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Opinión | Desde que amanece

Íñigo Roy

Íñigo Roy

Subdirector

La escuela no necesita comisarios

España tiene un historial negro sobre lo que ocurre cuando el poder pretende purgar o auditar el pensamiento en las escuelas. Esas etapas de control de la conciencia jamás acabaron bien.

Interior de una aula

Interior de una aula / L-EMV

El intento de instrumentalizar las aulas es un impulso recurrente del poder político, pero no por conocido resulta menos peligroso. La reciente reforma introducida por PP y Vox a través de la Ley de Acompañamiento —diseñada para atribuir a la Inspección Educativa una supuesta labor de vigilancia sobre la «neutralidad» y el «adoctrinamiento»— ha hecho saltar todas las alarmas entre los docentes, especialmente entre sus representantes sindicales, y no es para menos.

Este cambio de criterio introduce ahora un nuevo matiz realmente peligroso, un veneno institucional capaz de corromper el sistema. Bajo la sospecha sobre el profesorado se esconde en realidad un intento de someter al docente al escrutinio ideológico.

Frente a esta maniobra, la firme reacción del cuerpo de inspectores no es una pataleta gremial. Es una lección de madurez de un colectivo, el de Inspectores de Educación, que no está dispuesto a asumir esta función de tutela ideológica. Recuerdan que la neutralidad y la supervisión ya están garantizadas por la Constitución y la LOE, y marcan una línea roja infranqueable: su trabajo es profesional, técnico e independiente, nada que ver con el de una policía política dentro de las aulas al servicio del gobierno de turno.

La independencia de la Inspección Educativa es el verdadero sostén de la libertad de cátedra. Exigir que este cuerpo permanezca ajeno a las consignas partidistas no es neutralidad pasiva: es un acto de resistencia que garantiza la libertad en las aulas. Convertir la inspección en un canal burocrático para la delación o la fiscalización ideológica erosiona la confianza mutua entre docentes e inspectores, sustituyendo la colaboración pedagógica por un clima de desconfianza paralizante.

España tiene un historial negro sobre lo que ocurre cuando el poder pretende purgar o auditar el pensamiento en las escuelas. Esas etapas de control de la conciencia jamás acabaron bien. Acabaron en censura, miedo, atraso educativo y en el empobrecimiento intelectual de generaciones enteras. La educación democrática no se construye silenciando debates ni equiparando la evidencia científica con el negacionismo o la mera opinión bajo la falsa bandera de la neutralidad. Educar no es adoctrinar, pero tampoco es perseguir ideas.

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