La apelación a los símbolos nacionales es una herramienta muy socorrida en campaña electoral y cuando acechan los problemas. El último ejemplo lo dio el propio presidente Camps cuando, acosado por la oposición ante el escándalo Gürtel, se «envolvió» simbólicamente en la senyera para salir del paso en las Corts. Con la lengua propia suele ocurrir lo mismo: una defensa más nominal que efectiva. Así lo demuestra la gestión presupuestaria de la Generalitat. En junio pasado el Consell aplicó un «tijeretazo» del 38,7% a las ayudas al valenciano respecto a 2009, como contó Levante-EMV. Pero también se observa en la vida cotidiana, en su uso social en los distintos niveles de la administración.
El Síndic de Gregues reprendió hace unos días al Consell por no contestarle en valenciano, precisamente, cuando le pedía explicaciones, en lengua propia, ante la queja de una ciudadana sobre el uso predominante del castellano en la página web de la Generalitat.
La situación no es nueva. Ni ahora ni en los últimos diez años. El informe anual de la Sindicatura de Greuges dedica un apartado considerable a analizar cada año los problemas de cientos de personas para relacionarse en la lengua de Ausiàs March con la administración, vulnerando la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià.
El número de quejas ha descendido en la última década. En 1999, el 18% (286) de las 1.606 recibidas por el Síndic se referían al uso del valenciano, sólo por detrás de materias como el urbanismo o la enseñanza. En el último informe (2009) las 74 quejas emitidas apenas suponen el 2% de las 3.647 formuladas, y quedan muy lejos de los actuales asuntos estrella, como la dependencia. Sin embargo, los problemas reseñados siguen siendo los mismos, y algunos, fruto de la implantación de las nuevas tecnologías, han surgido en los últimos años.
INTERNET
La exclusión del valenciano en la red, tanto en la administración autonómica como local, parece el principal motivo de las quejas hoy por hoy. Tras varias denuncias sobre la omisión del valenciano en diversas conselleries, museos (Museu de Belles Arts), empresas públicas (IVEX) y hasta universidades (Alicante) la institución denuncia la discriminación y recuerda el obligado cumplimiento del régimen de cooficialidad, también en la web.
ROTULACIÓN DE SERVICIOS
La exclusión del valenciano en la rotulación de centros de salud o la falta de homogeneidad en los topónimos en servicios de transporte publico como el TRAM de Alicante (2007) han sido objeto de expediente por parte del Síndic los últimos años. Con todo, en este aspecto la administración local es una infractora más habitual que la autonómica.
ATENCIÓN EN VERANO
«Las empresas de carácter público deben garantizar que sus trabajadores con relación directa con el público tengan el conocimiento suficiente del valenciano para atender con normalidad el servicio que tienen encomendado.» El artículo 16 de la Llei d´ús, mejor dicho, su incumplimiento, es un clásico de los informes anuales. Situaciones que se han dado en ámbitos tan dispares como comisarías o centros de salud.
LÍNEA ESCOLAR EN VALENCIANO
Pese al decenso de las quejas, algunas entidades han capitalizado la iniciativa. Es el caso de Escola Valenciana, que presentó una queja en nombre de los casi 80.000 —de los 138.000 alumnos— que cursan la Primaria en valenciano que se verán obligados a pasarse al castellano en Secundaria porque en su instituto no ofrecen línea o no hay plazas suficientes. La sindicatura ha admitido la queja e informó a la conselleria de la apertura de una investigación.
La crisis castiga
a la lengua propia
Durante el mes de junio la Conselleria de Educación aplicó recortes a seis subvenciones al valenciano. En total, 340.000 euros de «tijeretazo», un 38,7% respecto a 2009. Se trata de programas de fomento o promoción de la lengua propia en el ámbito del teatro, destinadas a la ayuda a la rotulación de comercios en valenciano o subvenciones para la traducción de obras literarias. También está saliendo mal parado el valenciano en el ámbito audiovisual a consecuencia de la crisis. El doblaje al valenciano vio reducidas sus ayudas de los 4,1 millones de 2009 a los 1,5 para este año.
