Ambulancias sin personal médico: un parche peligroso

Cuando una persona sufre un accidente o una parada cardiaca y marca el 112, espera que acuda la máxima respuesta del sistema asistencial: una ambulancia SAMU, un recurso diseñado y dotado legalmente con personal médico, enfermero y técnico. Sin embargo, en el servicio de emergencias valenciano se ha normalizado una anomalía preocupante: la salida a la calle de unidades SAMU sin médico o médica a bordo. Lo que debería ser una excepción absolutísima ante una urgencia sobrevenida se está convirtiendo en la solución habitual de la Administración para tapar las brechas de la plantilla.

Ocurrió de nuevo este domingo con una unidad SAMU de la provincia de Alicante, que prestó servicio sin profesional facultativo, con lo que esta unidad se convirtió de facto en una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Esta reconversión sobre la marcha no es un simple ajuste organizativo para cubrir el cuadrante del fin de semana; es una decisión de enorme trascendencia que altera el modelo de emergencias, deja al profesional en un grave limbo jurídico y supone un riesgo evitable para la ciudadanía, que confía en contar con una atención médica presencial completa en los minutos decisivos.

Conviene dejarlo claro desde el primer minuto: no se trata de cuestionar en absoluto la impecable capacidad de la enfermería de emergencias. Quienes conocemos este ámbito sabemos que sus profesionales poseen una formación altamente especializada, una amplia experiencia clínica y una solvencia sobradamente demostrada para resolver situaciones críticas donde cada segundo cuenta. El problema no son los hombres y mujeres que se suben a la unidad. El problema es la intemperie legal en la que la Administración les obliga a trabajar.

Sanidad sigue apoyándose en este modelo sin haber desarrollado un marco normativo específico que delimite con claridad las funciones, competencias, responsabilidades y garantías de la enfermería cuando presta servicio en un SVAE. Cuando un profesional sanitario debe tomar decisiones clínicas complejas al límite, no basta con apelar a su vocación o a su experiencia. Necesita saber con exactitud qué norma respalda su actuación. Es imprescindible una regulación clara que proteja tanto al paciente que espera en la acera como al sanitario que toma la decisión.

La enfermería de emergencias ha demostrado estar sobradamente a la altura. La que no está a la altura es una Administración que sigue exigiendo a sus trabajadoras y trabajadores que asuman cada vez más responsabilidades sin ofrecerles, al mismo tiempo, la seguridad jurídica necesaria para ejercerlas. Un sistema de emergencias moderno no solo exige excelentes profesionales: exige normas transparentes y la firme convicción de que la seguridad del paciente y la protección de su personal deben estar por encima de cualquier parche organizativo.

Desde UGT Serveis Públics PV se viene alertando reiteradamente de la gravedad de esta situación: recurrir de forma sistemática a este parche desprotege gravemente a los usuarios y usuarias y sitúa a los equipos de emergencias en un escenario de tensión insostenible. Lo que debería ser una falta puntual de personal se convierte un problema estructural que compromete la calidad del servicio público, en un parche muy peligroso.