Opinión
Cuando la zorra guarda las gallinas

Aumentan las denuncias por violencia de género en la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV
En mi pueblo del interior de Castellón, donde el castellano se mezcla con el valenciano y adquiere tintes aragoneses en ese habla tan nuestra que conocemos como churro, existe un refrán que resume con una precisión extraordinaria determinadas situaciones destartaladas e incoherentes: "poner a la zorra a guardar las gallinas".
No hace falta explicar su significado. Nadie elegiría a quien representa el mayor peligro para proteger aquello que precisamente amenaza. La zorra no cuida a las gallinas; se las come.
Eso es exactamente lo que simboliza la decisión de situar bajo una consejería dirigida por Vox las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de Andalucía, un servicio esencial para la atención especializada a las víctimas dentro del sistema judicial. Porque no estamos hablando de un partido que discrepe sobre la mejor forma de combatir la violencia machista. Estamos hablando de un partido que lleva años negando el propio concepto de violencia de género y reclamando la derogación de la Ley Orgánica 1/2004.
No es una discrepancia política baladí, es la negación del fundamento sobre el que se construyó el principal instrumento jurídico de protección de las mujeres frente a la violencia machista.
La Ley Orgánica 1/2004 fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Aquella unanimidad representó un compromiso histórico del Estado con las mujeres víctimas de una violencia específica. Una unanimidad que hoy sería imposible precisamente porque quienes niegan esa realidad ocupan ya responsabilidades institucionales.
El preámbulo de aquella ley expresa claramente que "la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión."
Este texto que reproduzco en este artículo no es una opinión, ni un eslogan. Es una Ley del Estado español que regula y desarrolla aspectos que afectan directamente a derechos fundamentales y libertades públicas, materias que, según el artículo 81 de la Constitución Española, solo pueden ser reguladas mediante ley orgánica.
Resulta estremecedor que quienes han construido buena parte de su discurso político negando precisamente esa realidad pasan ahora a dirigir políticamente una parte fundamental de los recursos destinados a atender a las víctimas. A mi juicio, esa decisión constituye una enorme crueldad institucional, porque obliga a miles de mujeres andaluzas a contemplar cómo una parte de su sistema de protección queda vinculada a quienes han negado durante años la naturaleza de la violencia que ellas padecen. Es difícil imaginar un mensaje más devastador.
¿Qué debe sentir una mujer que está siendo maltratada cuando observa que quienes nunca creyeron en la especificidad de su sufrimiento pasan a asumir responsabilidades sobre servicios destinados precisamente a atender ese sufrimiento?
¿Qué debe pensar una mujer que todavía no se atreve a denunciar?
¿Qué confianza puede inspirarle una institución cuando quienes la representan han repetido una y otra vez que "la violencia no tiene género" y que la ley que la protege debería desaparecer? A mi juicio, la respuesta solo puede ser una: desazón. Una profunda sensación de abandono.
La impresión de que el Estado, que durante más de veinte años había construido un sistema específico de protección frente a una violencia reconocida por la ley, decide ahora entregar una parte de ese sistema a quienes nunca han creído en sus fundamentos.
Decimos desde el activismo feminista que el machismo mata, que el negacionismo mata. Ahora tendremos que decir también que el cinismo mata. Porque poner a los ultras que defienden a los maltratadores en la máxima responsabilidad de proteger a las mujeres no es únicamente una decisión administrativa, es una decisión política adoptada mientras la realidad continúa golpeando con la fuerza de los datos. Desde 2003, 1.372 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Solo en 2026, 31 mujeres han perdido la vida por esta causa, aunque es probable que cuando se publique este artículo esa cifra de crímenes machistas se haya incrementado. Tres menores han sido asesinados en contextos de violencia vicaria, y miles de criaturas continúan creciendo marcados por una violencia que no entiende de campañas electorales ni de estrategias parlamentarias.
Frente a esa realidad, el negacionismo no es una opinión. Tiene consecuencias, porque cuando se niega la naturaleza de un problema, inevitablemente se debilita la voluntad de combatirlo con todas las herramientas necesarias.
Es especialmente grave que acuerdos destinados a garantizar una mayoría política puedan alcanzarse a costa de generar incertidumbre precisamente entre quienes más necesitan confiar en las instituciones.
Las mayorías parlamentarias son legítimas. Pero no todo lo que es políticamente posible resulta éticamente aceptable. Y la protección de las mujeres frente a la violencia machista no debería convertirse jamás en una moneda de cambio, ni en un peaje para alcanzar el poder, ni en un espacio donde el negacionismo encuentre acomodo institucional.
Porque una democracia se debilita cuando entrega responsabilidades sensibles a quienes cuestionan el problema que esas responsabilidades pretenden combatir. Y el Estado de Derecho no consiste únicamente en invocar la Constitución, consiste en respetar el espíritu de las leyes democráticamente aprobadas y en proteger los derechos que esas leyes reconocen.
Cuando una sociedad normaliza que quienes niegan la mayor violencia que asola nuestra sociedad puedan asumir responsabilidades sobre parte de su sistema de atención, deja de ser un debate político para convertirse en una tragedia para la democracia.
Y entonces el viejo refrán de mi pueblo deja de ser una simple expresión popular y se convierte en una fatal advertencia. Porque todos y todas sabemos qué ocurre cuando se pone a la zorra a guardar las gallinas.
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