El miedo no sabe contar

Hay una conversación que los españoles llevamos años planteando mal. No porque falten datos, sino porque llegan siempre tarde, cuando el miedo ya ha ocupado el espacio.

Según el INE, a 1 de enero de 2025, España contaba con 49.128.297 habitantes, de los cuales el 14,1 % tenía nacionalidad extranjera y el 19,3 % había nacido fuera del país. La tendencia no se ha frenado: a 1 de abril de 2026, la población ya alcanzaba los 49.687.120 habitantes, con 7.243.561 (14,5 %) extranjeros registrados. El crecimiento demográfico se explica exclusivamente por el aumento de personas nacidas en el extranjero, mientras la población nacida en España disminuye.

Los mayores incrementos de extranjeros durante 2024 correspondieron a colombianos (98.057 más), venezolanos (52.555) y marroquíes (48.306). Por volumen total, los marroquíes siguen siendo la comunidad más numerosa, seguida de rumanos, colombianos, italianos y venezolanos. El sector más dependiente de mano de obra inmigrante es el servicio doméstico, donde los extranjeros representan el 43,5 % de los empleados; en peones agrarios, el 39,6 %; y en hostelería, el 22,4 %.

El motor migratorio de la economía española

Un informe de JP Morgan publicado en enero de 2025 señalaba que la facilidad de integración de los inmigrantes —especialmente los latinoamericanos— es una de las razones por las que España encabeza el crecimiento económico europeo. Según ese análisis, la población en edad de trabajar ha crecido un 4 % desde 2019, casi el doble que en otras partes de Europa occidental.

El think tank Fedea publicó en octubre de 2024 un estudio sobre mercado laboral e inmigración cuyos hallazgos contradicen el alarmismo habitual. En síntesis: los inmigrantes de fuera de la UE ganan aproximadamente un 30 % menos que los trabajadores españoles, pero el 94 % de esa brecha se explica por diferencias de edad, educación, tipo de contrato y sector. Los inmigrantes tienden a tener períodos de desempleo más cortos que los nativos y algunos grupos —particularmente mujeres latinoamericanas— superan las tasas de empleo nativas tras cinco años de residencia. El uso del sistema sanitario es similar al de los españoles de la misma franja de edad. Y la conclusión central del informe resulta inequívoca: «El alarmismo asociado con la inmigración parece estar en gran medida injustificado».

La falacia de vincular inmigración y delincuencia

La autora del informe Fedea, Raquel Carrasco, explica que las tasas de delitos atribuidas a inmigrantes son más altas que las de nativos porque una parte considerable de esa población está compuesta por varones jóvenes con bajo nivel educativo, un perfil que estadísticamente presenta mayor delincuencia con independencia de la nacionalidad.

El entonces director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, lo dijo en el Congreso con precisión: «El 75 % de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles. Y el resto no los cometen inmigrantes, los cometen personas que no tienen el DNI o pasaporte español». La vinculación entre inmigración y delincuencia, añadió, «es una gran equivocación y, sinceramente, me parece una falta de patriotismo».

Según el Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en España lleva trece años a la baja o estable, situándose en 41 delitos por cada 1.000 habitantes en 2024, con un porcentaje de extranjeros del 13,4 % en la población. En 2011, la tasa era de 47,6 delitos y los extranjeros representaban el 12,2 %. El estereotipo del inmigrante como delincuente potencial es lo que el sociólogo Rubén G. Rumbaut llamó una idea zombi: por mucho que la maten con datos, revive alimentada por el siguiente rumor.

Descenso sostenido de llegadas irregulares

Las llegadas irregulares a España descendieron un 42,6 % en 2025 respecto al año anterior, su cifra más baja desde 2019. En el conjunto de la UE la tendencia también fue a la baja, con una caída del 26 % según Frontex. La ruta canaria, que en 2024 registró 46.843 llegadas, en 2025 bajó a 17.788, un 62% menos. En 2026 la tendencia continúa: entre enero y mayo llegaron 10.224 personas de forma irregular, un 35 % menos que en el mismo período del año anterior. La excepción son las entradas terrestres por Ceuta y Melilla, que se han disparado.

Son buenas noticias para quienes miden el fenómeno en número de embarcaciones. Caminando Fronteras mide otra cosa: en 2025 murieron 3.090 personas intentando alcanzar España por mar. Menos pateras, los mismos muertos. El éxito de los acuerdos bilaterales con Mauritania y Marruecos —y de la financiación europea de las guardias costeras de origen— se contabiliza también en cadáveres que ya no llegan a ningún registro oficial.

El reto es institucional, no numérico

Que las cifras macroeconómicas y de seguridad inviten a la calma no significa que el sistema no sufra tensiones. El verdadero desafío de la inmigración en España no es de volumen, sino de gestión territorial. Mientras los datos generales se estabilizan, los recursos de acogida en zonas fronterizas y la distribución solidaria de menores no acompañados entre comunidades autónomas rozan cíclicamente el colapso. Es en esa saturación administrativa y logística —y no en una supuesta invasión— donde el alarmismo encuentra su combustible más real.

Más allá de la retórica y los discursos de trazo grueso, la demografía y la economía españolas se enfrentan a una realidad tozuda. Cuando se encienden las luces de las estadísticas oficiales, el ruido se apaga. El miedo no necesita demostrar nada: le basta con repetirse. Los datos, en cambio, tienen la mala costumbre de obligarnos a mirar la realidad.