La corrupción de todos los días

Los corruptos que no han sido investigados ni acusados judicialmente parecen disfrutar de una felicidad y una libertad semejantes; en cambio, quienes han sido juzgados y condenados por corrupción son infelices cada uno a su manera. Adaptar así la célebre frase inicial de Ana Karenina, de León Tolstói, permite distinguir las distintas condiciones y formas de corrupción que se manifiestan en el espacio político, dejando al margen, en estas líneas, las que pertenecen a otros ámbitos. ¿Por qué un político o un funcionario de las administraciones públicas utiliza su cargo para obtener beneficios particulares con la connivencia de otros? ¿Lo hace por codicia, por asegurarse una vida sin problemas económicos, por alcanzar un estatus social que le permita disfrutar de los beneficios del mercado o porque el sistema en el que vive se lo consiente?

En todo caso, conviene estudiar la biografía de cada corrupto para determinar qué circunstancias lo condujeron a corromperse. ¿Fue la ausencia de una cultura moral estricta la que le impidió rechazar el beneficio obtenido a costa de los presupuestos públicos? ¿Fueron las condiciones legales y políticas de un Estado las que le permitieron aprovechar su cargo para obtener ventajas particulares? Para Thomas Nagel, profesor de la Universidad de Nueva York, la corrupción política no debe medirse únicamente por el incremento financiero o patrimonial, sino también por el comportamiento en el espacio público, como mostró el caso de Clinton con la becaria.

Además, hay quienes consideran que recibir comisiones de empresas a cambio de facilitarles una licitación no perjudica directamente al erario público. Una diputada argentina, durante la etapa de Cristina Kirchner, distinguía entre quienes simplemente se apropiaban del dinero público —el corrupto puro— y quienes promovían obras públicas útiles para la ciudadanía y, a cambio, recibían coimas, es decir, sobornos destinados a acelerar o favorecer un expediente. Esta segunda forma de corrupción le parecía más disculpable.

La corrupción política suele implicar a personas, grupos, colectivos o partidos que buscan obtener un beneficio individual o compartido, como ocurre en determinadas organizaciones mafiosas. Los partidos también utilizan la corrupción de sus adversarios para desgastarlos, conscientes de que la percepción ciudadana puede disuadir a los votantes de prestarles apoyo. Los medios de comunicación, conocedores de su impacto, destacan a los investigados judicialmente aunque todavía no hayan sido juzgados, mientras invocan de manera retórica la presunción de inocencia. Esa cautela formal suele servir de poco para evitar que la opinión pública anticipe una culpabilidad difícil de revertir, hasta el punto de que, en algunos casos, puede provocar el abandono de una trayectoria política.

Desde hace dos décadas, los análisis y publicaciones sobre la corrupción han experimentado una notable expansión —basta comprobarlo en Google Académico—, más allá de los casos históricos vinculados a las élites, como el duque de Lerma en el siglo XVII o María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, cuarta esposa de Fernando VII, y también más allá de la picaresca popular del Buscón, orientada a sobrevivir en condiciones de miseria. La sensibilidad ciudadana ha tomado conciencia de un problema que antes permanecía oculto o disimulado.

Sin embargo, resulta difícil alcanzar una definición consensuada de corrupción política —o de cualquier otra forma de corrupción— que no sea excesivamente generalista: aquella que atenta contra el bien común y se ajusta al derecho positivo que tipifica como delito el cohecho, el fraude, la extorsión, el soborno, el tráfico de influencias o el nepotismo. Muchos países recogen estas prácticas en sus códigos penales, aunque todavía existen, incluso en democracias, ámbitos del derecho urbanístico o de la regulación del litoral en los que la consideración penal difiere.

Algunos creen que la corrupción forma parte de la condición humana y resulta imposible erradicarla. Sin embargo, con libertad económica, reducción de las desigualdades e instituciones democráticas sólidas —variables muchas veces difíciles de concretar en la práctica— es posible reducirla de forma significativa, incluso abolirse casi por completo.

¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre Rodrigo Rato y José Luis Ábalos, ambos vinculados a casos de corrupción? Sus procedencias sociales son muy distintas. Rato, economista, procede de una familia acomodada, con fuerte arraigo en las élites económicas; fue director de banco, vicepresidente del Gobierno, director gerente del FMI y propietario de un inmueble de 300 metros cuadrados en una zona privilegiada de Madrid, así como de una finca de dos hectáreas en Carabaña. Se casó dos veces y tuvo tres hijos, formados en el Reino Unido y Estados Unidos.

Ábalos, en cambio, procede de una familia obrera. Su padre, casado dos veces, intentó triunfar en la tauromaquia y emigró de Cuenca a Valencia (Torrent). Tuvo seis hermanas, se licenció en Magisterio tras estudiar en el instituto El Cid y, al mismo tiempo, trabajó en una tienda, en una gestoría y ayudó en el negocio familiar de fabricación de muñecas decorativas. Militó inicialmente en el PCE y después en el PSOE valenciano, donde consiguió articular un grupo de militantes de condición semejante a la suya y fue secretario general provincial.

Fue jefe de gabinete con Burriel en la Delegación del Gobierno y en la Conselleria de Trabajo. Apostó por Zapatero mientras la federación valenciana apoyaba mayoritariamente a Bono en el congreso de 2000, y lo mismo hizo con Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Se casó tres veces, tuvo cinco hijos, y amantes.

Si se comparan las penas impuestas a uno y otro, las diferencias resultan llamativas. Rato pasó dos años en prisión y obtuvo la libertad condicional; Ábalos, en cambio, podría permanecer encarcelado durante un periodo más prolongado. Seguramente los tribunales tendrán sus razones para imponer esas penas, pero, aun así, la desproporción aparente invita a reflexionar sobre los criterios sociales, jurídicos y políticos con los que se castiga la corrupción.