La crispación no cierra en agosto

La última semana de julio concentra todas las tensiones de un final de temporada de máxima crispación. La pregunta es cuánto puede soportar una sociedad como la española, con una economía en una marcha inmejorable, con uno de los mejores niveles de bienestar y un verano turístico de récord por delante. La respuesta fácil sería un gran pacto de Estado sobre materias tan sensibles como las emergencias climáticas, el problema de la vivienda o la crisis migratoria. Pero eso no va a suceder porque quien debería proponerlo, el Gobierno de Pedro Sánchez, está en modo electoral; es decir, instalado en la ola de la polarización. Mientras, quien podría ganar perfil institucional, el PP de Núñez Feijóo, permanece atrapado en la maraña de Vox, como sucede en la Comunitat Valenciana.

Los incendios de sexta generación y una nueva avalancha migratoria en Ceuta ofrecen una oportunidad para alcanzar consensos básicos. Pero eso pertenece al pasado. La crispación máxima ha venido para quedarse en la agenda política y se intensificará durante este agosto, antesala de un curso electoral en el que la cara partidista alcanzará todo su esplendor. Es evidente que eso contaminará todavía más el ambiente, aunque altere poco o nada la correlación entre los dos bloques en liza. Sus estrategas están convencidos de que las elecciones ya no se ganan conquistando el centro, sino consolidando el espacio propio.

Puede que sea así, pero estaría bien que, si todavía queda alguien con altura de miras en esas fábricas del odio, se preguntara si vale la pena. Porque nadie —ni los agentes sociales, ni la comunidad educativa, ni la creciente población dependiente ni, por tanto, la mayoría— merece afrontar los próximos desafíos desde las barricadas digitales.

Basta un ejemplo. Mientras ardía el pulmón de la Serra d’Espadà, los sindicatos docentes advertían de que el inicio del curso escolar volvería a estar marcado por la confrontación y la Conselleria de Educación firmaba la paz con la enseñanza concertada. Mientras asistíamos a una correcta colaboración institucional en el centro de mando contra el gran incendio de La Vall d’Uixó, en las Corts el Consell de Pérez Llorca renunciaba a la centralidad por su dependencia de Vox. Pero aún hay más. Tras el último traspié frívolo del president a cuenta de la final del Mundial, su antecesor se deja parte de su reputación al contratar al sobrino de su futura esposa. Pierde, además del olfato político que le caracteriza, a los pocos fieles que le quedaban en el PSPV y deja a los pies de los caballos a quien tuvo que dar la cara por él con el argumento indirecto de que aquello no era comparable con la comisión de servicios de la mujer de Llorca. Se entendió todo.

Por cierto, el primer partido de la oposición no está representado en la Mesa de las Corts desde el principio de la legislatura por expreso deseo de Ximo Puig. Gabriela Bravo nunca ha militado en el PSPV, pese a haber sido una de las principales estrategas de la peor campaña que se recuerda de los socialistas valencianos.

El reto migratorio

El asalto de Ceuta demuestra que las tácticas de la monarquía absoluta alauí debilitan todavía más la posición de Sánchez en una materia esencial para el debate español. Da igual quién gobierne o cuál sea el motivo de la fricción —Argelia, Israel, Trump o la final del Mundial de 2030—. Después de que Vox haya situado en el centro de la agenda la llamada prioridad nacional, que no es más que una metáfora contra la inmigración magrebí, quienes deberían estar preocupados son los populares. A Marruecos le da lo mismo Franco, al que ya le organizaron la Marcha Verde, que Sánchez y, por supuesto, Núñez Feijóo si llega a la Moncloa. Las fisuras en la política exterior sobre un asunto tan delicado como la crisis migratoria dejan a la intemperie toda la diplomacia y unas relaciones económicas reforzadas durante años. Solo un dato: la Comunitat Valenciana registró en 2025 un superávit comercial con Marruecos de 294,7 millones de euros. Y la presencia de las empresas valencianas al otro lado del Estrecho crece cada mes.

El principal problema, sin embargo, es el flujo de jóvenes marroquíes que hemos visto estos días en las imágenes de Ceuta. La extrema derecha española retuerce esa realidad y la asocia directamente con la delincuencia. Mientras tanto, una izquierda desbordada precisamente por esos bulos ha sido incapaz de articular un discurso propio sobre la seguridad ciudadana, uno de los pilares básicos de cualquier sociedad democrática.

Desprotección provincial

Para cerrar el círculo, ahí está la Diputación de València, que ha nombrado responsable de Protección de Datos a un condenado por revelación de secretos. Queda demostrado el nivel de confianza de Vicent Mompó —y, de rebote, de Ens Uneix— por unas competencias tan sensibles como las de Transparencia, Inteligencia Artificial y Protección de Datos al dejarlas en manos de una persona condenada a un año y ocho meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras acceder sin consentimiento a los correos electrónicos de su entonces pareja. En la corporación aseguran que se trata de un asunto familiar y se quedan tan panchos. Como si la mujer de Llorca, el sobrino político de Puig, la mujer de Sánchez o el novio de Ayuso no formaran parte también de esa frontera cada vez más difusa entre lo familiar y lo político.

Lo que parece mentira es que alguien del PP les haya metido ese gol por toda la escuadra a Jorge Rodríguez y Ricard Gallego, después de todo lo que han pasado.

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