Entre la emergencia nacional y la prioridad nacional

Hay una escena que se repite cada julio con la puntualidad exasperante: el monte arde, el país se llena de humo y los gobiernos autonómicos sacan la calculadora para anunciar muy solemnes cuánto dinero han destinado a que esto no pase. Este verano, sin embargo, la escena ha subido de categoría: el Ministerio del Interior ha tenido que declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. Decenas de miles de hectáreas quemadas, decenas de miles de personas evacuadas o confinadas y unos frentes que los técnicos sitúan entre los más agresivos de la historia reciente de España. Cuando el Estado tiene que ponerle a algo la etiqueta de nacional para poder coordinar recursos, conviene detenerse un segundo: significa que el incendio había desbordado el cómodo perímetro autonómico en el que cada Gobierno suele administrar sus éxitos y repartir sus culpas.

Y aquí es donde el lenguaje empieza a jugar sucio. Porque mientras el Gobierno central declaraba la emergencia nacional, cuatro comunidades gobernadas por PP y Vox (Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón) llevaban meses presumiendo de haber firmado acuerdos de prioridad nacional. Suena parecido, casi gemelo, pero significa lo contrario: ninguno de esos cuatro pactos de gobierno menciona una sola vez el cambio climático ni la contaminación atmosférica, pese a que la protección civil, la calidad del aire y la gestión del monte son, precisamente, competencia autonómica. La excusa oficial es que se trata de cuestiones ideológicas. Qué comodidad la de calificar de ideología aquello que se prefiere no combatir: así, cuando llega agosto y arde el pinar, nadie ha incumplido nada, porque nunca se comprometió a nada.

Esta semana la Comunitat Valenciana ha llevado esta lógica un paso más allá: el pasado 22 de julio aprobó con los votos de PP y Vox unos presupuestos que, por primera vez en España, elevan la prioridad nacional a rango de ley autonómica. Aquí el concepto se aplica sobre todo a la vivienda y a la renta de inclusión, reservando los recursos a quien acredite un «arraigo real, duradero y verificable», y crea una Oficina de Arraigo y Retorno para fomentar la salida de inmigrantes. No reproduce formalmente el mismo paquete medioambiental que en Andalucía o Aragón. Pero el resultado se parece bastante: esos mismos presupuestos dejan sin dotación, por segundo año consecutivo, la línea de ayudas a las comunidades energéticas de autoconsumo, hasta el punto de que la propia patronal valenciana de renovables (Avaesen) ha advertido de que hay diez millones de euros de inversión en riesgo. Se puede no copiar la letra pequeña de otras comunidades y llegar, aun así, al mismo sitio: menos dinero para adaptarse al clima que ya está aquí. No es que una medida migratoria provoque el abandono climático, sino que ambas revelan qué problemas se convierten en prioridad política y cuáles quedan relegados.

Los acuerdos de aquellas cuatro comunidades son, en cambio, explícitos: los pactos recortan superficie de la Red Natura 2000, blindan al sector primario frente al Pacto Verde europeo y prefieren hablar de energía nuclear antes que de renovables, a las que tratan poco menos que como una amenaza a la patria. Se llama, en la jerga del ramo, negacionismo climático con sello institucional. Y de ahí a Santiago Abascal solo hay un paso, que el líder de Vox ha dado con su entusiasmo habitual.

Mientras los pueblos de Madrid y Ávila cortaban carreteras y recibían alertas de emergencia por móvil, Abascal encontró tiempo para explicar en la red X que el verdadero incendio es Pedro Sánchez. «Otra vez la corrupción del Gobierno impide que haya los medios necesarios para la extinción», escribió, sin aportar una sola cifra que lo sostenga (cosa comprensible, porque las cifras dicen justo lo contrario en las comunidades donde gobierna su propio socio). También descubrió que el culpable de las llamas no es el termómetro, sino el «fanatismo climático», una expresión que permite negar el cambio climático y quedar, encima, como la víctima razonable frente a los fanáticos que miden la temperatura. Rizando el rizo, comparó a Sánchez con Nerón, aunque a diferencia del emperador romano, el presidente no ha tocado la lira: se ha limitado a reunir el comité de emergencias, que es mucho menos poético, pero bastante más útil para apagar un incendio.

Nada de esto es nuevo, es cierto: cada verano se repite el ritual de anunciar presupuestos récord (incluidos los 62,2 millones de euros madrileños) mientras una parte de los bomberos forestales sigue en huelga desde hace más de mil días, contratados bajo categorías profesionales que nada tienen que ver con apagar fuegos. Lo que sí es nuevo es la naturalidad con la que una parte del espectro político ha decidido que la respuesta a una catástrofe climática es, directamente, no llamarla así, la mencione o no la letra de la ley. Se puede declarar la prioridad nacional y omitir la palabra clima; no se puede, en cambio, evitar que el monte se entere del cambio climático, aunque el BOE de turno no lo mencione.

Porque se puede borrar el clima de un acuerdo, de un presupuesto y hasta de una ley. Lo único que no se puede hacer es borrarlo del incendio.