Anatomía de la corrupción y hartazgo de los jueces españoles

La corrupción está inscrita en el ADN de los humanos, de manera que hay que aceptar que se manifieste en la vida privada o en la pública, lo que no obsta para combatirla por todos los medios legales posibles. En democracias como la española, como en todas las democracias europeas, se utiliza contra la corrupción el instrumento de la legislación penal, pero apenas se utiliza la educación de los ciudadanos en los valores de la honestidad.

En las sociedades europeas más avanzadas los ciudadanos no toleran la corrupción de los poderes públicos y cuando se descubren casos de corrupción la presión social es tan considerable que los políticos o funcionarios responsables son conminados a dimitir de sus cargos y son juzgados y condenados.

Lo que resulta sorprendente en España es que los partidos políticos y los gobiernos, sea cual sea su tendencia ideológica, hayan construido un relato defensivo y ofensivo prácticamente idéntico ante la corrupción. Veamos lo que podríamos llamar la anatomía de la corrupción.

Primero: A lo largo de la democracia ningún gobierno, administración pública o partido político ha detectado conductas corruptas en sus gobernantes, funcionarios, líderes o militantes. Los controles internos de los gobiernos, partidos políticos y administraciones públicas no han funcionado. Y esta constatación supone que: o bien los que deben controlar no están a la altura de sus funciones; o la corrupción es consentida; o el gobierno, partido político o administración pública son corruptos. La corrupción ha sido descubierta en España por la prensa, por delatores, o por corruptos arrepentidos.

Segundo: La reacción inmediata de todos los partidos políticos y gobiernos cuando se han denunciado casos de corrupción que afectaban a sus militantes, líderes o miembros del gobierno o de las administraciones públicas ha sido: por una parte, negarla rotundamente; y por otra, acusar y descalificar a los denunciantes. Cuando el denunciante es un partido político rival, sin excepción, se le recuerda al partido político en cuestión sus casos de corrupción, el conocido como “y tú más”, que no hace sino descalificar a ambos partidos políticos.

Tercero: Si las presuntas corrupciones llegan al ámbito judicial como primera diligencia se analiza con lupa la ideología del juez o jueces y si dictan resoluciones judiciales contrarias a miembros del gobierno, de partidos políticos o de administraciones públicas, sea cual sea su ideología, éstos cargan las tintas contra el juez instructor y sobre la policía judicial. Por todos los medios disponibles, los respectivos gobiernos, partidos políticos y administraciones públicas, se dedicarán a desprestigiar al juez o tribunal y se sostendrá que la investigación, y en general el procedimiento judicial, se trata de una confabulación de jueces en contra del gobierno del partido o de la administración pública en cuestión: es la denominada lawfare.

Cuarto: Cuando las pruebas o indicios de corrupción son difícilmente rebatibles los gobiernos, administraciones públicas o partidos políticos se distancian de los investigados; se les cesa en el gobierno o administración o se le expulsa del partido. Y se sostiene que se ha actuado con contundencia frente a la corrupción; cuando todas las evidencias prueban lo contrario. Y a las preguntas de los periodistas los líderes de los partidos o portavoces del gobierno o administración dirán que la persona o personas en cuestión ya no son miembros del gobierno o militantes del partido, por lo que nada tienen que decir; el investigado se convierte en una especie de apestado: El gobierno o el partido político construirán un relato en que aparecerán como perjudicados. Solo en algunos casos excepcionales se apoyará hasta el final al investigado.

Quinto: Si la sentencia que se dicte por un Tribunal es condenatoria de la persona o personas que fueron investigados se dirá reiteradamente, por los líderes y miembros del partido, del gobierno, o de la administración, que se respeta y se acata la sentencia. Pero lo cierto es que no se muestra el menor respeto ni por la sentencia ni por los jueces que la han dictado. En realidad, solo se respetan y acatan las sentencias favorables y se demonizan con relatos increíbles las sentencias condenatorias, aunque afecten a personas que se decía que ya no eran del partido político, del gobierno o de la administración.

Como en todas las organizaciones humanas, entre ellas la judicatura, existen jueces excelentes y de gran honestidad y en el otro extremo existen jueces que son corruptos. Los casos más llamativos fueron los de Pascual Estevill, que siendo un abogado en ejercicio fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo a propuesta de Convergencia y Unió liderada por Jordi Pujol. Hay también jueces conocidos como jueces estrella, que se consideran por encima de la Ley, como Baltasar Garzón. Ambos finalmente fueron condenados y expulsados de la carrera judicial. También hay jueces negligentes, ignorantes o prevaricadores. Pero se trata de excepciones en un conjunto de más de cinco mil jueces y magistrados que cumplen su función de manera correcta y en muchas ocasiones excelente.

La crítica de los jueces y de las resoluciones judiciales no forma parte de las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a los gobiernos estatal, autonómicos y locales, ni a los partidos políticos. Se trata de una intromisión de considerable gravedad de los partidos políticos o de los poderes ejecutivos y de las administraciones públicas en la independencia del poder judicial, con el agravante de que los jueces y tribunales están indefensos ante el acoso que sufren de los antes mencionados, pues no pueden ni deben, ni en sus resoluciones judiciales ni al margen de ellas, criticar las políticas de gobiernos o administraciones, ni a los partidos políticos que no se sustenten en vulneraciones del ordenamiento jurídico.

Las críticas a las resoluciones judiciales corresponden a las partes en los procesos judiciales que pueden recurrir ante otros órganos judiciales españoles o europeos. Y también corresponden a los juristas, a los comentaristas de los medios de comunicación y en general a los ciudadanos.

No es extraño que los jueces y magistrados españoles estén hartos del acoso que sufren por gobiernos y partidos políticos sin que ni las Cortes Generales, que representan al pueblo soberano, ni el Consejo General del Poder Judicial defiendan la independencia de jueces y magistrados que son imprescindibles para la buena salud de nuestro Estado Social y Democrático de derecho.