Los acuerdos son para el verano

En el País Valencià, salvo la anomalía ultra de Vox, existe un consenso transversal construido entre sindicatos de clase, patronal, movimientos sociales, partidos políticos y Universidad sobre cómo debe ser el nuevo sistema de financiación autonómico para acabar con años de marginación, maltrato e infrafinanciación que han debilitado los servicios públicos, mutilado la posibilidad de reindustrializar un país empobrecido por el turismo y asfixiado con más deuda.

Después de décadas de incumplimientos bipartidistas e invisibilidad del conflicto valenciano en la M-30 llega la hora de la verdad, de la defensa del autogobierno y de un trato justo para las valencianas. Para ello, urge priorizar la agenda valenciana compartida sobre el partidismo, las trincheras, el inmovilismo y el ruido.

La propuesta de financiación autonómica cumple por primera vez, desde 2014, con las demandas valencianas e incorpora tras la DANA un fondo para prepararnos y mitigar el cambio climático. Una propuesta justa que supone que dispongamos de 3.669 millones más para mejorar servicios públicos, derechos sociales y el modelo productivo.

La propuesta, como acordamos en el acuerdo de investidura Compromís-PSOE, incluye una condonación parcial de 11.000 millones de euros, así como que los objetivos de déficit autonómicos sean asimétricos para mitigar la infrafinanciación. Una medida importante pero insuficiente. Debemos seguir trabajando para la condonación total de una deuda histórica que nos es nuestra responsabilidad. También, debemos resaltar el cumplimiento, por primera vez en 19 años, de la financiación del 50 % de la ley de dependencia lo que supone una inyección adicional hasta 2027 de 535 millones o de 99,6 millones del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) que se adeudaban desde 2013. Queda pendiente, y debe espabilar el Ministerio de Seguridad Social, la abultada deuda del FOGA. También hemos conseguido liberar el superávit municipal para que el remanente no se quede en los bancos y se pueda ejecutar de forma plurianual para la compra o construcción de vivienda pública.

Otra de las injusticias históricas ha sido la baja ejecución presupuestaría en nuestro territorio, una realidad que confronta con la de Madrid DF. En la presente legislatura hemos priorizado la ejecución del corredor mediterráneo, con una ejecución real desde 2023 de 3.860 millones, clave para la economía productiva y para recuperar las frecuencias de cercanías de Castelló-València. En cambio, la ejecución y mejora de las cercanías deja mucho que desear, aunque debemos destacar que, con 20 años de retraso, por fin, existe una Declaración de Impacto Ambiental para empezar la variante de Torrellano que conecta en tren el aeropuerto de l’Altet. Aunque para muchos no resulte intuitivo, existe parte de la no inversión territorializada, que defendemos como un logro ya que supone no haber ampliado contra la ciencia puertos y aeropuertos.

El PSOE sabe que si quiere los votos de Compromís para los PGE debe haber una inversión acorde al peso poblacional, especialmente para los más de 2 millones de habitantes que viven en las comarcas de Alacant. Pero, también deberán ser inversiones sostenibles y socialmente justas.

El Consell de Pérez Llorca debe representarnos a todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no a Feijóo ni Ayuso. Después, nada más volvamos del verano, nos tocará a los diputados valencianos defender y mejorar un acuerdo para disponer de una financiación autonómica justa, una condonación de la deuda mayor y mayor capacidad fiscal para nuestro autogobierno.

Aprovechemos que los togados no trabajan en agosto para que no descarrile antes de tiempo una legislatura que debe concluir con una financiación justa para las valencianas, la condonación de la deuda e inversiones para nuestra economía productiva y movilidad sostenible.