltas.

El caso es que esta reacción no puede entenderse al margen de la trayectoria que ha seguido la instrucción. Durante los dos años de investigación, Peinado ha acumulado resoluciones corregidas o limitadas por instancias superiores y actuaciones cuestionadas por numerosos juristas. Nada de ello invalida la causa, pero sí ha contribuido a situar al propio juez en el centro del debate, algo que facilita al PSOE desplazar la atención desde las acusaciones hacia la actuación del instructor. El episodio de los escoltas vuelve a reproducir ese patrón.

De ahí la rapidez con la que han reaccionado ministros y dirigentes socialistas. La apertura de juicio oral contra la esposa del presidente constituye un revés político difícil de minimizar. Sin embargo, las polémicas que acompañan algunas decisiones de Peinado permiten al Gobierno desplazar parte del debate hacia la actuación del juez y reforzar un relato que había perdido fuerza. Aunque las revelaciones del caso Leire dificultan sostener la tesis de la persecución judicial, esta sigue siendo una herramienta útil.

Pese a todo, los errores atribuidos a Peinado no invalidan por sí solos el procedimiento. La apertura de juicio oral refleja que el instructor considera que existen indicios suficientes para someter los hechos a enjuiciamiento. Entre ellos figuran las reuniones mantenidas en Moncloa con empresarios y responsables institucionales, la creación y financiación de la cátedra dirigida por Begoña Gómez, las gestiones realizadas por su entorno para obtener apoyos empresariales y las relaciones establecidas con Juan Carlos Barrabés, también procesado. Será el tribunal quien determine si esos indicios permiten acreditar los delitos imputados.

Precisamente por eso, las dudas que rodean la actuación del instructor pueden convertirse en un recurso político para el Gobierno, especialmente cuando las revelaciones del caso Leire dificultan sostener que toda investigación incómoda responde a una operación de persecución judicial, pero no alteran la cuestión de fondo. La discusión sobre el juez no elimina la necesidad de esclarecer unas actuaciones que deberán ser examinadas durante el juicio y que, como mínimo y con independencia de la sentencia, suscitan serias dudas sobre el uso de las relaciones derivadas del poder político y sobre los estándares de ejemplaridad exigibles a quienes se sitúan en su entorno.

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