La ministra que regula el orgasmo por decreto

El 22 de julio de 2026 el Consejo de Ministros aprobó, dentro del Real Decreto que regula la relación laboral de artistas, una obligación nueva: “las empresas tendrán que designar una persona coordinadora de intimidad en escenas íntimas”. Si participan menores de edad, esa figura velará de forma reforzada por su protección. La ministra competente en la materia, Yolanda Díaz, lo presentó como parte de un paquete para adaptar la normativa franquista de espectáculo públicobal siglo XXI y luchar contra el acoso en el sector cultural, citando casos como “El último tango en París”.

La idea es la misma que en Hollywood. En los EEUU, los “intimacy coordinators” surgieron en 2017-2018 impulsados por HBO y el sindicato SAG-AFTRA tras el MeToo. No se trata de una ley, sino más bien de “estándares de la industria más negociación colectiva”; se trata de alguien que media para que las escenas íntimas sean seguras y consentidas. La gran diferencia es que EEUU lo hizo vía autorregulación de la industria y aquí será obligatorio por ley laboral para todo el sector cultural, con sanciones si no se cumple. España además lo extiende expresamente a menores y a contratos en precario típicos de la industria cultural.

Pero la cuestión no es esa -que también lo es-, sino sí es verdad lo dicho en la presentación del Real Decreto por Yolanda Diaz: aparcar la normativa franquista de espectáculos públicos adaptándola al siglo XXI. O lo que es lo mismo: sí la nueva figura no es una adaptación del “censor franquista” a nuestro tiempo mediante un “mirón del gobierno”, con o sin sotana.

Por aquí ya conocemos esa vieja costumbre de envolver el control en palabras amables. Primero fue la moral nacionalcatólica, que vigilaba besos, escotes y rodillas como si el país fuera un internado perpetuo; ahora la propuesta de Yolanda Díaz de llevar al Consejo de Ministros la figura del mediador en escenas íntimas corre el riesgo de sonar como la versión más pulida y presentable de aquel mismo impulso: entrar en lo privado para decidir, supervisar o validar lo que ocurre en nombre de una supuesta “moral pública”

La idea, presentada como una medida de protección laboral, consiste en introducir una figura especializada que participe en las escenas sexuales o íntimas de rodaje para garantizar que haya consentimiento, límites claros y un entorno seguro. En teoría, suena razonable. Nadie sensato discutiría la necesidad de evitar abusos, presiones o incomodidades reales en un Set, especialmente sí intervienen menores. El problema aparece cuando esa protección se formula desde arriba, con vocación de norma, y deja de ser una herramienta al servicio del rodaje para convertirse en una presencia institucional que vigila la representación del deseo como si fuera una materia sospechosa.

Ahí está el meollo de la crítica: no tanto en la existencia de la figura, sino en el significado político de elevarla a propuesta gubernamental. Porque una cosa es que la industria adopte protocolos profesionales para cuidar a los intérpretes, y otra muy distinta que el poder público se sitúe en la frontera de la intimidad ficticia como si necesitara autorizarla. En el mejor de los casos, eso revela paternalismo; en el peor, una concepción bastante inquietante de la libertad creativa, donde lo íntimo deja de ser un espacio de exploración artística para convertirse en un terreno tutelado.

Yolanda Díaz puede presentar la medida como un avance civilizatorio, pero el tono importa tanto como el contenido. Cuando una institución empieza a decirnos cómo debe gestionarse la simulación del deseo, el debate ya no es solo laboral: es cultural y simbólico. Porque lo que se instala no es simplemente un protocolo, sino la idea de que el arte necesita una mirada externa legitimada para poder existir sin desconfianza. Y esa idea, aunque venga vestida de progreso, tiene un aire antiguo imposible de disimular.

La comparación con el franquismo no es caprichosa si se entiende en términos de lógica, no de equivalencia literal. Entonces la censura operaba con tijera, sacralidad y miedo; hoy la intervención llega con vocabulario técnico, tono protector y sensibilidad social. Pero en ambos casos late la misma tentación: domesticar lo que incomoda. Antes se recortaban besos porque ofendían la moral; ahora se encuadra la intimidad porque se presume que necesita tutela; antes se prohibía cierta métrica de la falda; ahora, sí el ritmo del orgasmo fingido se ajusta al protocolo gubernamental. Cambian las palabras, no la desconfianza de fondo.

Por eso la propuesta genera cierto estupor en determinados sectores: porque no solo promete cuidado, también normaliza una forma de supervisión que puede crecer mucho más allá de su intención inicial. Hoy se aplica a escenas íntimas; mañana puede extenderse al tamaño de la cama, a filtros de contenido o a una cultura de autocensura donde el creador aprenda a anticiparse al vigilante. Hoy se controla la imagen a proyectar; mañana, lo que desde el poder se quiere que el espectador vea. Y cuando eso ocurre, la libertad ya no se prohíbe: se disciplina. Y estoy convencido que García Berlanga se sorprendería.