La prioridad es tener derechos

El pasado 30 de junio concluía el período extraordinario de regularización migratoria al que se presentaron un total de 1.174.978 solicitudes (de las que 167.286 se registraron en la Comunitat Valenciana) por parte de personas que ya estaban viviendo y trabajando entre nosotros, pero en precario, con miedo y sin derechos.

El objetivo era, según el Real Decreto 316/2026, “...asegurar que todas las personas, con independencia de su origen o trayectoria migratoria, puedan ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad”.

El proceso ha sido, sin embargo, impugnado por los gobiernos autonómicos de PP-Vox, mientras que la Generalitat Valenciana ha dado recientemente un paso más elevando, por primera vez, a rango legal (Presupuestos y ley de Acompañamiento) el criterio de prioridad nacional, destinado a postergar a las personas migrantes en el acceso a prestaciones sociales.

Oponerse a su regularización inclusiva y plantear al mismo tiempo la exclusión de los irregulares realmente existentes, no es sólo una contradicción formal sino la expresión real de una estrategia política dirigida a la progresiva restricción de los derechos de ciudadanía.

Fue Hanna Arendt quien, analizando la experiencia alemana en su libro Los orígenes del totalitarismo (1951), identificó “el derecho a tener derechos” como eje vertebrador de la ciudadanía y fundamento de todas las demás libertades y, a sensu contrario, la exclusión legal de cualquier colectivo como el principio del fin de la democracia y el camino hacia la barbarie.

Aunque por el momento se trate sólo de baladronadas fascistoides, el discurso de la prioridad nacional anticipa un posible programa de gobierno PP-Vox dirigido a derogar derechos y avances sociales, por lo que se hace necesaria su impugnación por falso, xenófobo y clasista.

Es falso porque la integración de las personas migrantes no amenaza los derechos de nadie sino que refuerza los de todos y contribuye decisivamente al desarrollo del país, tanto en términos macroeconómicos (3,5 millones de cotizantes extranjeros a la Seguridad Social, cuyo trabajo explica el 47 % del crecimiento el PIB de los últimos tres años) como de cobertura de actividades y servicios esenciales (agricultura, construcción, cuidados…).

Es también un relato genéricamente xenófobo, de rechazo al extranjero, que a poco que se profundice se demuestra tan hipócrita como racista y, sobre todo, clasista. Del total de personas migrantes censadas actualmente en la Comunidad Valenciana (1.055.925) el 48,3 % son europeas, el 29,6 % latinoamericanas, el 15,5 % proceden de África y el 6,6 % de Asia-Oceanía…, mientras que el discurso de odio y discriminación promovido por la derecha política y mediática no se distribuye en la misma proporción.

El acuerdo PP-Vox pretende excluir a los emigrantes en situación irregular (…a cuya regulación se han opuesto previamente!) del acceso a la vivienda pública, a la Renta Valenciana de Inserción y otras ayudas sociales aduciendo la escasez de recursos disponibles para establecer mecanismos de prioridad nacional. Y lo dicen los mismos que recortan la dotación presupuestaria de dichas áreas tras rebajar impuestos a las rentas más altas. Los que, muy emprendedores, incluyeron en una norma con ese nombre (Ley 14/2013) la posibilidad de acceder a la residencia legal en España (la famosa Golden Visa) a quienes invirtieran cantidades millonarias en vivienda o activos financieros. Lo hicieron 22.430 extranjeros (3.403 en la Comunitat Valenciana) para quienes todo fueron ventajas sin remilgos de puridad nacional.

Y es que, en realidad, estamos ante un planteamiento perverso que intenta estigmatizar a los otros, especialmente a los más pobres y vulnerables, construyendo un nosotros excluyente que ya no oculta su “malismo” como algo vergonzante sino que lo exhibe como un factor de identidad contra quienes defendemos criterios de igualdad en deberes y derechos para todos.

Conviene, pues, recordar la advertencia arendtiana según la cual cuando un colectivo pierde “el derecho a tener derechos”, todos los demás, aunque no lo sepan, comienzan ya a perder los suyos en una preocupante deriva totalitaria.

Va a resultar que Diana Morant no iba tan desencaminada en su crítica…