Arraigo, la palabra

Hay palabras que parecen inofensivas hasta que se convierten en ley. 'Arraigo' es una de ellas. Suena a raíces, a pertenencia, a ese vecino que conocemos de toda la vida. Pero desde que el Consell ha decidido incluirla como criterio, para adjudicar viviendas de protección pública, esa palabra ha dejado de ser un sentimiento y ha pasado a formar parte de un baremo de adjudicación.

Después del escándalo de Les Naus en Alicante, el Gobierno valenciano necesitaba demostrar que algo cambiaba. Reforzar los controles, exigir que los promotores justifiquen sus adjudicaciones, crear una comisión que vigile al vigilante, todo eso tiene sentido y, de hecho, era necesario.

Ahora bien, conviene preguntarse qué relación tiene una cosa con la otra. El escándalo de Alicante no lo provocaron vecinos recién llegados que se 'colaron' en la lista; lo provocaron personas con información privilegiada por su cargo, lleven dos o veinte años en el municipio. El origen de la medida es impecable y de sentido común, se trata de defender que los vecinos de un pueblo o un determinado barrio no se sientan expulsados y puedan acceder a una vivienda en lo que ha sido su entorno de vida, estos deberían tener alguna garantía de no quedar fuera de las viviendas que se construyen en su propio municipio, sobre todo cuando ven cómo sube el precio de su calle por la llegada de compradores foráneos que no siempre lo hacen con la intención de convertir aquello que adquieren en su vivienda habitual.

Pero vamos un poco más allá. Esta incorporación llega en el mismo paquete legislativo con el que el Consell ha sellado su pacto presupuestario con Vox, partido para el que el arraigo no es un detalle técnico, sino el eje de su modelo de 'prioridad nacional'. Por tanto, que una palabra tan cargada políticamente aterrice justo ahora en la ley de vivienda no es una casualidad inocente.

Y además, aquí aparece una gran contradicción, que el debate del arraigo prefiere obviar. A quien le exigimos años de residencia es al vecino con pocos recursos que aspira a un piso protegido. A quien no le pedimos ni un solo día de arraigo es al inversor que compra un edificio entero para convertirlo en apartamentos turísticos. Llegan sin raíces, pagan al contado y por encima del precio de mercado, y en pocos meses transforman un barrio: suben los alquileres, expulsan a quienes llevaban allí toda la vida y convierten calles enteras en zonas de paso para maletas con ruedas. A ellos el mercado libre no les pide ningún baremo. El arraigo, parece, solo existe para quien tiene poco poder adquisitivo.

El debate de los pisos turísticos va en esa misma dirección. Cada vivienda que se retira del alquiler residencial para explotarla por noches es una vivienda menos para quien necesita vivir en ella, no para quien viene de visita.La paradoja es evidente: el arraigo se aplica con mano dura a quienes tienen menos, y se vuelve invisible en cuanto entra en juego el capital.

Quizá lo más honesto sería separar las dos conversaciones que el Consell ha mezclado en una sola ley. Una es la de la transparencia y el control, que nadie discute. La otra es la de a quién consideramos 'de aquí' cuando hablamos de derechos básicos como techo. Corremos el riesgo de generalizar el término, porque, si el arraigo empieza decidiendo quién accede antes a una vivienda pública, no tardará en aparecer como argumento para decidir quién accede a una beca, a una plaza escolar o a una ayuda social. Y entonces ya no estaremos hablando solo de vivienda, sino de a quién hacemos pagar el precio de la escasez y a quién se lo perdonamos sin preguntas.

La medida actual resulta difícil de defender sin matices, ya que establece reglas que pueden ser instrumentalizadas y acabar teniendo un uso torticero. Por tanto, convendría esforzarse algo más en la búsqueda de soluciones reales que aborden el problema grave de fondo que es la escasez de vivienda pública, y que se sepa, el arraigo no construye un solo piso más.