La frontera invisible de la desigualdad ya está ahí

España construyó un sistema sanitario universal que garantizaba igualdad. Hoy, el crecimiento de la privada y las dificultades del sistema público están dibujando una frontera silenciosa entre quienes pueden esperar y quienes pueden pagar. Hay fronteras que no aparecen en los mapas pero que determinan la vida de las personas. Una de ellas es el acceso a la sanidad. No se ve, pero crece cada día. La pandemia de la covid-19 nos obligó a mirarla de frente porque, cuando el sistema se tensiona, no todos parten del mismo lugar.

Conviene recordar de dónde venimos. La Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por Ernest Lluch, convirtió la asistencia sanitaria en un derecho vinculado a la ciudadanía, la desligó del empleo y asentó un sistema público, universal y financiado con impuestos. Aquella decisión no solo modernizó el país; construyó un pilar esencial de igualdad. En el actual contexto, resultan preocupantes los planteamientos que proponen restringir el acceso a prestaciones en función de la nacionalidad. Volver a condicionar derechos básicos a quién se es —y no a la necesidad— cuestiona uno de los pilares del sistema: la universalidad. La salud no entiende de pasaportes. Convertirla en un derecho condicionado rompe la equidad y debilita la cohesión social.

La extensión de la Atención Primaria, la creación de centros de salud y la proximidad de la asistencia acercaron la sanidad a barrios y pueblos donde antes no existía. Hubo un tiempo de expansión y de confianza. Pero ese equilibrio se ha ido erosionando. Se ha instalado la idea de que externalizar es hacer más eficiente la gestión. Sin embargo, la realidad es más compleja: la externalización introduce un factor decisivo: el beneficio. Y cuando el beneficio entra, condiciona prioridades, pasando de entender la salud como un bien colectivo a tratarla como un producto al que se accede en función de la capacidad de pago.

La sanidad pública es mucho más que una red asistencial: es un pacto social. Es la garantía de que cualquier persona será atendida cuando lo necesite. Ese principio se resquebraja cuando las decisiones dejan de guiarse exclusivamente por el interés general y pasan a convivir con lógicas de mercado. Lo estamos viendo porque, mientras en la sanidad pública se acumulan las listas de espera, el ámbito privado ofrece respuestas más ágiles para quien puede pagarlas. El resultado es un sistema a dos velocidades. El aumento de los seguros privados responde, en gran medida, a la percepción de que el sistema público no siempre llega a tiempo. No es una elección libre; es una respuesta a la incertidumbre, por eso no es casualidad que, en paralelo, el sector asegurador crezca y consolide su posición. Cuando lo público se percibe insuficiente, el mercado encuentra espacio. Pero ese crecimiento no es neutro: consolida un modelo donde la rapidez en la atención empieza a depender de la capacidad de pago.

A todo ello se suman problemas estructurales: una Atención Primaria tensionada, dificultades para retener profesionales y rigideces en la gestión. No es solo falta de recursos, es también organización. Cuando lo público no responde con agilidad, la derivación a lo privado se convierte en tendencia y quienes quedan fuera de esa doble cobertura son siempre los mismos: personas mayores, pacientes crónicos y familias con menos recursos. Para ellos, cualquier debilitamiento de la sanidad pública es una barrera real. La pandemia nos dejó una lección clara. Los sistemas más sólidos fueron los que contaban con una base pública fuerte. La fortaleza no se mide solo en eficiencia económica sino en su capacidad de proteger a toda la población.

Por eso es necesario replantear el enfoque. No se trata de rehacer el modelo sino de hacerlo funcionar mejor sin perder su esencia. La sanidad no es gasto: es inversión. La frontera invisible de la desigualdad ya está ahí. La cuestión es si vamos a reforzar aquello que la hace desaparecer o si vamos a permitir que siga creciendo. Porque la sanidad pública no es solo un servicio. Es la línea que separa una sociedad cohesionada de una sociedad desigual.