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Opinión | Editorial

València

Prevenir antes de las llamas

La primera víctima mortal por un incendio forestal obliga al Consell a hacer de las emergencias una política permanente

El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: centenares de efectivos, vecinos ayudando y un fuego que no da tregua

El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: centenares de efectivos, vecinos ayudando y un fuego que no da tregua / Fernando Bustamante

La sucesión de incendios que golpea estos días a la Comunitat Valenciana y a buena parte del centro peninsular vuelve a demostrar que la prevención y la respuesta ante las emergencias no pueden depender de la coyuntura ni de la alarma del momento. Deben constituir una política prioritaria, estable y suficientemente financiada durante todo el año. Los incendios se apagan en verano, pero se combaten también durante el invierno mediante la gestión forestal, la vigilancia, la planificación territorial y la preparación de los servicios públicos.

La muerte de un hombre de 78 años en el incendio del barranco del Salt de l’Aigua, en Manises, representa la consecuencia más dolorosa de esta nueva oleada de fuegos. La víctima, sorprendida por las llamas cuando se encontraba en su huerto, es la primera que pierde la vida en esta crisis de incendios en la Comunitat Valenciana. Una veintena de personas ha tenido que recibir atención hospitalaria por inhalación de humo y quemaduras. Más allá de las hectáreas afectadas, cada incendio amenaza viviendas, infraestructuras y, sobre todo, vidas humanas.

La preocupación se ha trasladado con especial intensidad a la Vall d’Uixó. El fuego, iniciado cerca del barrio del Carbonaire y del colegio Rosario Pérez, avanzó hacia la sierra de Espadán favorecido por la fatal combinación de temperaturas extremas, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y una humedad muy baja. El incendio está de momento fuera de la capacidad de extinción, ha alcanzado un perímetro de 40 kilómetros, ha quemado más de 4.300 hectáreas y ha obligado a desalojar a unas 18.000 personas de municipios y urbanizaciones del sur de Castellón. Los confinamientos de la Vall d’Uixó y Betxí elevaron a más de 50.000 el número de vecinos afectados directa o indirectamente.

La rápida movilización de bomberos, brigadas forestales, medios aéreos, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha evitado hasta ahora consecuencias todavía peores. Su profesionalidad merece reconocimiento. Pero tampoco puede utilizarse como coartada para confiar únicamente en la capacidad de reacción cuando el fuego ya se ha declarado. Los dispositivos de extinción son imprescindibles, aunque ningún operativo puede garantizar el control inmediato de unas llamas impulsadas por condiciones meteorológicas extremas.

La emergencia de interés nacional decretada inicialmente en Madrid y Ávila y ampliada posteriormente a Toledo revela la magnitud de una situación que supera fronteras municipales y autonómicas. La acumulación de grandes incendios exige cooperación entre administraciones, coordinación operativa, intercambio de recursos y una estrategia nacional capaz de anticiparse a episodios cada vez más graves.

Las instituciones deben extraer las consecuencias políticas y presupuestarias de esta realidad. Las Corts acaban de aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 con los votos del PP y Vox. Las cuentas contemplan una dotación relevante para Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios, pero tan importante como anunciar cifras es garantizar que se ejecuten, que permitan reforzar plantillas y que sostengan inversiones continuas en prevención, tecnología, vigilancia, comunicaciones, formación y renovación de medios.

Resulta especialmente contradictorio que la estabilidad parlamentaria de esas cuentas dependa de Vox, una formación que continúa desvinculando los incendios del cambio climático y desacreditando las políticas ambientales. Es legítimo debatir sobre gestión forestal, despoblación rural o limpieza de montes, todas ellas cuestiones esenciales. Lo que no resulta responsable es negar que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y los episodios meteorológicos extremos agravan las condiciones en las que se originan y propagan los grandes incendios.

La protección de la población no admite negacionismos ni cálculos partidistas. El Consell debe hacer de la prevención y las emergencias una verdadera política de Estado autonómica: permanente, profesionalizada, coordinada y ajena a los recortes. La muerte de Manises y la angustia vivida en la Vall d’Uixó obligan a actuar antes de que las llamas vuelvan a recordar, demasiado tarde, el coste de no haberlo hecho.

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