¿Enterraremos el dret civil conmemorando la muerte de Jaime I?

Les Corts llevan nueve meses sin contestar el requerimiento de la Presidencia del Congreso para designar los ponentes que hayan de defender la proposición de reforma constitucional que ellas mismas votaron en 2020. Una reforma técnica que permite dar plena cobertura a la recuperación por la Generalitat de la competencia legislativa civil (conforme ya dice nuestro Estatuto) y permite también constitucionalizar los más que evidentes excesos legislativos que han cometido otras Comunidades con competencia civil reconocida y cuyo mayor peso político posibilitó en su momento que nadie los recurriera o, incluso, que se desistieran los recursos interpuestos.

El silencio de Les Corts impide que la propuesta de reforma pueda ser votada, para lo que incluso el Consell requirió al Congreso en febrero de 2021. No creo que haya otros ejemplos similares en la historia parlamentaria: una Cámara Legislativa propone por amplísima mayoría nada menos que una reforma de la Constitución; el Gobierno Autonómico insta su urgente tramitación, ante el silencio de la Presidencia; y finalmente, cuando ésta reacciona y pide a les Corts que designen los diputados que hayan de defenderla, éstas no dicen nada. El silencio parece haber cambiado de bando.

Más de seiscientos valencianos hemos firmado un manifiesto afeando esta conducta. No se trata sólo de una displicencia impropia entre instituciones -la representación política de los valencianos no contesta al Parlamento donde reside la soberanía- sino de algo más grave: una interpretación bastante razonable del Derecho Parlamentario podría concluir que la propuesta de reforma debe entenderse caducada desde el momento en que, requerido el parlamento instante, no ha nombrado a nadie para su defensa. O sea: que esa propuesta, que en principio no caduca por la disolución ni del parlamento autonómico ni del nacional, podría sin embargo quedar caducada por la inacción de Les Corts. De este modo, quedaría arruinada la posibilidad más lograda, por el momento, de recuperar el Derecho Civil Valenciano.

¿Y por qué se produce esa inacción? Aquí las cosas tienen nombre y apellidos. El PPCV, que ha abanderado siempre esta reivindicación, la introdujo como uno de los principales motivos de reforma del Estatuto de 2006 e hizo posible que fuera políticamente trasversal, ha decidido ahora que mantenerla crea un problema a su cúpula dirigente nacional. Debe de ser porque ha de votarla con el PSOE e igual los señores de Vox le ponen alguna banderilla negra. Ante ello busca excusas infundadas, antes que sostenerla explicando su justicia y conveniencia, o asumir la responsabilidad de comparecer ante Les Corts para retirar la propuesta. Con tal torpeza, además, que regala a sus adversarios políticos una aspiración no partidista en la que su protagonismo ha sido indiscutible, tratándose además de una reforma ¡que no cuesta dinero!

Esta reforma acaba con la injusticia histórica de ser Valencia el único territorio con Derecho Foral que carece de esta competencia porque la Monarquía Absoluta no nos lo devolvió y el Franquismo no nos aprobó una Compilación. Pero sobre todo esta reforma es conveniente para los valencianos y nuestras empresas. ¿En qué compromete la unidad o la identidad nacional tener una regulación moderna de las legítimas; o los pactos de definición que, con ocasión de una donación a los hijos, liberen de ellas a sus padres; o regular la sucesión contractual que, sin las consecuencias fiscales de la donación, permita ordenar el tránsito generacional en nuestras empresas familiares; o tener un régimen matrimonial de separación de bienes que, sin necesidad de capitulaciones, permita adquirir bienes en comunidad, como establecía nuestra ley ahora anulada? ¡Si todo eso existe ya en otras partes! ¿Perjudica a los valencianos acceder a la casación del TSJ en tiempo razonable en lugar de esperar los cinco años de media del Tribunal Supremo? Y así un largo etcétera.

Quienes se alarman ante el hecho de “abrir el melón constitucional” tendrán que explicar porqué ha habido ya cuatro reformas del art. 167 CE y no puede haber una quinta. Quienes sostienen que hay otras vías, tendrán que reconocer que ahora solo hay una sobre la mesa: ésta. Ninguna de las otras posibles ha dado un paso adelante: la interpretación evolutiva de la Constitución, fruto de lo que yo siempre he defendido como una mutación constitucional, ha sido cercenada por las Sentencias del TC de 2016 y no va a cambiar, a pesar de los sueños quiméricos de algunos. Las vías de la Leyes Marco y de Transferencia, no sólo privan a la Generalitat de la iniciativa política para residenciarla en el Gobierno de la Nación o en los Grupos Parlamentarios, sino que requieren la misma voluntad política que la reforma constitucional y que no se ve por ninguna parte.

Si no se corrige esta torpeza, habremos celebrado de la forma más triste el 750 aniversario de la muerte de Jaime I. Habremos sido sus sepultureros del siglo XXI.