Opinión | NOVATERRA, VIAJE A LA DIGNIDAD

Sandra Flórez y Grégory Damman
Socias de Canopia Coop. V. / Espacio de Encuentros Rurales La Surera. Almedíjar
El mundo rural no solo es para veranear

Imagen de archivo de la Sierra de Espadán. / Turisme Comunitat Valenciana
En breve, despediremos a quienes veranean en el medio rural. Y lo haremos con el corazón encogido por el devastador incendio que ha asolado nuestro patrimonio natural. La sierra de Espadán no va a ser la misma después de este suceso y la sociedad, urbana y rural, debe concederle una importancia extrema a cómo se gestiona este medio. En demasiadas ocasiones, y de manera paternalista, las miradas que llegan desde los centros de poder lo hacen desde las ciudades. Durante décadas hemos hablado de despoblación poniendo el foco casi exclusivamente en lo que los pueblos pierden: habitantes, servicios u oportunidades. Sin embargo, existe otra forma de mirar. ¿Y si empezáramos a preguntarnos qué pueden aportar los territorios rurales al conjunto de la sociedad?
Nuestra experiencia desde La Surera, un proyecto cooperativo de dinamización rural ubicado en el pueblo de Almedíjar, plenamente integrado en el Parque Natural de la sierra de Espadán, nos ha permitido comprobar que el mundo rural puede convertirse en un auténtico laboratorio de innovación social. No hablamos únicamente de crear empleo, sino de generar nuevas formas de vivir, emprender y colaborar. Desde hace más de diez años, hemos acompañado a personas que querían desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar su pueblo, y a otras que han elegido el medio rural para empezar de nuevo, emprender y echar raíces. Los pueblos pueden ser espacios de experimentación y transformación social desde los que ensayar respuestas a desafíos profundamente globales.
Porque la crisis climática, la dificultad para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, la soledad o la pérdida de vínculos comunitarios no son problemas exclusivamente rurales. Son desafíos compartidos. Y precisamente por su escala humana, los pueblos ofrecen condiciones privilegiadas para poner en práctica soluciones basadas en la cooperación, la proximidad, la participación y el cuidado. En ese camino, la economía social y solidaria desempeña un papel fundamental. Cooperativas, asociaciones, fundaciones o empresas sociales generan riqueza sin desligarse del territorio, crean empleo arraigado y sitúan a las personas en el centro de las decisiones. Allí donde otros modelos encuentran poco interés económico, la cooperación descubre oportunidades para cuidar, producir, innovar y fortalecer la vida comunitaria.
Pero ningún proyecto transforma un territorio por sí solo. Si algo hemos aprendido es que las verdaderas oportunidades aparecen cuando se conectan iniciativas diversas. Una asociación cultural, una cooperativa agroalimentaria, un ayuntamiento, un grupo de jóvenes, una universidad o una entidad social pueden formar parte del mismo ecosistema. Nos gusta pensar este modelo como un archipiélago: cada proyecto mantiene su identidad, pero todos se fortalecen gracias a los puentes que los unen. En tiempos de fragmentación, construir alianzas es, probablemente, una de las tareas más transformadoras que tenemos por delante.
Ahora bien, también sería ingenuo ignorar las dificultades. Muchas personas que desean quedarse o instalarse en un pueblo encuentran obstáculos que no dependen de su capacidad ni de sus ganas. La normativa y la fiscalidad continúan diseñándose, demasiadas veces, desde una lógica urbana, aplicando las mismas exigencias administrativas a proyectos que cuentan con muchos menos recursos y servicios.
A ello se suman dos retos especialmente urgentes. El primero es la movilidad. En gran parte del medio rural, disponer de un coche sigue siendo prácticamente imprescindible para trabajar, estudiar, acudir al médico o participar en la vida cotidiana. El segundo es el acceso a la vivienda. Resulta paradójico que, mientras hablamos de combatir la despoblación, cada vez sea más difícil encontrar una vivienda asequible donde vivir durante todo el año. Sin transporte público suficiente y sin vivienda accesible, muchas personas jóvenes terminan marchándose y otras tantas ni siquiera pueden plantearse llegar.
Por eso necesitamos políticas públicas adaptadas a la realidad rural, capaces de reconocer que la igualdad no consiste en aplicar las mismas reglas a contextos profundamente distintos. Necesitamos fortalecer las alianzas entre administraciones, entidades sociales, cooperativas, universidades y empresas comprometidas con el territorio. Y necesitamos seguir creando espacios donde las personas puedan experimentar, aprender unas de otras y poner en marcha proyectos con sentido. Hablar hoy de una vida digna en el medio rural no es hablar de nostalgia. Es hablar de futuro. De la posibilidad de reequilibrar el territorio, de fortalecer comunidades más resilientes y de demostrar que otra forma de hacer economía, cultura y ciudadanía ya está en marcha. La despoblación no se combate llevando actividad a los pueblos. Se combate devolviendo a los pueblos la capacidad de generar oportunidades por sí mismos. Porque cuando un pueblo genera oportunidades para vivir con dignidad durante todo el año, no solo gana ese pueblo. Gana toda la sociedad.
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