Más allá del profesionalismo: la ciudadanía como recurso público

Dice Seymour B. Sarason, en su libro Revisiting ‘The Culture of the School and the Problem of Change’, que el culto al profesionalismo alcanzó su punto álgido en los Estados Unidos de América tras la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en el contexto de la redefinición de un Estado que asumía la responsabilidad de satisfacer nuevas necesidades de la ciudadanía y de hacerlo, además, a través de profesionales altamente cualificados. Ya fuera a través de instituciones públicas o de empresas privadas subvencionadas por el Estado, la consecuencia inmediata de esta apuesta por el profesionalismo fue la necesidad de dotar al Estado de unos presupuestos cada vez más expansivos.

Lo cierto es que, pese a que el paradigma profesional se estableció en una época de abundancia, Sarason señala que los recursos nunca fueron proporcionales a la misión, ni siquiera en los momentos de mayor bonanza económica. Ni la Educación, ni la Sanidad, ni la Asistencia social recibieron jamás las partidas presupuestarias que les habrían permitido contar con el número de profesionales necesario para responder con éxito a la magnitud de su misión. Cuando la crisis económica de los años setenta borró para siempre el concepto de abundancia del horizonte ideológico, el neoliberalismo cuestionó no sólo los presupuestos expansivos del Estado, sino la idea misma de que éste tuviera que actuar como nexo entre el profesionalismo y las necesidades de la ciudadanía. En su lugar situó al mercado. Desde esta posición hegemónica, los criterios mercantiles empezaron pronto a definir qué debía entenderse, a su vez, por profesionalismo y necesidad. (La misma lógica había caracterizado a la administración estatal; tal y como denunció la Nueva Izquierda durante los años sesenta, las burocracias tampoco solucionaban verdaderamente los problemas, sino que se limitaban a gestionarlos.)

Continuamos instalados en el mismo impasse. De un lado, los Estados no consiguen movilizar los recursos que permitirían reactivar el nexo entre el profesionalismo y la solución de las urgencias sociales a través de sus instituciones, lo que ha dado lugar a un creciente malestar entre los trabajadores y usuarios de los servicios públicos (véanse las huelgas en Educación). De otro, por definición, el mercado sólo cubre las necesidades de quien puede costearlas, lo cual no sería un problema si no fuera porque se ha mostrado incapaz de distribuir la riqueza de manera equilibrada entre todas las capas de la sociedad, con una tendencia a la concentración y la desigualdad.

En su libro, Sarason se atrevía a proponer, como alternativa, un modelo de institución pública que no puedo sino asociar con el que en otra columna de este mismo diario identifiqué como la propia de un Estado generoso (15 de abril de 2025). Esta apuesta no es incompatible con la necesidad de que el Estado amplíe su capacidad presupuestaria a través de cualquiera de las estrategias históricamente encaminadas a tal fin, como leyes impositivas más justas. Tampoco lo es con que siente las bases de un mercado capaz de generar riqueza para todos, forzando un progresivo aumento de los salarios medios y bajos. Me atrevería a decir que la relación entre estas vías tradicionales y la propuesta de Sarason es, en realidad, una de dependencia mutua: o van juntas, o ninguna funcionará por separado.

Según Sarason, la única manera de escapar de la renuncia neoliberal es que las instituciones del Estado avancen hacia un entendimiento de los recursos que no esté dominado por los criterios de alto profesionalismo ni que, por lo tanto, requiera de las ingentes partidas presupuestarias que han de sufragarlo. En otras palabras: en vez de consistir únicamente en burocracias de profesionales altamente cualificados (caros como son), las instituciones también deberían abrirse a incorporar los recursos de las propias comunidades. Eso no significa que las instituciones no requieran profesionales cualificados, sino que deberían encontrar formas simbióticas de estrechar vínculos con las comunidades en una relación de enriquecimiento y fortalecimiento mutuo. Así, las comunidades podrían intervenir activamente en la satisfacción de sus problemas y necesidades; es más, con el debido respaldo institucional, sus miembros tendrían la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades a la vez que participan en experiencias valiosas en equipos mixtos de vecinos y profesionales. Por su parte, las instituciones también mejorarían su capacidad de intervenir adecuadamente en las comunidades, haciéndose cargo de su idiosincrasia local, y canalizando sus recursos de maneras más ajustadas a sus problemas específicos.

A la postre, Sarason está pidiendo al Estado que invente y establezca nuevas vías de participación para la ciudadanía, más allá de la oposición entre el «usuario pasivo» y el «empleado público profesional»: nuevos mecanismos institucionales que reconozcan y permitan aprovechar los recursos de una ciudadanía cada vez más diversa para ponerlos al servicio del bien común.

Creo que aquí se halla el futuro de una sociedad democrática, más que en la inteligencia artificial.