Las patas quebradas del Estado de Bienestar

Quienes defendemos que la educación debe ser pública, de calidad e inclusiva, la sanidad universal, los servicios sociales para todos y todas y las pensiones dignas, a menudo somos tildados de utópicos o, peor aún, de radicales. Pero lo que llamamos estado del bienestar no es una fantasía carmesí ni un lujo ideológico; es el sostén mínimo sobre el que se asienta una sociedad de derechos y democrática. El problema es que esas patas que sostienen el estado de bienestar se están quebrando bajo nuestros pies.

En los últimos años, el debate político se ha instalado en el ruido estéril del 'y tú más', mientras de fondo se normalizan discursos reaccionarios. Nos venden la 'libertad de elección' escolar como un mantra liberador, o la rapidez de la sanidad privada como la panacea, ignorando deliberadamente que esos cantos de sirena solo son accesibles para los privilegios de unos pocos. Es la trampa perfecta: se debilita lo público mediante el recorte sistemático para luego señalar su ineficacia y presentar lo privado como la única tabla de salvación.

Sin embargo, el verdadero peligro de esta estrategia no reside en las leyes que se aprueban en los parlamentos, sino en el colapso silencioso de quienes sostienen el sistema.

El estado del bienestar no es un concepto abstracto; tiene rostro, nombres y apellidos. Es la médica de atención primaria que atiende a cuarenta pacientes al día en turnos de diez minutos; es el cirujano que tiene jornadas de 24 horas; es la maestra de infantil que tiene que atender a 25 niños y niñas de diferentes nacionalidades y algunos con necesidades especiales sin apoyos; es el profesor de secundaria que hace malabarismos en aulas masificadas y con temperaturas extremas; es la trabajadora social desbordada ante burocracias infinitas y realidades desgarradoras; es la educadora social que solo puede hacer tareas de vigiliancia y supervisión, porque no tiene ni tiempo, ni recursos para poder hacer su trabajo socieducativo por el que, además, en demasiados casos, le pagan una miseria; es, además, la exposición a situaciones de peligro de todas ellas en este mundo azuzado por la inmediatez y el extremismo.

Hoy, estos sectores están en pie de guerra. Salen a la calle no por capricho, sino por pura supervivencia. Exigir condiciones laborales dignas, contratos estables y ratios humanas no es una reclamación corporativista; es defender la calidad del servicio que recibimos toda la ciudadanía. Cuando una sanitaria se quema o un docente claudica por el estrés, lo que se debilita es nuestra salud y el futuro de nuestros hijos e hijas. Hemos estirado tanto la vocación de todas estas personas profesionales que la hemos convertido en una forma de explotación institucional.

La fragilidad de nuestro sistema social ha quedado al descubierto. No podemos permitir que la desidia política y el negocio de unos pocos desmantelen lo que costó generaciones construir. Apoyar las demandas de los y las trabajadoras de los servicios esenciales no es una postura partidista; es un acto de egoísmo vital. Porque si ellos caen, nos quedaremos sin red. Y en ese 'mundo ideal' que algunos proyectan y nos quieren vender, la inmensa mayoría no tendremos cabida.