La inmigración en el relato político español y europeo

El 30 de marzo de 2019 publicamos, en este mismo diario, un artículo con el título La inmigración no es el problema, en el que llegábamos a tres conclusiones principales. En primer lugar, partíamos de la evidencia de que a lo largo de la historia no ha sido posible contener los flujos migratorios desde estados fallidos hacia estados del bienestar, como son en la actualidad los de la Unión Europea. En segundo lugar, todos los datos coinciden en la necesidad de todas las sociedades europeas de incorporar inmigrantes para el funcionamiento presente y futuro de la industria, la agricultura y los servicios en España y en Europa. En tercer lugar, considerábamos entonces y ahora que los poderes públicos tienen que dedicar medios personales, materiales y financieros para la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, preservando siempre la dignidad de las personas.

Lamentablemente han transcurrido más de siete años desde que publicamos el mencionado artículo y los problemas en torno a la inmigración se han agravado. La Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros no solo no han sido capaces de afrontar de manera solvente los problemas que conlleva la inmigración, sino que parecen haberlos incrementado. Salvo excepciones, los inmigrantes no se integran en nuestras sociedades democráticas. Y esta falta de integración ha sido utilizada por partidos y personajes de la extrema derecha para tensionar gravemente a las sociedades europeas. La mayoría de los partidos de extrema derecha en Europa tienen su causa en la inmigración, ya sea la regular o la mal llamada “irregular”. Y esta preocupación es extrema en Alemania y Francia en donde los partidos políticos antiinmigración pueden convertirse en mayoritarios en los próximos años. España no es una excepción, aunque aquí la extrema derecha se alimenta también del fenómeno independentista.

Un indicador de esa polarización, que en algunos casos es extrema, ha tenido lugar el 8 de junio de 2026 en Belfast. Un emigrante de origen sudanés agredió gravemente a un ciudadano norirlandés, que estuvo a punto de ser degollado si un grupo de ciudadanos no lo hubiera impedido. El martes 9 de junio, cuando fue conocido este intento de asesinato, se desencadenaron graves disturbios ocasionados por norirlandeses a modo de venganza; quemando vehículos y viviendas supuestamente habitadas por emigrantes. Y estos disturbios se han extendido a otras grandes ciudades del Reino Unido. Starmer, primer ministro británico, ha condenado los disturbios y ha asegurado que sobre sus protagonistas caerá el peso de la ley. Pero, lo cierto es que estas declaraciones de Starmer no han servido para tranquilizar a los británicos.

Durante la visita del papa León XIV, tanto en el discurso pronunciado el 8 de junio de 2026, en el Congreso de los Diputados, como en sus discursos posteriores, y muy especialmente durante su visita a las Islas Canarias, prestó atención al fenómeno de la inmigración bajo el prisma de la dignidad de las personas. En esta materia la concepción de las personas por la Iglesia Católica y por las democracias constitucionales española y europeas son coincidentes. Nuestra Constitución en su artículo 10 proclama que la dignidad de las personas es el fundamento del orden público y de la paz social. Y esta proclamación trae como consecuencia que en nuestra democracia constitucional no quepa que las leyes, las autoridades, las empresas o los ciudadanos discriminen a los inmigrantes que ya se encuentran en territorio español, sea cual sea su raza o religión. Por esta razón la “prioridad nacional” que parece implicar la discriminación de los inmigrantes es de todo punto inconstitucional.

Pero el fenómeno migratorio no puede ser contemplado únicamente desde la perspectiva de la dignidad de las personas. Otros muchos elementos de juicio deben ser tenidos en cuenta para afrontar el fenómeno migratorio. La respuesta de la Unión Europea al problema migratorio ha sido incrementar el número de normas europeas. El 12 de junio de 2026 entró en vigor el último de los reglamentos de la Unión Europea que integra el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (Pacto que cuenta por el momento con nueve reglamentos y una directiva).

A nuestro juicio el mencionado Pacto se fundamenta en que los europeos tenemos el derecho a preservar nuestro estado de bienestar y nuestro modelo de sociedad democrática, y por ello tenemos el derecho a exigir que los que emigran a la Unión Europea respeten los valores, principios, derechos fundamentales y libertades públicas que figuran en nuestras constituciones y en los Tratados de la Unión Europea. Además, el Pacto pretende poner un freno al relato de los partidos europeos de extrema derecha. Ya no es suficiente que los partidos democráticos, de izquierdas y derechas, se coaliguen para evitar que la extrema derecha llegue al poder.

En el contexto europeo la posición del Gobierno de Pedro Sánchez es diferente al de la mayoría de gobernantes europeos. Mientras los partidos de izquierdas y derechas en Europa se coaligan para evitar que lleguen al poder los partidos de la extrema derecha, particularmente en Francia y en Alemania, en España el PSOE obliga al PP a coaligarse con Vox. El mundo al revés. Así lo está haciendo el PSOE cuando el PP ha ganado las últimas elecciones autonómicas (Comunidades de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) y no ha conseguido la mayoría necesaria para gobernar. Esta estrategia del PSOE tiene por objeto demonizar al PP, como único medio para que pierda las elecciones. Esta estrategia del PSOE, que es el punto central de su relato político es incompatible con la de un partido de estado cuyas políticas, también las electorales, deben tener como objetivo el bienestar de los ciudadanos, a los que debe servir y en caso alguno poner en riesgo la democracia española.

El PSOE y el PP, lo hemos escrito hasta la saciedad en este diario, en particular en esta coyuntura, tendrían que coaligarse o apoyar con la abstención al partido que gane las elecciones autonómicas o generales, dejando al margen a los extremos del arco político; a la extrema derecha y a la extrema izquierda.