El PP le entrega la vara de mando a la empresa privada

La política de los partidos que se llaman liberales, neoliberales o ultraliberales —elijan ustedes la dosis— ofrece a veces paradojas difíciles de explicar sin recurrir a la ironía. Legislar contra la libertad, cuando se lleva esa palabra en la boca todo el día, no parece demasiado coherente. Pero en eso consiste la última propuesta del PP valenciano sobre las zonas de gran afluencia turística (ZGAT): en recortar la autonomía de los ayuntamientos para definir su propio modelo de ciudad.

Una ZGAT es un área en la que los comercios pueden abrir con mayor libertad en domingos y festivos. Se extienden en un grado u otro por todas nuestras poblaciones de costa. Es una figura administrativa que no obliga a levantar la persiana, pero permite hacerlo al margen del calendario ordinario. La medida beneficia principalmente a las grandes superficies y cadenas de distribución, porque buena parte del pequeño comercio independiente ya dispone de libertad horaria. Con la modificación impulsada por el PP, los ayuntamientos dejarán de poder solicitar expresamente la revisión o revocación anticipada de estas zonas, cuya declaración conservará además un carácter indefinido.

Podría parecer una discusión técnica sobre persianas levantadas en festivo, pero no lo es. Los horarios comerciales organizan también el tiempo colectivo y nuestras vidas: condicionan la movilidad, el transporte público, la limpieza, la conciliación familiar, el descanso de las plantillas y la supervivencia de determinados modelos de comercio. Influyen, en definitiva, en el ritmo y la forma de la ciudad. Y una ciudad no debería ser un decorado para la inversión ni una cuadrícula de locales, sino el espacio vital de quienes la habitan.

La cuestión política es quién decide ese ritmo urbano. La Generalitat reconoce a los municipios capacidad para solicitar una mayor liberalización, pero pretende negarles la misma iniciativa cuando consideran necesario corregirla. Es un municipalismo de una sola dirección: el negocio a cualquier coste se presenta como libertad, mientras revisar, limitar o proteger otros equilibrios urbanos se convierte en una sospechosa tentación intervencionista.

Al saltar del papel a la realidad, la libertad queda reducida para el Consell a que las grandes empresas puedan elegir, pero no a que una comunidad democrática —la Administración más próxima a la ciudadanía— decida cómo ordenar su vida cotidiana. Poco importa que el PP llenara su programa electoral de elogios a la cogobernanza y al respeto de las competencias locales. Tampoco parece importar que, cuando gobernaba la Diputación de Alicante pero no la Generalitat, recurriera al Tribunal Constitucional la Ley de Servicios Sociales para defender su autonomía política y financiera. Entonces, la coordinación autonómica era una intromisión. Ahora, desde el Consell, escuchar a los ayuntamientos parece un trámite prescindible. La autonomía institucional cambia bastante según el despacho desde el que se contemple.

¿Exagero? Ojalá la reforma de las ZGAT fuera un episodio aislado. Forma parte, sin embargo, de una cadena de modificaciones presentadas bajo la amable etiqueta de la desburocratización. Los Proyectos de Interés Autonómico pueden aprobarse con independencia del planeamiento municipal, fijar parámetros urbanísticos e incluso determinar qué Administración tramita las licencias, la urbanización o la reparcelación. Y cuando un Programa de Actuación Integrada queda vinculado a uno de estos proyectos, la Generalitat puede asumir competencias que ordinariamente corresponden al municipio.

Todo ello con audiencia al ayuntamiento, pero sin necesidad de su consentimiento. Se escucha a la ciudad como se escucha la música ambiental de un ascensor: está ahí, pero no altera el trayecto. Dirán que se hace por «agilidad, inversión y eliminación de trabas», como si las normas fueran obstáculos concebidos contra el comercio o contra la última ocurrencia de una gran mente inversora, y no la forma que tiene la democracia de proteger el interés general frente a quien dispone de más recursos, más contactos o mayor capacidad de presión.

Cuando se vacía de poder a los ayuntamientos para acelerar proyectos privados, no se elimina burocracia: se elimina capacidad de decisión pública. La libertad municipal solo parece valer mientras no atente contra los intereses de grandes empresas. A las ciudades se les reserva la gestión de las consecuencias; a determinados intereses privados, la posibilidad de marcar el camino. Y eso no es libertad: es una democracia empequeñecida.