La coartada perfecta

Hay artículos que, bajo la apariencia de un análisis desapasionado, terminan construyendo una coartada política. Se presentan como una advertencia responsable sobre la deriva de la política valenciana, pero desplazan cuidadosamente las responsabilidades. Si el PP se acerca a Vox, la culpa acaba siendo del PSPV. Si asume sus planteamientos, se reprocha a los socialistas no haber acudido a impedirlo. Y si el Gobierno valenciano acepta una agenda reaccionaria para aprobar sus presupuestos, el problema ya no estaría en el pacto que lo hace posible, sino en Diana Morant.

Conviene volver a los hechos. El Partido Popular gobierna la Generalitat porque decidió hacerlo con Vox. Primero con Carlos Mazón y ahora con Juanfran Pérez Llorca. Fue una elección política. El PP optó por apoyarse en la extrema derecha para alcanzar el poder, conservarlo y aprobar sus cuentas.

La última pirueta argumental sostiene que el PSPV, al no negociar los presupuestos con el PP, condena a la Generalitat al chantaje identitario de Vox. El razonamiento resulta sorprendente. Vox exige la llamada “prioridad nacional”, el PP la acepta y ambos votan juntos las enmiendas que la incorporan. Sin embargo, la responsabilidad moral recaería sobre quienes se oponen a ella.

La “prioridad nacional” no la ha redactado ni exigido el PSPV. Tampoco la ha incorporado a los presupuestos ni la ha utilizado como moneda de cambio. La ha impuesto Vox y la ha aceptado el PP. Ese es el hecho político que algunos análisis tratan de diluir.

Esta coartada venía preparándose desde hace tiempo mediante consejos aparentemente moderados. Se decía que el PP valenciano debía recuperar un supuesto reformismo liberal, alejarse del conservadurismo más duro y reconstruir una derecha moderna y abierta. Cada cual puede añorar el partido que desee, incluso uno que hoy no existe en la práctica. Lo revelador es la condición que se añadía después. Para que pudiera emerger ese PP imaginario, el PSPV debía “madurar”, girar al centro y facilitarle acuerdos.

La operación consiste en dibujar una derecha liberal que no se corresponde con la que gobierna, lamentar a continuación que el PP real se entregue a Vox y terminar culpando al PSPV por no sostener al primero frente al segundo. De este modo, se absuelve a la derecha de sus decisiones y se reclama a la izquierda que pague la factura.

La democracia parlamentaria asigna a cada cual sus responsabilidades. La oposición no tiene la obligación de rescatar al Gobierno de las alianzas que este ha elegido. Su función es fiscalizar su gestión, defender sus propuestas y preparar una alternativa. Puede alcanzar acuerdos cuando sean útiles para la ciudadanía, como el PSPV ha hecho en numerosas ocasiones, pero eso no implica asumir la responsabilidad política de un ejecutivo que deteriora los servicios públicos, recorta derechos y entrega a Vox una parte de su agenda.

También se utiliza de manera interesada la palabra responsabilidad. Ser responsable no equivale a facilitar cualquier presupuesto para garantizar la continuidad de un gobierno. Exige analizar qué prioridades contienen las cuentas, cómo distribuyen los recursos, qué servicios refuerzan y qué cesiones incorporan. Si los presupuestos de la Generalitat dependen de asumir la lógica de la “prioridad nacional”, el problema no es que el PSPV se niegue a salvarlos. El problema es que el PP esté dispuesto a aprobarlos en esas condiciones.

Pedir un acuerdo entre PP y PSPV en abstracto, sin precisar su contenido, no constituye una apelación a la centralidad. Supone reclamar que la izquierda ejerza menos oposición

Pedir un acuerdo entre PP y PSPV en abstracto, sin precisar su contenido, tampoco constituye una apelación a la centralidad. En realidad, supone reclamar que la izquierda ejerza menos oposición para que la derecha pueda gobernar con mayor comodidad. La madurez democrática consiste en respetar las posiciones políticas, explicar las decisiones y asumir sus consecuencias.

Resulta especialmente contradictorio denunciar con solemnidad la radicalización de la derecha y reservar el reproche principal para quienes se enfrentan a ella. Criticar al PP de manera incidental para descargar después toda la exigencia sobre el PSOE puede producir una apariencia de equilibrio, pero no ayuda a entender lo que ocurre. Detrás de ese razonamiento late una preferencia legítima, aunque rara vez reconocida. Que continúe gobernando el PP, incluso condicionado por Vox, antes que admitir que la alternativa real en la Comunitat Valenciana la representa el PSPV.

No hay nada censurable en defender abiertamente una opción conservadora. Del mismo modo, hay quienes defendemos que esta Comunitat necesita una política socialista basada en unos servicios públicos fuertes, la igualdad, la convivencia, los derechos, la financiación justa, la reconstrucción, el empleo digno y la decencia institucional. La discusión democrática debería producirse entre esas alternativas, sin subterfugios sobre la supuesta obligación socialista de salvar al PP de Vox.

Cada partido debe responder por sus actos. El PP eligió a Vox como socio, acepta sus exigencias y permite que su lenguaje entre en los presupuestos de la Generalitat. No puede pretender que el PSPV asuma ahora el coste de evitar las consecuencias de esa decisión.

La Comunitat Valenciana no necesita coartadas que oculten esa dependencia. Necesita una alternativa capaz de recuperar la Generalitat y situar de nuevo en el centro los problemas reales de la ciudadanía. Construir esa mayoría es la responsabilidad del PSPV. Sostener al PP frente a Vox no lo es.