Sobre la crisis democrática y el poder judicial

Las sociedades democráticas complejas se distinguen, en su crisis, por tres rasgos comunes. Los dos primeros se han configurado por cambios económicos, tecnológicos y culturales. Son la densidad y la incertidumbre. Nuestras sociedades, por así decir, se han “apretado”: hay una proximidad globalizadora que se comunica permanentemente en las redes y que presiona para una cierta homogeneidad. A la vez, las sociedades padecen permanentes síndromes de temor, de incerteza: sociedades líquidas y del riesgo. Sabemos que tenemos que reaccionar ante las posibles pandemias, la IA acelerada, el cambio climático o la militarización del mundo. Pero no sabemos cómo. Aparece el tercer rasgo: la creciente ilegibilidad de las instituciones. Si antes fueron refugios seguros frente a las crisis, ahora se convierten, aparentemente, en fuentes mismas del miedo y el desorden. Si actualmente debería ser el gran momento de la política, dirigiendo la pluralidad hacia objetivos compartidos, la densidad de las redes y la incertidumbre omnipresente, construyen una “antipolítica” de furia, rabia y nostalgia de realidades que nunca existieron. Eso afecta a todos, pero especialmente beneficia a la ultraderecha, precisamente a quien frivoliza con la enfermedad, quien defiende a Trump o niega el cambio climático.

Aquí y allá surgen intentos por volver a escribir con términos comprensibles lo que nos ocurre y definir un horizonte probable y mejor. Hasta las denigradas instituciones políticas -menos las gobernadas por populismos de derechas, beneficiarios del caos-, se esfuerzan por aportar algo, una reflexión, una idea, a este diálogo global. Todos saben que si hay que subsistir deberán cambiar. ¿Todos? No. No hay voces caracterizadas en el Poder Judicial que se pronuncien por cambios en este sentido. A veces vienen ideas de reforma técnica, a veces relevantes, pero casi nunca del propio Poder, que tiende a rechazar la novedad, considerada casi siempre como ataque a su esencia. No hay, en fin, propuestas públicas que se enfrenten a la ilegibilidad especial del Poder Judicial, el poder más incomprensible de todos. E incomprensible no por necesidad, sino porque, aunque sus defensores no lo crean, también se contamina por este mundo segmentado, atemorizado, nostálgico. ¿Irá alguien a buscar ayuda global de los jueces? No. A los jueces se les teme. ¡Qué vamos a hacer! ¿Y cómo no, en esta cultura actual, tan abierta, si se empeñan en conservar sus sotanas, puntillas y un lenguaje tendente a lo incomprensible, aunque no sea preciso? El justiciable se convierte en un ser inerte ante una liturgia que recuerda al Dios del Sinaí: el Poder Judicial repite: “Soy el que Soy”. Y punto.

¿Lo hace por maldad, inutilidad o cualquier otra causa contingente? Por supuesto que no. El Poder Judicial tiene por misión canónica hacer Justicia, pero en muchas ocasiones, eso se transforma en una misión harto difícil en época de fakes: establecer qué es la verdad, quién dice la verdad, y extraer de ello consecuencias -castigos o absoluciones-. Pensar que eso lo puede hacer automáticamente, ajustando un par de dispositivos, heredados del fondo de la Historia, es extraordinariamente peligroso.

Pero en este Poder conviven dos formas, dos tipos de acciones distintas en relación con la sociedad. Una se ocupa de lo que Habermas llamaría el mundo de la vida, aunque haya sido regulado jurídicamente: ver qué pasa con una hipoteca, arreglar lo de la herencia, hacer menos doloroso un divorcio, asegurar sus derechos al trabajador despedido… Todo ello tiene un rasgo genérico: no afectan al poder político democrático. Y esa justicia, tan decisiva a veces en la vida ordinaria, en España funciona adecuadamente, con jueces bien preparados y abnegados ante la recurrente falta de medios. Pero luego está el Alto Poder Judicial, aquel que decide en cuestiones esenciales para la democracia, sea el propio gobierno de los jueces y los nombramientos en Audiencias, Consejo, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo o, en definitiva, emitir resoluciones en casos relativos a la política o los poderes económicos. Es ahí donde está el problema.

La legitimidad de la justicia

Decir que unos y otros usan de las mismas reglas es perseverar en discursos inadmisibles. Aquí emerge una cuestión muy grave: la de la legitimidad. Si Legislativo y Ejecutivo -y hasta el alcalde de un pueblo de 100 habitantes- tiene la legitimidad -y la responsabilidad- de haber sido elegidos, el Judicial solo se sostiene -yo mismo lo explico a mis alumnos- en cuanto que aplica descentralizadamente, pero conformando un único Poder, las normas que construyen el “Imperio de la Ley” -la expresión se las trae-. Ello aleja de la realidad casi cualquier idea de justicia, pues los jueces, Pilatos avezados, siempre saben cómo salir del atolladero en caso de conflicto: las leyes las hacen “los otros”, esto es, los políticos.

Pero es verdad a medias: el Alto Poder Judicial tiene tal capacidad de interpretación normativa y de gobernar los diversos sesgos ideológicos que existen en la carrera judicial, que su legitimidad así concebida es irrelevante: los jueces siempre tienen razón porque no conocemos ningún otro sistema que mantenga mejor la paz social. Y entonces mejor no preguntar por su legitimidad. Pero eso agrava la cuestión de la legibilidad, de la desconfianza ante la justicia, del temor a que principios como la equidad y la imparcialidad desaparezcan -se puede ser independiente pero profundamente parcial-. Porque esto no puede sin cerrarse con una respuesta tautológica: si sólo los jueces pueden juzgar -penal o administrativamente- a los jueces, en cuanto que tales, ¿quién quedará convencido de que su legitimidad está a salvo cuando andan metidos en infortunios y denuestos constantes?

Esto es lo que se agrava sobremanera en nuestras sociedades. Los jueces también se vuelven “densos”, se apretujan en torno a una suerte de neopositivismo jurídico, mientras guardan silencio cómplice ante algunas órdenes que, hasta en público, les dan representantes de algunos partidos. Mientras se rasgan las togas ante las críticas de otros o las opiniones de ciudadanos comunes. También tienen miedo. Para el Alto Poder Judicial su prioridad nacional es que no se impugne ni en una coma su estatus. Esto es esencial y va ligado a la política, aunque no siempre a banderías particulares. Pero en España vienen coincidiendo demenciales resoluciones con mandatos al hacer quien pueda, anticipos de sentencias hechos por asesores de prensa, o la vanidad de presumir de que alguien puede entrar por la puerta de atrás para controlar y satisfacer intereses particulares. La conclusión es que quien puede hacer, hace. Lo que aconseja un pensamiento hipeconservador. ¿Digo que eso mediatiza todas las sentencias o las principales o que los jueces de alto standing son todos de derechas? No. No lo creo. Pero sí creo es que hay una línea difusa, una corriente principal que hace que la única lectura posible vaya en ese sentido cuando la ciudadanía se pone a analizar algunas cosas.

La cuestión vuelve a ser la de la legitimidad. El problema no son unas cuantas sentencias de contenido político -algunas impecables-, sino que la forma en que se producen y anuncian, la vanidad que denotan, la ausencia de responsabilidad real ejercible en tiempo razonable y la ausencia de transparencia en comparación con cualquier otro ámbito público, genera que el Alto Poder borroso se vaya condensando, y se torne sospechoso para muchos.

No invocaré las procedencias comunes -parece que la genética es un principio general del Derecho- o la riqueza de familia -de clase- que permite que unos puedan acceder a la carrera con más facilidad que otros; o al sesgo de género o de lugar de estudios -habrá que ver en unos años cuántos vienen de Universidades privadas-. Conozco estudios incompletos y contradictorios sobre estos temas. Pero sí sugiero que hay que ampliar el análisis de la carrera judicial y, sobre todo, del comportamiento acerca del poder político y económico conforme se asciende, precisamente, en ese Poder y te conviertes en alguien a tener en cuenta. Sugiero usar la figura de los “aparatos del Estado” de los que hablara Gramsci: máquinas ideológicas, especiales, autorreproducidas, ligadas a fuentes de hegemonía que generan, con su misma actuación, el relato que justifica su obra; hasta podríamos decir que “cualquier” obra. En este caso es la propia teoría constitucional, en última instancia, que blinda el principio de legalidad y el Estado de Derecho.

Pero, en realidad, no hace falta insistir mucho en eso. Lo que late es más profundo y esencial: es la idea de “inerrancia”: el poder judicial no puede equivocarse. Claro que se equivoca, pero “técnicamente”, esto es: alterando principios de la profesión, y muy pocas veces. Pero no hay errores invalidantes del sistema en su conjunto -como sí se le imputan a Ejecutivo o Legislativo-. Y es que, en el ámbito del Alto Poder Judicial, existe la convicción de que jueces y fiscales deben mantener heroicamente esa visión, confundiendo, si es preciso, independencia con autosuficiencia, porque han cambiado la presunción de inocencia por la presunción de que el Estado -y la Patria- se derrumbará si no coincide básicamente su actuación con otros aparatos del Estado, con los que pueden garantizar la reproducción ordenada del estatus colectivo de los poderosos y de sus símbolos y de su aguda idea de libertad.

Eso es lo que defienden muchos jueces: sus privilegios de superioridad simbólica, derivado de ser unos de los pocos detentadores del monopolio de la violencia simbólica, que diría Bourdieu. Y eso es lo que les convierte en un polvorín ideológico -por buenas que sean muchas de sus sentencias- en tiempos de tanto riesgo y tanta indeterminación. Y no lo notan. No es casualidad que, en la frenética galopada del juez Peinado, lo único que haya supuesto un hecho considerado unánimemente grave, sea su absurdo ataque a la policía. Pero es que la policía es otro aparato del Estado, aunque con un carácter distinto, ni tan lineal ni dócil a sus propias presunciones. Pero en la cosmología conservadora en alza, la policía también emerge como una máquina necesaria para asegurar determinada visión del orden en las puñeteras mentes de muchos que quieren poder hacer.