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Opinión

Cuando se pierde el sentido de la realidad

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC

Se suele decir que los gobernantes no deben permitirse hacer el ridículo, y decimos nosotros que es más grave perder el sentido de la realidad. Lamentablemente este grave síndrome aqueja a gran parte de los políticos españoles.

Un ejemplo de dicho síndrome se repite semana tras semana con motivo de las comparecencias de los miembros del Gobierno en el Congreso Diputados, en donde de acuerdo con la Constitución debe someterse al control de los grupos parlamentarios. El Gobierno desde hace años ha mutado el sentido de sus comparecencias que ha convertido en sesiones de control de los líderes de los grupos parlamentarios de la oposición. Los que seguimos estas sesiones no damos crédito a lo que vemos y oímos. El presidente del Gobierno y sus ministros nunca contestan las preguntas que les hacen los diputados de la oposición. Una y otra vez convierten sus intervenciones en una sucesión de elogios a sus políticas y críticas a la oposición. Y los grupos parlamentarios de la oposición, por su parte, utilizan las comparecencias para enmendar la totalidad de lo que hace Gobierno, sin reconocer el menor acierto en las políticas gubernamentales.

El presidente del Gobierno tiene la virtud de no perder la compostura en ninguno de los debates y comparecencias en que le hayamos visto y oído, y en esto supera a todos los diputados de la oposición. Pero sus discursos producen asombro por estar lejos de la realidad. Por ejemplo, su discurso de balance del curso político, pronunciado el 28 de julio de 2026, no contuvo ni reflexión ni autocrítica alguna. Como acostumbra hizo referencia tan solo a los datos económicos que le son favorables.

Pedro Sánchez no hizo, nunca lo hace en sus discursos, referencia a los datos negativos que son muchos: una deuda pública que supera los 1,7 billones de euros, es decir más del 100% del PIB, que supone el pago de intereses por valor de 23.210 millones de euros anuales, déficit público que se prevé alcance el 3.5 % del PIB, pese a la inyección del fondo next generation; un desempleo (10,1 %) que casi duplica la media europea (5.9 %) y que casi triplica el desempleo en Alemania (3.9%); una inflación que apunta al 3.8 %, superando en 9 décimas la inflación media de la Unión que está en el 2.9 %; el desempleo juvenil más alto de Europa; dejación de responsabilidades en la construcción de viviendas, que se ha convertido en el primer problema que preocupa a los ciudadanos; deterioro de los servicios públicos educativos y sanitarios y el incremento de la pobreza, según organizaciones como Caritas. Y como guinda del pastel, la industrialización con fondos europeos que, lejos de perseguir un cierto grado de autonomía industrial, nos convierten en colonia de empresas chinas o de otras potencias europeas.

Si Pedro Sánchez en los temas económicos no cuenta la verdad, en los temas políticos sucede algo más grave, se advierte una desconexión con la realidad que es preocupante. Yendo a lo más reciente, Ceuta fue invadida por unos 80.000 marroquís el 30 de julio de 2026. Los españoles pudimos ver esta invasión en tiempo real a través de las televisiones públicas y privadas. Miles de inmigrantes, la mayoría jóvenes, entraban en territorio español sin la menor resistencia ni oposición de las policías marroquís y españolas. Unos entraron nadando y otros por las puertas de entrada a España, generando el caos en una ciudad con poco más de 82.000 habitantes. Pues bien, el 31 de julio Pedro Sánchez visitó Ceuta durante 150 minutos y pronunció un discurso que estuvo dedicado a hacer autoalabanza de su política migratoria y a echarle la culpa y responsabilidad de la invasión a las mafias y a una sentencia del Tribunal Supremo. No solo no hizo mención al Gobierno marroquí, responsable de la invasión por acción u omisión, sino que alabó su cooperación. En esta misma línea se pronunció el ministro del Interior. Y para colmo el ministro de Asuntos Exteriores en vez de convocar a la embajadora de Marruecos convocó al embajador de Italia. El Gobierno aseguró, cuando la ciudad seguía invadida, que se había alcanzado la normalidad gracias a la colaboración del Gobierno de Marruecos. Y como guinda del pastel cesó a una funcionaria española por publicar que unas 40.000 personas habían ocupado Ceuta. Más tarde el ministro del Interior reconoció que los invasores fueron más de 70.000.

Pedro Sánchez y sus ministros pretendieron ocultar la realidad decretando que Ceuta había recobrado la normalidad, gracias a la colaboración de Marruecos, cuando por el contrario miles de marroquís y subsaharianos ocupaban la ciudad y la inmensa mayoría de los españoles sabían que el Gobierno de Marruecos es el responsable de la invasión por activa o pasiva. Nada se mueve en Marruecos y menos en temas de esta trascendencia sin la autoría o la autorización de su Gobierno, especialista en utilizar a la población civil para causas políticas. Ocurrió en 1975 con la que denominaron “marcha verde” sobre el Sahara español, lo volvieron hacer en 2021 y 2022, y lo han hecho otra vez en 2026.

Los ocupantes de Ceuta se retiraron a Marruecos cuando recibieron la orden del Gobierno marroquí, una vez habían comprobado que el Gobierno español no es capaz de proteger sus fronteras, que son fronteras de la Unión Europea. Y dos semanas después de la ocupación la normalidad que propaga el relato gubernamental no ha llegado, unos 8.000 ocupantes siguen en Ceuta, entre ellos alrededor de 2.000 niños, que vagan por las calles de Ceuta. El Gobierno español único competente en la protección de las fronteras, en extranjería, en educación y sanidad, entre otras competencias, no ha asumido sus responsabilidades en Ceuta. La ciudad, sus ciudadanos y los ocupantes han sido abandonados a su suerte.

El Gobierno, a la cabeza Pedro Sánchez, está de vacaciones desde el 31 de julio. Algunos de sus ministros han rechazado cumplir su obligación constitucional de comparecer en el Senado, alegando que comparecerán en el Congreso a finales de agosto cuando finalicen sus vacaciones, una excusa contraria a la Constitución. Y entre ellos el ministro del Interior, que ha rechazado acudir al Senado el mismo día en que sí tuvo tiempo para ir al Observatorio Astronómico de Yebes a ver el eclipse, junto con otros ministros y cerca de 500 invitados.

Pero sea cual sea el relato que el Gobierno quiere imponer, en una sociedad democrática la ocultación de la realidad suele tener un recorrido muy corto.

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