La hipocresía del PSPV condena a la Generalitat al chantaje identitario de Vox

El acuerdo entre el PPCV y Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2027 no es un simple intercambio de apoyos parlamentarios. Es, sobre todo, la entrada por la puerta grande de una idea peligrosamente vieja con envoltorio nuevo: la 'prioridad nacional', ese eufemismo pulido con el que la extrema derecha intenta convertir la exclusión en política pública. Y conviene decirlo sin anestesia: detrás de esa fórmula no hay neutralidad técnica, sino una visión del mundo profundamente identitaria, compatible con el relato del 'Gran Reemplazo' que circula en buena parte de la extrema derecha europea y que se ha vuelto especialmente visible en el entorno del Eurogrupo Patriots, donde Vox se mueve con comodidad.

La lógica es tan simple como inquietante. Primero se instala la sospecha: la población extranjera deja de ser vecina, trabajadora, contribuyente o usuaria de servicios públicos y pasa a ser presentada como una amenaza demográfica, cultural y depredadora de servicios públicos. Después llega la solución: si 'los de fuera' son el problema, entonces el acceso a ayudas, servicios o recursos debe reservarse antes que nada para 'los de dentro'. Así, la 'prioridad nacional' deja de sonar a consigna y se disfraza de criterio administrativo. Pero su función real es otra: legitimar la jerarquización de personas por origen, justo la operación ideológica que el discurso del 'Gran Reemplazo' necesita para parecer razonable.

Esa conexión no es accidental. La teoría del 'gran reemplazo' parte de una ficción política: la de que la identidad nacional estaría siendo sustituida por la inmigración, la mezcla cultural o la simple pluralidad social. No describe la realidad; la deforma para convertirla en amenaza. Y una vez que esa alarma se ha normalizado, la “prioridad nacional” aparece como la respuesta supuestamente sensata, aunque en realidad sea la traducción burocrática del miedo. No hace falta repetir la teoría palabra por palabra para aplicarla: basta con asumir sus premisas, vestirlas de presupuesto y presentarlas como defensa del sentido común.

Por eso el acuerdo PPCV-Vox en la aceptación de la enmienda de tal concepto para la aprobación de los Presupestos de 2027 es más que una cesión táctica. Es una rendición semántica y simbólica. Cuando un partido conservador acepta el vocabulario de Vox para sacar adelante unas cuentas, no solo firma un reparto de poder; también valida el marco mental que convierte la inmigración en problema y la igualdad en sospecha. En ese terreno, la 'prioridad nacional' no es una medida aislada, sino una pieza de un relato más amplio: el de una comunidad imaginaria amenazada -en este caso la Comunitat Valenciana- que necesita ser protegida de quienes viven, trabajan y construyen esa misma comunidad desde abajo.

La contradicción, además, es obscena. La economía valenciana depende de miles de personas migrantes en sectores esenciales como el campo, los cuidados, la hostelería o la logística. Se les exige que sostengan el funcionamiento cotidiano de la sociedad, pero luego se pretende cuestionar su acceso a recursos públicos como si fueran intrusos. El mensaje es claro: sirven para producir, pero estorban para pertenecer. Esa es la lógica de la exclusión cuando abandona el lenguaje del insulto y entra en el de la gestión.

Frente a eso, el 'arraigo' ofrece exactamente el enfoque contrario. El arraigo pregunta por hechos: tiempo de residencia, vínculos, familia, trabajo, integración real. Reconoce que la pertenencia social no nace del pasaporte, sino de la vida compartida. La 'prioridad nacional', en cambio, no observa trayectorias ni necesidades; solo clasifica por origen y blinda la idea de que algunos merecen ir antes por el mero hecho de ser considerados propios. Es una diferencia radical entre integrar y separar, entre gobernar una sociedad compleja o administrarla como una aduana moral

El problema del acuerdo no es solo que sea injusto. Es que normaliza una gramática política cada vez menos disimulada: la de la extrema derecha europea que ha descubierto que puede hablar de identidad, orden y presupuesto sin pronunciar abiertamente la palabra exclusión. Y cuando esa gramática entra en un gobierno, aunque sea por la puerta lateral de los presupuestos, lo que cambia no es solo una partida: cambia el marco de lo pensable.

Por eso la 'prioridad nacional' no debe analizarse como un tecnicismo. Debe leerse como lo que es: la versión institucional de una obsesión identitaria que necesita inventar un enemigo interno para justificar su programa. Y cuando ese lenguaje se convierte en condición para aprobar unas cuentas públicas, el problema deja de ser el presupuesto. El problema pasa a ser la democracia que lo tolera.

El PSPV no solo pierde credibilidad, sino que contribuye activamente a perpetuar el bloqueo que dice querer evitar

Esta cuestión, presente en la actual conversación pública, la respuesta del PSPV es dramática. Está demostrando una hipocresía política difícil de disimular: mientras proclama la necesidad de estabilidad institucional, responsabilidad y defensa de la diferencia, se niega a explorar cualquier acuerdo con el PPCV que permitiría aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana y alterar una mayoría parlamentaria condicionada por Vox.

Esta negativa no parece responder a principios, sino a un cálculo electoral corto de miras, donde la estrategia personal de Diana Morant pesa más que el interés general de los valencianos. Al anteponer el rédito partidista a la posibilidad de frenar la influencia de agendas ajenas a la realidad valenciana -cómo es la de Vox-, el PSPV no solo pierde credibilidad, sino que contribuye activamente a perpetuar el bloqueo que dice querer evitar. Y es que a Diana Morant siempre le importó muy poco lo que pasaba en Valencia.