La voz que le falta al ministro España

La infrafinanciación valenciana ha dejado de ser solamente un problema de recursos. Se ha convertido en una prueba de madurez colectiva que los partidos valencianos suspenden cada vez que anteponen sus obediencias madrileñas al interés de quienes viven aquí. Durante años compartieron diagnósticos, reclamaron justicia y denunciaron una discriminación reconocida por expertos, instituciones y ciudadanía. Ahora, cuando existe una propuesta concreta, reaparecen los cálculos electorales y el silencio cómplice.

La Comunitat Valenciana no puede resignarse a contemplar cómo una cuestión decisiva para su futuro queda atrapada entre Génova y Ferraz, entre el Palau y la Moncloa, especialmente ahora que los presupuestos de la Generalitat están a punto de aprobarse. Hablamos de hospitales, colegios, dependencia, vivienda, reconstrucción, industria y protección social. En definitiva, del dinero necesario para reducir desigualdades, garantizar oportunidades y sostener los servicios públicos. Cada aplazamiento tiene consecuencias cotidianas porque empeora la atención que recibe la ciudadanía.

La propuesta estatal que defiende el ministro España debe examinarse con rigor, negociarse sin prejuicios y mejorarse mediante acuerdos más amplios. También debe exigirse una respuesta a la deuda acumulada y un periodo de transición que impida perpetuar el agravio. Pero rechazar sin negociar o aceptar sin condiciones conduce al mismo fracaso. Ninguna bandera partidaria puede valer más que el bienestar común. Ante esa irresponsabilidad, la sociedad civil debe recuperar la iniciativa. Empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones y entidades sociales disponen de legitimidad, conocimiento y capacidad para reconstruir una posición valenciana. No deben limitarse a acompañar declaraciones institucionales. Les corresponde convocar, contrastar cifras, formular exigencias, reclamar transparencia y vigilar compromisos.

La financiación valenciana es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de unas estrategias electorales. Cuando la política renuncia a construir una voz común, el tejido cívico tiene la obligación de reclamar ese espacio. La sociedad de la Comunitat Valenciana debe tomar la palabra antes de que otra oportunidad vuelva a perderse entre consignas, vetos y obediencias.

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