Aviso a la caverna: nuestros derechos no son negociables

Hay propuestas políticas que, más que resolver problemas, sirven para enviar mensajes. La reciente reivindicación por parte del líder de la oposición de una ley que reconozca los derechos del concebido “desde el minuto uno”, pertenece a esa categoría. No responde a una demanda social ni a un vacío jurídico. Responde, sobre todo, a una batalla cultural en la que el cuerpo de las mujeres vuelve a convertirse en el principal campo de disputa.

Resulta llamativo que quienes apelan constantemente a la libertad individual, estén dispuestos a restringir esa misma libertad cuando quien decide es una mujer sobre su propio cuerpo. Del mismo modo, llama la atención que quienes dicen defender la vida oponiéndose al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, criminalicen con la misma contundencia a las y los menores migrantes no acompañados, como si ahí no hubiese una vida que atender, un proyecto vital que cuidar. La verdadera medida del compromiso con la vida no está en los discursos solemnes sobre el primer minuto de la gestación, está en cómo tratamos a quienes ya han nacido, especialmente cuando son menores, pobres y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ninguna democracia puede construirse negando la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. Cuando una fuerza política se radicaliza y pretende convertir un embarazo en una cuestión sobre la que otros deciden, conviene preguntarse qué lugar reserva a las mujeres y qué papel pretende asignarles en la sociedad.

Resulta profundamente triste comprobar cómo debates que creíamos superados resurgen cada vez que los ultras agitan la coctelera de la misoginia. Existía un consenso democrático básico: que los derechos de las mujeres no podían volver a convertirse en moneda de cambio de las estrategias políticas. Sin embargo, volvemos a comprobar que siempre hay quien está dispuesto a cuestionar nuestra libertad si con ello obtiene rentabilidad electoral.

No deja de sorprender que quien hace apenas unos años pretendía proyectar una imagen de moderación haya decidido recorrer ese camino. O quizá no sorprenda tanto. En política hay quienes marcan el rumbo y quienes terminan siguiéndolo. Y cuando el liderazgo se disputa en el terreno ideológico, siempre aparece la tentación de demostrar quién está dispuesto a retroceder más.

Conviene recordar, antes de que el ruido vuelva a ocuparlo todo, que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no apareció por generación espontánea. Fue una conquista del movimiento feminista, construida durante décadas por mujeres que se organizaron, dieron la cara, rompieron silencios y pagaron un precio muy alto por defender algo tan sencillo como revolucionario: que la maternidad solo puede ser libre si también existe la posibilidad de no ser madre.

Durante tiempos pasados que algunos añoran, las mujeres no decidíamos sobre nuestros cuerpos. Decidían las leyes franquistas, la Iglesia, los jueces, los médicos, las familias y una sociedad profundamente patriarcal que entendía que nuestro destino natural era la maternidad, con independencia de nuestra voluntad.

No hablamos de un pasado remoto. Hablamos de miles de mujeres que hace pocas décadas se veían obligadas a continuar embarazos que no deseaban. Hablamos de abortos clandestinos, inseguros y humillantes. De miedo. De culpa. De desigualdad. Porque quien tenía recursos encontraba soluciones, mientras las más vulnerables ponían en riesgo su salud e incluso su vida.

Por eso, el derecho a decidir nunca ha sido únicamente un debate sobre el aborto. Ha sido, y sigue siendo, un debate sobre la libertad. Sobre quién toma las decisiones que afectan al cuerpo de una mujer y quién tiene la última palabra. Y la respuesta del feminismo lleva décadas siendo la misma: nosotras. No el Estado. No un partido político. No quienes utilizan nuestros cuerpos como escenario de sus batallas ideológicas. Y mucho menos un señor que jamás tendrá que enfrentarse a un embarazo no deseado o una señora que, gracias a su posición económica, siempre podrá acceder a un aborto seguro mientras pretende que las mujeres que no pertenecemos a su élite volvamos a la clandestinidad.

Nadie obliga a una mujer a interrumpir un embarazo. Pero tampoco nadie puede obligarla a continuarlo. Esa es la esencia del derecho a decidir, y conviene repetirlo tantas veces como haga falta.

Cada vez que alguien propone modificar el marco jurídico que protege ese derecho conviene preguntarse qué problema pretende resolver. Porque no se trata de ampliar derechos. Se trata de dejar claro a las mujeres quién manda sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestros proyectos de vida.

Y eso tiene una enorme carga simbólica.

Porque cuando un derecho consolidado vuelve a ponerse encima de la mesa no se está presentando únicamente una propuesta legislativa. Se está enviando un mensaje político: que aquello que las mujeres conquistamos puede retroceder si cambian las mayorías parlamentarias o si resulta electoralmente conveniente.

Ese mensaje no es nuevo. Ya lo escuchamos hace poco más de una década, cuando el intento de restringir drásticamente el derecho al aborto provocó una respuesta social extraordinaria. Miles de mujeres y hombres recorrimos España en el Tren de la Libertad para recordar algo que sigue plenamente vigente: nuestros derechos no son negociables. Aquella propuesta se detuvo y un ministro terminó dimitiendo. Conviene no olvidarlo.

Aquella movilización no fue solo una protesta. Fue una declaración colectiva de dignidad. Y hoy ese recuerdo vuelve a cobrar sentido, porque quienes creen que pueden reabrir este debate sin encontrar resistencia se equivocan profundamente. Las mujeres sabemos perfectamente lo que significa perder derechos. Lo sabemos porque nuestra historia está llena de retrocesos cada vez que la democracia ha flaqueado o cuando el poder ha considerado que nuestros cuerpos podían convertirse en territorio político.

Si hace falta, volveremos a organizarnos. Volveremos a llenar las calles. Porque nadie debería cometer el error de pensar que las mujeres hemos olvidado cómo se defienden los derechos cuando alguien intenta arrebatárnoslos.

Así que, un aviso para quienes añoran la caverna: no pasaréis.