Un pacto de Estado de apoyo a las madres y sus familias

El pasado año 2025 en España el número de nacimientos (321.164) siguió siendo uno de los más bajos de la OCDE, aunque se produjo un ligero repunte de nacimientos, el 1%, respecto del año 2024. El bajo índice de natalidad persiste pese a la aportación de nacimientos debidos a las mujeres migrantes. No obstante, la población española, debido a la migración sigue creciendo, habiendo alcanzado en 2025 la cifra de 49,5 millones.

No cabe duda de que tenemos un grave problema con el descenso del número de nacimientos en España. La causa de este problema surge como consecuencia de la paulatina incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo, desde el inicio de la democracia, que no ha sido acompañado por unas políticas públicas capaces de considerar que los nacidos son una responsabilidad que deben compartir madres y padres con los poderes públicos. De lo que no cabe duda es que la inmensa mayoría de las mujeres de nuestro tiempo no van a renunciar ni a trabajar como empleadas públicas, asalariadas o autónomas, ni a sus aspiraciones de progresar, ni a la libertad dentro o fuera del matrimonio.

Es cierto que se han producido algunos avances en apoyo a las mujeres en los últimos años, particularmente en el ámbito laboral, pero no son suficientes. El nacimiento de los hijos en edades en que las madres están comenzando una carrera profesional o un empleo en el mercado público o privado, salvo excepciones, supone un hándicap considerable en relación con los hombres, y esta circunstancia es una de las que determinan a las mujeres a retrasar la maternidad o excluirla de su proyecto vital.

La solución de estos problemas no es difícil, aunque supone una inversión pública considerable. Se trata de abordar dos ámbitos igualmente importantes. Por un lado, tener hijo o hijos no debe suponer perjuicio alguno en la carrera profesional o en el empleo público o privado de las madres. Cuando las madres tienen un hijo el reloj de su progresión en profesión o empleo, o la permanencia en el empleo, no debe verse perjudicado. La cuestión en este ámbito es el de a quién corresponde soportar el coste de esta concepción del Estado Social que consagra nuestra Constitución. A nuestro juicio, el coste económico debe corresponder al Estado. Consideramos que no sería ni justo ni constitucional que, por ejemplo, en el sector privado el coste fuera soportado por los empresarios.

La solución que apuntamos se fundamenta en que en nuestras sociedades avanzadas para el Estado debe ser una prioridad que el índice de fecundidad supere el 2% para que se produzca un adecuado reemplazo generacional. Debe ser una prioridad porque se trata de un asunto que trasciende al ámbito de las madres y por supuesto de sus parejas cuando existan. No es un asunto privado como hoy se sigue considerando en perjuicio de los progenitores. El Estado es el primer interesado en fomentar que las mujeres conciban hijos o hijas; dejando a salvo en todo caso que las mujeres deben ser plenamente libres para ser madres.

El segundo ámbito es el de los costes que tienen para las madres y los padres la manutención y educación de los hijos. Los niños no vienen en nuestra moderna sociedad con un pan debajo del brazo, como sucediera en la España rural. Los niños vienen ahora con grandes necesidades económicas derivadas de la alimentación, ropa, guarderías, escuelas, universidades, másteres, idiomas, vacaciones, etc. De nada serviría la garantía de la profesión y del empleo de las mujeres que decidan tener hijos si no se revisa la idea hoy vigente que considera que los poderes públicos con pequeñas ayudas a las madres y familias, como son las actuales, cumplen con el mandato que la Constitución prevé en el artículo 39.

Si, por otra parte, se quiere realizar el mandato de la Constitución de que los poderes públicos remuevan los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la igualdad de las personas (arts. 9.2, 14 y 149.1, 1ª) es necesario introducir cambios considerables en las ideas y políticas que hoy siguen vigentes. Si queremos que el futuro de nuestro país sea mejor que el actual, eso pasa por invertir en las personas desde que nacen hasta la mayoría de edad y más allá hasta la conclusión de estudios profesionales o universitarios.

Naturalmente lo que decimos se inscribe en la utopía realizable de la igualdad formal y material de los españoles que proclama la Constitución. Numerosas familias no necesitarán que los poderes públicos les ayuden para procrear y para darles a sus hijos la mejor educación que les permita profesiones o empleos relevantes. Pero esta no es la situación en que se encuentran la mayoría de las familias españolas. Si los poderes públicos no ayudan de manera suficiente a las madres y familias para que puedan darles a sus hijos una vida y una educación que sea del mismo nivel que el de las familias adineradas estarán incumpliendo el mandato constitucional de los artículos antes mencionados y estarán consagrando la desigualdad en nuestra sociedad.

Pueden considerarse ideas interesantes la que ha publicado Núñez Feijoo, de subvencionar a las mujeres desde la concepción, o la del Gobierno de proporcionar becas a los menos pudientes para que puedan preparar oposiciones al sector público. Pero no son suficientes. Las ayudas deben producirse además de al principio y al final, también a lo largo del proceso formativo de las personas: en particular en el ámbito de la enseñanza. Porque la enseñanza pública a todos los niveles no proporciona ni garantiza un nivel de formación como el que proporcionan centros docentes privados en España y en otros estados europeos.

A nuestras sociedades les interesa que los más inteligentes puedan ocupar los puestos relevantes de nuestra sociedad, y es una evidencia científica que la inteligencia se reparte de manera aleatoria entre los humanos sea cual sea su raza, sexo, u origen social. De manera que los poderes públicos para cumplir el mandato constitucional de realizar el principio de igualdad no pueden permitir la situación actual en que los hijos/hijas de los menos pudientes no pueden desarrollar sus inteligencias y capacidades como lo hacen los hijos/hijas de los más pudientes. Sencillamente hace falta un Pacto de Estado para cumplir la Constitución. La riqueza de las naciones no es la que concibiera Adam Smith; la riqueza de las naciones del siglo XXI es la suma de las inteligencias de todos los individuos de una sociedad.