La financiación valenciana necesita una voz común

La Plataforma pel Finançament Just nació con el propósito de articular una posición común ante uno de los principales problemas estructurales de la Comunitat Valenciana, un sistema de financiación autonómica que durante años ha situado sus recursos por habitante por debajo de la media. La iniciativa consiguió reunir a empresarios, sindicatos y las principales fuerzas políticas alrededor de unas reivindicaciones compartidas. La reforma del modelo, la compensación de la deuda derivada de la infrafinanciación y la creación de un fondo de nivelación transitorio constituyeron durante años el núcleo de ese acuerdo.

La plataforma tuvo, además, una virtud relevante. Permitió que la financiación dejara de ser únicamente un asunto de confrontación partidista y se convirtiera en una demanda respaldada por buena parte de la sociedad valenciana. Los estudios técnicos, las declaraciones institucionales y las movilizaciones contribuyeron a consolidar un diagnóstico que hoy está ampliamente reconocido. Sin embargo, ese espacio de entendimiento se encuentra ahora paralizado, justo en el momento en que el Gobierno ha planteado una reforma que, según sus estimaciones, aportaría cerca de 3.700 millones de euros adicionales al año a la Comunitat Valenciana.

La propuesta debe ser analizada con rigor. Es legítimo considerar que puede mejorarse, reclamar que nuestra autonomía alcance plenamente la media de financiación o exigir una solución más amplia para la deuda acumulada. Pero cualquier mejora requiere participación, negociación y capacidad de interlocución. La ausencia de actividad de la plataforma resulta, por ello, difícil de entender. Su función no debería limitarse a escenificar acuerdos ya cerrados, sino también a favorecerlos cuando las posiciones políticas se distancian. La existencia de discrepancias entre el PP y el PSPV no reduce la necesidad de este espacio; la hace más evidente.

El Consell mantiene su rechazo a la propuesta estatal y reclama un fondo de nivelación, mientras el Gobierno central sostiene que ese instrumento perdería sentido si el nuevo modelo entra en vigor. En este contexto, la financiación corre el riesgo de quedar de nuevo sometida a las estrategias nacionales de los partidos. La sociedad civil valenciana debería actuar como elemento de equilibrio. Empresarios y sindicatos tienen legitimidad para exigir que las instituciones negocien, que se publiquen los cálculos necesarios y que cualquier decisión se adopte atendiendo a los intereses generales de la Comunitat Valenciana. No se trata de respaldar sin reservas la propuesta del Gobierno ni de asumir como definitivas sus cifras. Se trata de evitar que una oportunidad de reforma quede bloqueada antes de que se produzca una discusión efectiva sobre sus contenidos.

La proximidad del debate presupuestario en las Corts refuerza esa necesidad. Las cuentas de la Generalitat están directamente condicionadas por los ingresos que proporciona el sistema autonómico. La financiación determina la capacidad de sostener la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de los servicios públicos, pero también el margen para desarrollar políticas económicas, industriales y de reconstrucción. Por ese motivo, el debate sobre los presupuestos no puede separarse del debate sobre el nuevo modelo. El Consell debe explicar con claridad qué efectos tendría la propuesta sobre las cuentas valencianas, qué aspectos considera insuficientes y qué alternativas concretas defenderá en la negociación. También corresponde a la oposición actuar con coherencia y mantener sus reivindicaciones con independencia de qué partido gobierne en Madrid o en la Generalitat.

La Plataforma pel Finançament Just desempeñó un papel esencial al construir un consenso valenciano que durante mucho tiempo pareció difícil de alcanzar. Ese patrimonio institucional y social no debería darse por amortizado. La infrafinanciación no está resuelta porque exista una propuesta sobre la mesa. Pero tampoco podrá resolverse si la Comunitat Valenciana renuncia a participar de forma conjunta y activa en su discusión.

En el momento en que se decide una parte sustancial de los recursos futuros de la Generalitat, la sociedad valenciana necesita recuperar una voz compartida. Mantenerla en suspenso supone dejar exclusivamente en manos de los partidos una cuestión que afecta al conjunto de la ciudadanía.

Suscríbete para seguir leyendo