La corrupción también se hereda

Cuando el día a día me lo permite —algo cada vez más raro—, me gusta hacer vida ‘de poble’: ‘esmorzar’ sin prisas, quedar con amigos y escuchar el latido de la ciudad para ver qué cuentan sus calles. Ayer me encontré, aunque solo fuera unos minutos, con uno de estos amigos y repasamos a toda velocidad el alud de noticias que ha dejado una de las semanas más intensas que se recuerdan en el ámbito político y judicial. Y eso que venimos de tiempos movidos.

Hablamos de Zapatero, de Pedro Sánchez, de Peinado y, sin saber muy bien cómo, acabamos teorizando sobre las raíces de la corrupción, el franquismo, la memoria histórica, los integrantes de los consejos de guerra, las carreras profesionales de los jueces vencedores y de sus hijos y los pactos de ‘concordia’ de la Transición. Pactos que se convirtieron en papel mojado el día en que alguien, que también fue presidente del Gobierno y abandonó el poder acechado por incontables casos de corrupción, pronunció aquella famosa consigna que tanta obediencia ha generado en determinados ámbitos de la derecha: «Quien pueda hacer, que haga».

Hasta ese momento, hasta el instante de gloria del «Quien pueda hacer, que haga», miles y miles de familias habían tenido que tragarse el dolor, las ganas de justicia, de reparación, de venganza y también de odio en pro de una convivencia pacífica. Sus padres, abuelos, hermanos o hijos habían sido asesinados tras la Guerra Civil y ellos cargaron durante décadas con el estigma de los vencidos: fusilamientos, cárceles, expolios, depuraciones, prohibiciones, humillaciones y un castigo social y administrativo que se prolongó hasta la muerte de Franco. Pero todo quedó supeditado a un bien mayor: el ‘perdón’ y una Transición —«sin ira», como cantaba Jarcha— hacia un sistema democrático y moderno.

Pero aquel sacrificio solo fue posible porque los derrotados aceptaron callar. Por eso, cuando los vencedores dejan de cumplir su parte, el pacto deja de existir. Y es cuando toca revisar qué otras herencias del franquismo siguen presentes, entre ellas una muy importante: la de la cultura del poder y de la corrupción.

Precisamente sobre eso había estado hablando horas antes con el magistrado cullerense Joaquim Bosch. Su tesis es provocadora, pero merece ser escuchada: la corrupción en España no puede entenderse sin el franquismo. No porque antes no existiera, sino porque la dictadura institucionalizó una cultura de la impunidad, del abuso del poder y de la ausencia de controles cuyos efectos, sostiene, todavía proyectan una larga sombra sobre nuestra democracia. La dictadura sacó provecho de todo y de todos: de las posesiones de los perdedores —que, por cierto, nunca fueron devueltas—, de las comisiones urbanísticas, de los servicios más básicos y de los nuevos apartamentos construidos en primeras líneas de playas hasta entonces vírgenes. Se llenaron los bolsillos hasta más no poder y, al llegar la democracia, aquella mala praxis se trasladó, sin que nadie lo cuestionara, a la financiación de los partidos, a las puertas giratorias y a las empresas mixtas, como una termita que roe sin compasión nuestra democracia desde dentro.

Cambiaron los gobiernos, cambiaron las leyes y cambió el régimen. Lo que todavía no ha cambiado del todo es la forma de entender y gestionar el poder. Porque las herencias no son inocuas. También tienen un precio. Y cuando un país asume como propias determinadas formas de ejercer la autoridad, de entender la impunidad o de aceptar el privilegio, acaba pagando esa herencia durante generaciones.