La baja médica no es el problema: es el síntoma

Esta semana el debate público ha vuelto a un lugar conocido: la salud de la clase trabajadora convertida en cifra de gasto. Alberto Núñez Feijóo calificó en una conferencia de empresarios el absentismo laboral de "cáncer" que España "no puede pagar", y sugirió reducir el sueldo y las prestaciones de quienes están de baja, con o sin acuerdo sindical. Génova pasó los días siguientes matizando el mensaje, insistiendo en que solo se persigue el fraude, pero el daño ya estaba hecho: una vez más, se intenta instalar la sospecha sobre quién enferma.

Desde el Consell de la Joventut de València queremos explicar por qué esta ofensiva contra el "absentismo" no resiste el análisis jurídico ni sanitario y por qué es, en realidad, la manifestación de algo más profundo: un conflicto de clase.

El primer problema es el lenguaje. La patronal y el PP llevan meses llamando "absentismo" a lo que en realidad son bajas médicas, y son cosas distintas. El absentismo injustificado —faltar al trabajo sin causa ni aviso— ya está tipificado y sancionado. La incapacidad temporal la firma un profesional de la sanidad pública con años de formación cuando entiende que trabajar pone en riesgo tu salud. Meter en el mismo saco esa baja médica con el permiso de maternidad y paternidad, los días por fallecimiento o matrimonio solo tiene un nombre: inflar una cifra a propósito para justificar un recorte. Cuesta tomarse en serio una política construida sobre unas cifras que ni sus autores saben desagregar.

Lo que casi nunca se pregunta es por qué enferma la gente. Los organismos internacionales llevan décadas documentando que la salud depende de la vivienda, el salario o las condiciones de trabajo. Y en esos tres frentes el patrón del Partido Popular es muy claro: se opone a la reducción de jornada, pese a que la propia OIT ha constatado que descansar más reduce las incapacidades temporales. Se opone a la subida del salario mínimo y sus comunidades autónomas ignoran sistemáticamente la Ley Estatal de Vivienda mientras el alquiler sube sin frenos. No es casualidad que quien más señala el absentismo sea quien menos hace por las causas que lo producen: se puede legislar sobre ellas, o se puede culpabilizar a quienes sufren sus consecuencias, que somos la mayoría.

Esto lo vemos en el día a día de nuestros barrios; la sanidad es competencia autonómica, y aquí las listas de espera para un especialista o una intervención son eternas, por lo que alargan bajas que, con recursos suficientes, durarían menos de la mitad. El alquiler, mientras tanto, ha marcado máximos históricos, con subidas de dos dígitos en València, Alacant y Castelló. Pero, ¿y en qué manos está esa gestión? En la del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que cobra más de 95.000 euros públicos al año, o recordemos a su antecesor, Carlos Mazón, que sigue cobrando su acta de diputado con la causa de la DANA todavía abierta, un episodio marcado precisamente por su absentismo injustificado en horas críticas. Si de verdad preocupara el absentismo, lo primero sería revisar esa gestión antes de señalar a quien espera meses por el traumatólogo.

Esta es la consecuencia de decisiones políticas: comunidades que no invierten lo suficiente en sanidad pública, empresas que incumplen su obligación de prevenir riesgos laborales, un modelo que exprime la jornada y no paga las horas extra, porque convertir la incapacidad temporal en el enemigo público sale más barato, políticamente, que corregir cualquiera de esas causas. Pero es profundamente injusto, ya que señala directamente a la persona enferma y desvía la mirada de quienes, con su gestión, fabrican buena parte del problema. Y en el fondo, este es un conflicto de clase que se libra en el terreno de lo cotidiano: quién paga los costes de un modelo que exprime el tiempo, la vivienda y la salud de quien trabaja.

Ante ese conflicto solo hay dos caminos. Uno es mirar de frente los problemas de una generación que no llega a fin de mes, que no puede independizarse, que espera meses para curarse: y responder con más inversión pública, más protección y más derechos. El otro es el que ya conocemos, el de siempre: buscar un culpable fácil, señalar a quien se pone enfermo o a quien ejerce un derecho que generaciones enteras de trabajadores tuvieron que arrancar con lucha, y convertirlo en el chivo expiatorio de una gestión que no funciona.

No hay tercera vía. O se defiende a la clase trabajadora, o se la culpabiliza. Y esa elección, tarde o temprano, la vamos a tener que hacer todos.