Mi rector Lapiedra

La seguridad de las personas debe estar siempre por delante en cualquier situación de emergencia. Lo sabemos bien, aunque, cuando llega el momento de aplicarlo, todo suele complicarse más de lo previsto. Tras la dana, nos llenamos la boca hablando de la urgencia de invertir en formación ante las catástrofes climáticas. Desde entonces, se han impartido cursos en los colegios, los ayuntamientos de la zona cero han organizado charlas y difundido materiales de alerta, e incluso Cruz Roja, esa oenegé de vocación neutral y alcance global, ha instruido a su voluntariado para intervenir de forma inmediata en tareas de protección civil.

Los científicos llevan tiempo advirtiendo de que el cambio climático provoca situaciones límite en todo el planeta y de que nuestra área mediterránea es una de las más expuestas por el calentamiento del mar. Una evidencia que también sirve hoy para reivindicar la figura de los científicos tras la pérdida del rector Ramon Lapiedra. El tiempo acaba haciendo justicia, y Lapiedra, además de un distinguido físico con vocación de servicio público, fue capaz de comprender qué universidad necesitaban la ciudad y el país de su tiempo.

Fue un aglutinador de consensos, como buen socialdemócrata afrancesado, tanto por talante como por convicción. Por eso, tras su brillante rectorado, se implicó en consolidar una cultura democrática que trascendiera el academicismo y de acción mayoritaria. Hay incluso una dimensión poética en que su ausencia coincida con el día en que se cumplen 750 años de la muerte de Jaume I.

Después de la dramática comprobación de que las políticas públicas de emergencias no son ningún chiringuito, convendría dedicar menos esfuerzos a blanquear discursos ultramontanos y dar más visibilidad a esa unidad y colaboración entre administraciones tantas veces reclamada. Es lo que estamos viendo estos días tanto en la Serra d’Espadà, que Lapiedra tanto disfrutó, como en el centro peninsular.

No hay mejor vacuna contra el terraplanismo que un eclipse solar. Pero no era necesario llegar a estos extremos para reconocer algo en lo que algunos venimos insistiendo, al menos desde octubre de 2024: que el conjunto del Estado constituye la mejor garantía ante las tragedias y que esa simpleza de que «el pueblo salva al pueblo» no deja de ser una derivada autoritaria.

Porque la mejor garantía de equilibrio y solidaridad, tanto ante las tragedias naturales sobrevenidas como en la vida cotidiana, son las instituciones. Eso me enseñó mi rector en aquel curso de clases peatonales que transcurrían desde la Nau hasta la avenida del Cid.

Suscríbete para seguir leyendo