El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana de 2009, que permite la modalidad de caza del «parany». La presentación del recurso produce un efecto inmediato: la normativa del Gobierno de Camps queda suspendida desde la fecha de interposición del recurso, es decir desde el pasado 26 de enero.
La providencia del Alto Tribunal da por «invocado por el presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado».
La incoación del recurso se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Además, la demanda y los recursos presentados se trasladarán al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de la Generalitat y a las Corts, a través de sus respectivos presidentes, con el fin de que «en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes».
El «parany» es una modalidad de captura que consiste en la colocación en la parte superior de los árboles de unas varillas impregnadas con una sustancia adhesiva, conocida como «liga», que actúa como trampa para los pájaros. Días atrás, el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguró que el «parany está en manos de Rodríguez Zapatero, que es quien debe firmar personalmente el recurso ante el Tribunal Constitucional».
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de enero un acuerdo por el que se solicitaba al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana de 2009, que modificaba en varios artículos a la anterior normativa de 2004 sobre la materia y que permitía la modalidad del «parany». En concreto, se decidió impugnar, de acuerdo con el Consejo de Estado, el último párrafo del artículo 10 de la Ley de 2004, que fue modificado por la normativa de 2009.
Vulneración de competencias
El Ejecutivo consideraba que esta ley autonómica vulneraba las competencias básicas que ostenta el Estado en materia de medio ambiente –en concreto, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incorpora al ordenamiento español lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre conservación de las aves silvestres y determina que no se puede incluir la utilización de métodos prohibidos en la Unión Europea–. De esta manera, para el Gobierno de Madrid el «parany» es ilegal.
El Gobierno valenciano lamentó que el Ejecutivo central «volviera a atacarle» con la Ley de Caza de 2009, e hiciera «oídos sordos» a su trabajo para proteger esta tradición castellonense.
Por su parte, la Asociación de Paranyers de la Comunitat Valenciana (Apaval) entregó el 29 de enero una carta al presidente del Gobierno en la que le solicitaba que reconsiderase el acuerdo del Consejo de Ministros de someter a su decisión la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. El presidente de Apaval, Pasqual Batalla, indicó que la intención del escrito era demostrar «con estudios científicos y argumentos» que la caza con «parany» es «selectiva y no masiva», por lo que no atenta contra el entorno. Con el calendario en la mano, la carta llegó demasiado tarde a su destino.
Por su parte, el eurodiputado de Esquerra Unida Willy Meyer se ha dirigido a la Comisión Europea para denunciar ante los parlamentarios europeos la caza con «parany» legalizada por las Cortes Valencianas pese a vulnerar la directiva comunitaria sobre conservación de las aves silvestres. El eurodiputado recuerda que se trata de un método no selectivo de caza que acaba también con insectívoros y rapaces nocturnas protegidas por la ley.
Además, el portavoz de Iniciativa en Castelló, Carles Mulet, invitó ayer al PSPV-PSOE a que reflexione tras el «gran ridículo que ha hecho» por mantener dos discursos diferentes, en Madrid y Castelló, sobre el «parany».
